El Gobierno aprobará mañana la reforma del subsidio para despejar el cuarto pago de los fondos

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la reforma del subsidio por desempleo firmada entre el Ministerio de Trabajo y CCOO y UGT el pasado 8 de mayo y con la que España da cumplimiento a uno de los hitos asociados al cuarto pago de los fondos europeos, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Gobierno.

Precisamente, este lunes, 20 de mayo, es la fecha en que Bruselas tiene previsto desvelar su evaluación de las reformas e inversiones comprometidas por España para el cuarto desembolso de los fondos (10.000 millones de euros), tras la ampliación de dos meses acordada con el Ejecutivo español el pasado marzo.

La reforma del subsidio por desempleo que aprobará mañana el Consejo de Ministros contempla un aumento por tramos de la cuantía de esta ayuda, actualmente de 480 euros al mes (80% del Iprem), amplía el colectivo de beneficiarios y permitirá compatibilizar con un salario tanto el subsidio como la prestación contributiva de desempleo, entre otras medidas.

La reforma, que entrará en vigor con carácter general en noviembre de este año, incorpora algunas novedades respecto a la que tumbó en enero el Congreso con los votos de PP, Vox y Podemos, como las referidas a la compatibilidad de las ayudas por desempleo con un puesto de trabajo.

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En el caso del subsidio, cuya duración máxima seguirá siendo de 30 meses, la compatibilidad será por un periodo tope de 180 días por cada nuevo empleo a tiempo completo o parcial, sin reducción de la cuantía. En el caso de la prestación contributiva se podrá compatibilizar con un empleo tras un año cobrando prestación y siempre que el salario no supere el 225% del Iprem (1.350 euros al mes con el Iprem actual).

Esta medida, que no estaba recogida en la anterior reforma y que en principio operaría a partir de 2025, persigue evitar que el paro "se enquiste", pues a partir del año es cuando empiezan a existir "grandes problemas de inserción". De este modo, la compatibilidad de la prestación contributiva con un empleo se configura como "una fórmula especial de protección a los parados de larga duración", en palabras del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Este nuevo régimen de compatibilidades irá acompañado del establecimiento de mecanismos de control a través de la firma de un convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Inspección de Trabajo para determinar los supuestos de compatibilidad de prestaciones por desempleo y trabajo por cuenta ajena que deban ser objeto de actuaciones inspectoras, todo ello para evitar el fraude en la obtención y disfrute de las prestaciones.

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La nueva reforma, que se aprobará en forma de real decreto-ley, mantiene la simplificación de los trámites administrativos para acceder al subsidio, con la eliminación del mes de espera para las personas que hayan agotado su prestación contributiva y quieran solicitar el subsidio. Así, la ayuda se podrá cobrar desde el primer día.

Se mantiene además en el 125% del salario mínimo interprofesional (SMI) la base de cotización para los subsidios de mayores de 52 años, frente a la rebaja que introducía la primera reforma y que motivó el rechazo de Podemos a la misma al considerar que se recortaban los importes de la pensión futura. Con esta decisión, se allana el camino para que la reforma reciba el visto bueno en el Parlamento.

Mejoras en la cuantía

La reforma, que no ha sido firmada por CEOE y Cepyme, mejora las cuantías de los subsidios durante los 12 primeros meses de percepción, estableciendo tres tramos: el subsidio será del 95% del Iprem durante los primeros seis meses de cobro (570 euros mensuales con el Iprem actual); del 90% durante los siguientes seis meses (540 euros) y del actual 80% durante el resto de la duración de la prestación (480 euros).

Prohibición del despido por incapacidad

El Gobierno también aprobará este martes la prohibición del despido sobrevenido por incapacidad, según anunció este viernes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Se trata de una reforma normativa demandada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que ha agradecido al departamento que dirige Díaz la "celeridad", el "clima de diálogo" y la "escucha activa" que ha mantenido con el sector, "para que el proyecto de ley vaya en los términos adecuados de respeto a los derechos de los trabajadores con discapacidad".

La reforma permitirá que los trabajadores con incapacidad permanente puedan exigir a sus empresas adaptar su puesto, por lo el único supuesto para la extinción del contrato será la muerte del empleado.