Los expertos calculan que Euskadi no está pagando su parte del déficit de las pensiones

Cuando las cotizaciones sociales dejaron de ser suficientes para financiar el gasto en pensiones y se agotó la hucha, el Estado tuvo que salir al auxilio para garantizar los pagos. Desde el año 2019, los Presupuestos Generales del Estado incluyen una transferencia para cubrir una parte de este déficit, en lo que el Ejecutivo denominó “los gastos impropios”. Esto significa que los contribuyentes pagan una parte del déficit de la Seguridad Social con sus impuestos. Pero no todos lo hacen.

Los expertos calculan que el País Vasco y Navarra no están contribuyendo a soportar este déficit de las pensiones. El motivo es que el cupo vasco y la aportación navarra no han subido lo suficiente como para incorporar la parte que les correspondería abonar. Dicho de otra forma: el País Vasco paga muy poco al Estado como para que los cálculos incluyan el déficit de la Seguridad Social.

Así lo calcula el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Olavide e investigador de Fedea Diego Martínez López. Según los cálculos de Fedea, el Estado está transfiriendo unos 27.000 millones de euros para financiar las pensiones contributivas, un gasto en el que deberían participar las dos comunidades forales. Sin embargo, el pago que realiza el País Vasco está siendo muy similar al que hacía antes de que el Estado empezase a financiar el déficit contributivo.

La última actualización del concierto vasco, del año 2022, contempla una aportación del País Vasco al Estado de 1.467 millones de euros (sujeta a posterior liquidación). Sin embargo, si la comunidad incluyese su parte correspondiente del déficit de las pensiones, tendría que incorporar cerca de 1.700 millones de euros adicionales. Esto es, duplicar su contribución actual.

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Estos 1.700 millones de euros se obtienen de la aplicación del porcentaje de gastos estatales que tiene que soportar el País Vasco, y que está fijado en el 6,24%. Esto es, el 6,24% de los 27.000 millones que gasta el Estado en pagar pensiones contributivas.

El cálculo del cupo debería haber aumentado de forma muy significativa si se hubiesen incorporado estas transferencias a la Seguridad Social. Pero no lo ha hecho, lo que hace sospechar a los investigadores que Euskadi no está pagando la parte que le correspondería.

"Aunque posteriormente se hará una liquidación del cupo, me extraña que se sumen más de 1.500 millones de euros de golpe", explicó Martínez López en un evento sobre financiación autonómica organizado por Fedea y el Consejo de Economistas. “Esto hace pensar que ni en estos momentos, ni antes, se está incorporando este pago al cálculo del cupo”, lamenta el catedrático.

"Les tocaría abonar un 6,24% de las transferencias del Estado, pero nadie sabe si se está haciendo o no"

En la misma línea se pronunció Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea. "Les tocaría abonar un 6,24% de las transferencias del Estado, pero nadie sabe si se está haciendo o no". El problema vuelve a ser la opacidad de los cálculos del cupo vasco, lamentan ambos expertos. Esta opacidad permite que los distintos gobiernos estatales hayan podido ‘comprar’ el apoyo del PNV a nivel nacional sin tener que dar explicaciones sobre las relaciones financieras entre Euskadi y el Estado.

Lo que está claro es que la magnitud de esta transferencia es tan grande que no se puede ocultar. Por ejemplo, la incorporación del Ingreso Mínimo Vital al cupo implica que el País Vasco recibirá cada año cerca de 190 millones de euros del Estado. Esta cifra sí podría camuflarse, pero el Gobierno la hizo pública para informar sobre la transferencia de esta competencia a Euskadi. Sin embargo, el IMV apenas supone un crédito presupuestario de 3.000 millones de euros, muy lejos de los 27.000 millones de la aportación a las pensiones.

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Si esto fuese cierto, significaría que los contribuyentes del resto de España estarían financiando el déficit de las pensiones del País Vasco. Y esta es una de las comunidades con mayor déficit, ya que es la que tiene la pensión media más alta del país.

Martínez López también duda de la contribución que está haciendo Navarra a financiar las pensiones. Su cuota de participación es del 1,6%, lo que supondría una transferencia anual al Estado de algo más de 430 millones. Si se tiene en cuenta que anualmente Navarra abona 770 millones de euros al Estado, significa que la mitad de su aportación sería consecuencia del déficit de las pensiones. Una cifra que no es tan relevante como la de Euskadi, pero también muy relevante.

La reforma imposible

Todo apunta a que los dos sistemas forales han vuelto a salir favorecidos sin que haya trascendido a la opinión pública. Esto complica aún más la futura reforma del sistema de financiación autonómica del régimen común, porque las regiones ricas siempre se sentirán injustamente tratadas en comparación con el País Vasco y Navarra.

"Mientras tengamos dos sistemas de financiación con resultados tan dispares, el sistema común difícilmente será un sistema estable", advirtió el director del Instituto de Economía de Barcelona, José María Durán, durante el acto. "En cada reforma habrá algún territorio que diga yo quiero los beneficios forales, porque es excepcionalmente favorable", lamentó.

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Por este motivo, propuso que la futura reforma del sistema de financiación incluya también un aumento de la aportación de los regímenes forales a la solidaridad territorial. "Si no adaptamos el resultado del foral, difícilmente conseguiremos un sistema común que sea estable", advirtió Durán. Esta aportación debería ser paulatina, con amplios periodos transitorios para permitir a las dos comunidades adaptar sus presupuestos a la pérdida de sus privilegios actuales.

Pero lo que es difícilmente sostenible es la existencia de dos comunidades ricas con una financiación por habitante tan superior a las demás. Esto generará, de forma permanente, la queja de Cataluña en su deseo por alcanzar los beneficios que tienen las comunidades forales. En un futuro, las protestas podrían extenderse a Baleares o a Madrid, las otras dos regiones que son contribuyentes netas a la solidaridad territorial.