Díaz interviene la negociación colectiva al primar los convenios más beneficiosos

A menudo, una ley es más importante por sus excepciones que por sus reglas. Y la reforma del Estatuto de los Trabajadores para otorgar prevalencia a los convenios autonómicos sobre los estatales cumple esa máxima a rajatabla. A la vista del real decreto-ley que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la clave de las modificaciones introducidas por el Ejecutivo para satisfacer una demanda histórica del PNV —y condición sine qua non para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno— se esconden en una oración subordinada: "Siempre que su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras".

Esto quiere decir, como explicó Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, que no todos los convenios colectivos autonómicos prevalecerán sobre los estatales, o al menos no todos sus artículos. Solo ocurrirá esto si los obreros afectados se ven beneficiados. Para Jesús Lahera, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, significa intervenir la negociación colectiva. Los sindicatos, que han puesto el grito en el cielo por no haber sido consultados en el seno del diálogo social, definen la reforma como una "injerencia" que "coarta la autonomía de las partes".

Efectivamente, la patronal y las centrales ya no podrán decidir, a través de los convenios estatales de carácter sectorial, qué aspectos se blindan en toda España y qué otros se dejan al albur de las negociaciones autonómicas y, sobre todo, provinciales, que siguen siendo la escala más común en nuestro país. Por decreto (en concreto, por real decreto-ley), la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reformado el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores para dictaminar que, si existe algún convenio autonómico más favorable que el nacional, el primero es el que manda. En otras palabras: lo que antes era potestad de los agentes sociales ahora viene dado por el BOE.

La reforma supondrá, de facto, que el País Vasco tenga su propio marco de relaciones laborales, como venía demandando el PNV desde el primer momento que sostuvo la coalición gubernamental entre el PSOE y su izquierda (antes Podemos, ahora Sumar). La razón es sencilla: aunque no son demasiado habituales a lo largo del país, en Euskadi sí existe un acuerdo interprofesional, que fue firmado en 2017 entre la patronal Confebask y los sindicatos y abarca todos los sectores. Es ese, y no los diferentes convenios sectoriales en el conjunto del Estado, el que dirá ahora cómo se negocia.

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La propuesta del PNV resultaba todavía más ambiciosa, ya que pretendía que, por defecto, fueran los acuerdos provinciales los que prevaleciesen. Si no quieres atomización, toma dos tazas. Finalmente, esto se deja al albur de los convenios autonómicos, completando el galimatías. "Podrán tener la misma prioridad aplicativa prevista (...) los convenios colectivos provinciales cuando así se prevea en acuerdos interprofesionales de ámbito autonómico (...) siempre que su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales", reza el texto.

Las peculiaridades de la Comunidad Autónoma Vasca, que cuenta con sindicatos propios (ELA, LAB), un mayor peso de la industria, un diálogo social muy fluido desde hace tiempo y una gran relevancia de los territorios históricos (correspondientes con las tres provincias), explica las pretensiones del PNV, que se han acabado plasmando en la legislación para el conjunto de España. Sin embargo, eso no significa que se generalicen a lo largo y ancho de la geografía, por lo que el efecto de la reforma podría ser limitado.

Lahera recuerda que los convenios colectivos autonómicos de carácter intersectorial, como el vasco, no son demasiado comunes en otras latitudes. Esto, unido a la cláusula de la primacía de la legislación más favorable, podría llevar a un incremento de la desigualdad en las condiciones de los trabajadores en los diferentes territorios: aquellos más ricos, que cuentan con convenios autonómicos o provinciales con mejores condiciones, están llamados aumentar su brecha con los más pobres.

La interpretación de las autoridades decidirá cómo se organiza la negociación colectiva

La unidad de mercado sería otra de las víctimas. Se trata de la crítica más común entre los expertos, que recuerdan que dejar la batuta regulatoria a territorios más pequeños abundará en la fragmentación. Esta constituye uno de los puntos débiles de la economía española, causado por la proliferación de regulaciones distintas en los diferentes niveles administrativas, y que todas las instituciones internacionales piden atajar para mejorar la competitividad del país.

Un problema de seguridad jurídica

Además, Lahera apunta a un posible problema de seguridad jurídica: ¿Quién decide cuáles son los aspectos más favorables y cuáles no? En el caso de los salarios, la respuesta es muy clara, pero en otros puede resultar más ambigua. El experto también subraya la importancia de aclarar cómo se va a medir ese punto: si por materias, por bloques de materias... en definitiva, cuál es la extensión de los elementos que se van a comparar entre los diferentes niveles territoriales. En cualquier caso, hay que recordar que, si hay colisión, el convenio de empresa se seguirá imponiendo a los generales en la mayoría de los aspectos, salvo en el salario.

La negociación colectiva mutará, por tanto, hacia un modelo más complejo, donde será la interpretación de las autoridades competentes, y no la única voluntad de los sindicatos y la patronal, la que decida cómo se debe organizar. Esto le resta poder a los agentes sociales, que hasta ahora dirimían de forma centralizada el margen que querían dejar para las negociaciones autonómicas o provinciales.

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Sin embargo, todavía es pronto para dilucidar si el trabajador se verá beneficiado o no por este cambio, más allá de las desigualdades territoriales antes mencionadas. Para evitar que la reforma del Estatuto suponga un paso atrás en los derechos adquiridos, Díaz ha blindado una serie de aspectos: el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica. Ninguno de ellos será negociable.

¿Existen motivos políticos o económicos para la reforma? Lahera apunta a lo primero: "Se trataba de que el acuerdo interprofesional vasco prevaleciera sobre los estatales y eso queda garantizado. Es una medida para descentralizar la negociación colectiva". En un Estado cuasi federal, podría tener sentido, pero la letra pequeña oculta, paradójicamente, más intervención. CEOE, UGT y CCOO se oponen: han perdido el control, y ahora será la ley, y no ellos, la que marcará el camino.