Díaz concede al PNV la prevalencia de los convenios autonómicos con los agentes sociales en contra

El Ministerio de Trabajo ha recuperado este martes el pulso normativo tras un inicio de legislatura muy discreto. A solo dos días del inicio de la campaña de las elecciones europeas, en la que se juega frente a Podemos su hegemonía en el espacio a la izquierda del PSOE, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha comparecido en el Consejo de Ministros para anunciar dos medidas: la reforma del subsidio de desempleo y la prohibición del despido sobrevenido por incapacidad. Además, ha reconocido a preguntas de los periodistas que también se ha aprobado la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos frente a los estatales.

Mientras que la primera reforma ha sido acordada con los sindicatos en el seno del diálogo social —la patronal se salió de la foto—, esta última cuenta con el rechazo tanto de los representantes de los trabajadores como de los empresarios. Es una concesión del Gobierno al PNV, que ya se recogía en el acuerdo con los nacionalistas para investir a Pedro Sánchez como presidente. Entonces, tanto UGT y Comisiones Obreras, por un lado, como la CEOE, por el otro, advirtieron de las consecuencias negativas del cambio, y denunciaron que una modificación del Estatuto de los Trabajadores de semejante calado no se podía llevar a cabo por intereses políticos y de espalda a los agentes sociales.

Este martes, CCOO ha emitido un comunicado en la misma línea: "La modificación del art. 84 del Estatuto de los Trabajadores, que determina la estructura de la negociación colectiva, mediante un RDL sin contar con los agentes sociales, supone una injerencia en las funciones que el artículo 7 de la Constitución Española atribuye a las organizaciones sindicales y empresariales". El sindicato considera que coarta "la autonomía de las partes" y supone "una intromisión" en las funciones de patronal y sindicatos. Fuentes de UGT también censuran la actuación del Gobierno: "Es un asunto que no está ni hablado ni mucho menos negociado con nosotros. Nos parece que un tema de la importancia de la prevalencia de convenios, naturaleza esencial de nuestra actividad, debería de pasar primero por el diálogo social".

Aunque todavía están por ver sus consecuencias prácticas, la prevalencia de los convenios autonómicos otorga a las regiones una mayor capacidad de regulación sobre las relaciones laborales, lo que podría perjudicar uno de los problemas estructurales que lastran la competitividad de la economía española: la unidad de mercado. Además, el cambio dificultará que los diferentes convenios se adapten a la realidad de cada sector, como ocurría actualmente con la prevalencia de los estatales.

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Díaz retoma una modificación —"no cambia nada", ha dicho— que ya estuvo vigente entre diciembre de 2023 y enero de 2024, a través del real decreto-ley que tumbó Podemos en el Congreso. Ahora, tras los cambios en el diseño de la reforma del subsidio del desempleo para asegurarse el apoyo de los morados, la prevalencia de los convenios colectivos también se incluirá en el nuevo texto. El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha "celebrado" el acuerdo: "Esta reivindicación histórica permitirá mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores vascos, y también de las personas trabajadoras del resto del Estado".

La reforma legislativa establece una serie de requisitos para la prevalencia, según recoge Europa Press. Esta solo se aplicará si los convenios regionales mejoran a los nacionales. "En el ámbito de una comunidad autónoma, los sindicatos y las asociaciones empresariales que reúnan los requisitos de legitimación (...) podrán negociar convenios colectivos y acuerdos interprofesionales de comunidad autónoma que tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal, siempre que dichos convenios y acuerdos obtengan el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación y su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales", señala el real decreto-ley.

En ese sentido, Díaz ha quitado hierro a la modificación y asegura que mantiene el espíritu de la reforma laboral: "La negociación con los grupos nacionalistas fue larga para que entendiesen que no eran tanto una cuestión de territorialidad como de garantizar la igualdad de los derechos laborales". "Solo se va a aplicar [la prevalencia] siempre que sus formulaciones sean más favorables para el trabajador", ha enfatizado.

Habrá excepciones

Además, el texto contempla que los convenios colectivos provinciales "podrán tener la misma prioridad aplicativa (...) cuando así se prevea en acuerdos interprofesionales de ámbito autonómico (...) y siempre que su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales". Por último, contempla excepciones: "Se considerarán materias no negociables el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica".

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Estos cambios comparten protagonismo en el real decreto-ley con la reforma del subsidio asistencial de desempleo y la prohibición del despido sobrevenido por incapacidad, que son los aspectos que Díaz ha querido vender en la rueda de prensa, consciente de que la prevalencia de los convenios autonómicos es discutida incluso entre los suyos.

