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Díaz cambia la ley por la puerta de atrás para meter en el CES a los competidores de la CEOE
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EN PLENO CONFLICTO CON GARAMENDI

Díaz cambia la ley por la puerta de atrás para meter en el CES a los competidores de la CEOE

La ministra de Trabajo cuela en el real decreto-ley del subsidio de desempleo un cambio en la gobernanza del Consejo Económico y Social para dar entrada a las patronales territoriales

Foto: El presidente del CES, Antón Costas, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (EFE/Pablo Martín)
El presidente del CES, Antón Costas, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (EFE/Pablo Martín)
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Quien hace la ley, hace la trampa. Y más si la norma es un real decreto. Como de costumbre, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha colado en el texto que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un aspecto que poco o nada tiene que ver con su motivo original. O, al menos, con el que vendió a los medios de comunicación y a la opinión pública en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y en la referencia del mismo. Además de la reforma del subsidio de desempleo, la eliminación del despido sobrevenido por incapacidad y la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos sobre los sectoriales —a este punto tampoco se le dio demasiada publicidad—, el BOE ha incluido un cambio en la composición del Consejo Económico y Social.

El real decreto-ley ha modificado la ley del máximo órgano consultivo del Gobierno en materia sociolaboral, actualmente presidido por el economista gallego de adopción catalana Antón Costas. La norma, que data de 1991, se ha alterado para dar entrada en el tercio empresarial —el llamado grupo segundo— a las patronales representativas en el ámbito territorial. Podía parecer una cuestión burocrática, pero no lo es: el cambio supondrá la entrada de los competidores de la CEOE en la institución pública. En concreto, se podrían beneficiar la catalana Pimec y la balear Pimeb.

Los consejeros procedentes del ámbito empresarial ocupan 20 asientos en el organismo, de un total de 61: dos decenas más son para los sindicatos (grupo primero), otros tantos para las organizaciones agrarias y pesqueras, de consumidores y de la economía social (grupo tercero) y el último corresponde al presidente. En estos momentos, todos los representantes de la patronal proceden del mismo círculo: el que forman CEOE y Cepyme. Esta última es la voz oficial de las pequeñas y medianas empresas en el diálogo social, y está integrada en la primera desde 1980. La situación contrasta con la del tercio sindical, donde se da cabida a organizaciones de ámbito autonómico, como la CIG (Galicia) y ELA (País Vasco).

Esta anomalía tiene los días contados. La ley del CES ya hacía referencia a la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, que recoge la posibilidad de que también participen patronales representativas en sus territorios: "Se entenderá que gozan de esta capacidad representativa las asociaciones empresariales que cuenten con el diez por ciento o más de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal. Asimismo, podrán también estar representadas las asociaciones empresariales de comunidad autónoma que cuenten en esta con un mínimo del quince por ciento de los empresarios y trabajadores".

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el de Conpymes, José María Torres. (Conpymes)

Sin embargo, el Gobierno nunca ha realizado un recuento, porque no existe un desarrollo legislativo que establezca cómo llevarlo a cabo. Esta situación ha beneficiado a CEOE-Cepyme por la vía de los hechos, y desde entonces han ejercido el monopolio del diálogo social, así en las negociaciones con los sindicatos (bipartitas), como en las que incluyen al Ejecutivo (tripartitas). También ocurre en la mayoría de organismos estatales, una situación que está llamada a cambiar en el CES gracias a este añadido en la ley que lo regula: "En todo caso estarán representadas las organizaciones empresariales que gocen de la condición de más representativas a nivel de comunidad autónoma". Es decir, que más allá de lo que establezca el Estatuto de los Trabajadores, se abre la puerta a la entrada de nuevas patronales en la institución.

Hasta ahora, la condición de más representativa ya la han acreditado la catalana Pimec y la balear Pimeb. Ambas están integradas en la estatal Conpymes y, con base en el 15% establecido por la ley, han sido reconocidas como interlocutores oficiales en sus respectivas autonomías.

Un paso más hacia el reconocimiento

Ahora toca hacerlo a escala nacional, y el Ejecutivo va dando tímidos pasos en medio de una gran tensión con la CEOE, dirigida por Antonio Garamendi, una notable confusión sobre los intereses que defiende cada actor y, sobre todo, una guerra sucia entre la patronal oficial y los outsiders, que han roto todas las vías de diálogo y se acusan mutuamente de corrupción aprovechando diferentes investigaciones y sentencias judiciales.

A falta del reglamento que establezca cómo poner las cartas encima de la mesa, el Gobierno ya ha integrado oficialmente a Pimec en la Comisión Nacional de Convenios Colectivos y ultima la incorporación de una organización empresarial autonómica más representativa en el Consejo Nacional de la Pyme. Dar cabida a alguna de estas patronales en el CES, una institución del Estado, supone un paso más en la normalización que siempre se ha temido en Diego de León, la madrileña sede de CEOE y Cepyme.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el de Conpymes, José María Torres. (Conpymes)

El proceso puede durar más o menos, pero se antoja irreversible. Solo Díaz —y, en general, la coalición de Gobierno— puede manejar los tiempos, que serán más largos para Conpymes que para las territoriales. No hay que olvidar que en el plan normativo del Ministerio de Trabajo para este año ya estaba contemplada una Ley reguladora de la representatividad empresarial en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, como adelantó en su día El Confidencial.

De momento, el Ejecutivo ha tocado unilateralmente la norma que regula la representatividad en el CES, sin contar con la participación del organismo. Si el real decreto-ley es convalidado en el Congreso, el Consejo Económico y Social tendrá tres meses a partir de este miércoles para adaptar su reglamento de funcionamiento, que data de 1993. Después, el Gobierno tendrá otro trimestre para hacer los nombramientos a propuesta de los agraciados. En definitiva: se espera que antes de fin de año los competidores de la CEOE puedan estar sentados en el CES. Todos los detalles, en el BOE.

Pimec lo celebra

En una nota de prensa enviada en la mañana de este miércoles, Pimec ha celebrado la decisión, y da por hecha su inclusión en el Consejo Económico y Social: "Con esta entrada en el máximo espacio de representatividad al que puede acceder Pimec por su condición de organización empresarial más representativa de ámbito autonómico, Pimec consolida su participación en el diálogo social español". 

Su presidente, Antoni Cañete, ha anticipado los siguientes pasos: "Continuaremos trabajando, a través de Conpymes, para garantizar la participación con voz propia de las pymes de ámbito estatal en todos los órganos institucionales para lograr una normalización y democratización de la participación de las organizaciones empresariales".

Quien hace la ley, hace la trampa. Y más si la norma es un real decreto. Como de costumbre, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha colado en el texto que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un aspecto que poco o nada tiene que ver con su motivo original. O, al menos, con el que vendió a los medios de comunicación y a la opinión pública en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y en la referencia del mismo. Además de la reforma del subsidio de desempleo, la eliminación del despido sobrevenido por incapacidad y la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos sobre los sectoriales —a este punto tampoco se le dio demasiada publicidad—, el BOE ha incluido un cambio en la composición del Consejo Económico y Social.

Macroeconomía Yolanda Díaz