Así queda el nuevo subsidio

La reforma del llamado nivel asistencial mantiene las principales líneas del fracasado real decreto-ley de enero, pero con un cambio fundamental para su viabilidad parlamentaria: la sobrecotización del 125% para los mayores de 52 años, que fue el casus belli que utilizó Podemos para tumbar la convalidación de la norma, no sufrirá recortes. El cambio anterior, que preveía reducirla al 100% convencional, habría supuesto una merma para las futuras pensiones de quienes han accedido al subsidio por esa vía.

La ayuda a los parados es una paga no contributiva que reciben aquellos que no tienen derecho a la prestación contributiva o ya la han acabado. Aunque Díaz siempre ha defendido que la inmensa mayoría de los perceptores encuentran un empleo antes de agotarla, el Ministerio de Economía consiguió introducir en el anterior decreto una compatibilidad con el empleo de hasta 180 días, para impedir que los beneficiarios caigan en la llamada trampa de la pobreza. Es decir, que vivan subsidiados en lugar de esforzarse por reincorporarse en el mercado laboral. Ahora, esta posibilidad no solo se mantiene, sino que se extiende a la prestación contributiva para aquellos que lleven un año cobrándola, siempre que su salario mensual no supere los 2.250 euros brutos en 14 pagas.

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La reforma también amplía la cobertura y las cuantías del subsidio. El montante aumentará hasta los 570 euros durante los primeros seis meses, los 540 euros los siguientes seis y los 480 durante 18 meses más, hasta completar la duración máxima de dos años y medio. Este esquema decreciente también tiene como objetivo incentivar la búsqueda de empleo, y se aplicará a los trabajadores procedentes de un contrato a tiempo parcial en las mismas condiciones que a los de tiempo completo, según pactaron los sindicatos con el Gobierno tras las quejas sobre el primer decreto.

La ayuda llegará a nuevos colectivos que antes no tenían derecho a ella, como los menores de 45 años sin cargas familiares y todos los trabajadores eventuales agrarios (unos 200.000 más, mientras que antes solo tenían derecho los de Andalucía y Extremadura). También a los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla. Para solicitarla, no habrá que esperar el mes de rigor tras agotar la prestación contributiva, lo que evitará vacíos de cobertura.

Tras la polémica generada por el anterior decreto, que se ponía en riesgo la protección de algunos colectivos vulnerables, el Ejecutivo ha incluido finalmente a los víctimas de violencia de género y sexual a partir de los 16 años y a los emigrantes retornados. Para quienes agoten la ayuda, se establecerá una pasarela hacia el ingreso mínimo vital (IMV), que gestiona otro ministerio: Seguridad Social. Este departamento ha informado de que se harán "modificaciones técnicas para que ambas prestaciones guarden coherencia entre ellas", aunque habrá que esperar a conocer el texto definitivo para conocer más detalles. De momento, es seguro que los ingresos por el subsidio no se tendrán en cuenta para el cómputo del IMV.

Este primer impulso normativo deja vía libre para abordar los dos grandes objetivos de Trabajo durante la presente legislatura

La reforma del nivel asistencial era una de las condiciones para desbloquear el cuarto pago de los fondos europeos, valorado en 10.000 millones de euros. Según fuentes de la Comisión, la decisión de las autoridades comunitarias se conocerá "en las próximas semanas", tras la prórroga de dos meses solicitada por España, que expiró este lunes.

Fin a una injusticia

La otra gran medida de la que ha presumido Díaz era una antigua reivindicación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), con la que se ha pactado: la prohibición del despido sobrevenido por incapacidad. Esto evitará que la situación de incapacidad sea una causa para la extinción automática de un contrato, como ocurría hasta ahora. La ministra de Trabajo ha explicado que, cuando un trabajador sea declarado en esta situación, podrá elegir voluntariamente si se extingue la relación laboral o se adapta el puesto de trabajo.

Desde CCOO también se han mostrado críticos con este reforma, especialmente por el hecho de no haber sido consultados: "De nuevo se ha ignorado diálogo social y se ha procedido a acordarlo con entidades, que aunque puedan aportar al debate, no son las constitucionalmente legitimadas para abordar estos procesos de negociación. Así se ha roto la normalidad en el desarrollo del diálogo social que ha sido una seña de identidad a la hora de regular las relaciones laborales en los último tiempos". Díaz, sin embargo, ha obviado este hecho en su comparecencia. "Es la primera reforma profunda del despido en España", ha concluido.

Pero se trata solo de un primer paso. Tras seis meses inanes, este primer impulso normativo —que también prevé la posibilidad de acumular las horas retribuidas de ausencia por lactancia sin necesidad de que esté recogida en el convenio colectivo o en un acuerdo con la empresa— deja vía libre para abordar los dos grandes objetivos de Trabajo durante la presente legislatura: la instauración de un despido a la carta, tras el dictamen del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa a favor de la demanda de los sindicatos, y la reducción de la jornada laboral.