Bruselas avisa a España: hay tareas "pendientes" en la reforma fiscal

El Gobierno está intentando no complicarse la vida con la reforma fiscal comprometida con la Comisión Europea como parte del Plan de Recuperación y Resiliencia y que está vinculada al quinto desembolso de fondos europeos que se espera para la segunda mitad del 2024, y está enviando el mensaje de que ésta estaría hecha con las medidas ya tomadas en el pasado. En la capital comunitaria no tienen previsto poner demasiadas dificultades al Gobierno, pero sí piden algo más de ambición. En el informe específico por país publicado este miércoles por el Ejecutivo comunitario, Bruselas recuerda que algunos elementos de la reforma fiscal comprometida están “todavía pendientes”.

“Las reformas fiscales deben ser una parte central de la estrategia de consolidación fiscal. A este respecto, las reformas incluidas en el plan de recuperación y resistencia, basadas en las recomendaciones de los expertos facilitadas entretanto, tienen por objeto (i) hacer más eficaz y moderno el sistema tributario y adaptarlo a las nuevas tendencias; (ii) apoyar la transición ecológica; y (iii) aumentar los ingresos y promover la equidad”, señala la Comisión Europea en su informe.

Durante las últimas semanas, el Gobierno ha ido deslizando la idea de que la reforma fiscal que exigía la Comisión Europea para desbloquear el quinto pago ya está amortizada con las medidas que tomó el Ejecutivo durante la pasada legislatura. Así lo han dejado caer tanto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el titular de Economía, Carlos Cuerpo. “Estamos trabajando con la Comisión Europea para dar por cumplido el hito de reforma fiscal”, señaló Montero tras el primer Consejo de Ministros de este mes. Posteriormente, Cuerpo aclaró que las negociaciones con Bruselas no son consecutivas, sino que se pueden llevar a cabo en paralelo: aunque el Ejecutivo no solicitó hasta la semana pasada el cuarto pago de los fondos -estaba pendiente la reforma del subsidio de desempleo-, ya trabajaba con los técnicos comunitarios en la validación del quinto, donde la reforma fiscal es el punto crucial, igual que lo fue la de las pensiones en el anterior.

Los supuestos en los que se basaba el plan de recuperación para exigir la subida de impuestos, explicó Cuerpo a preguntas de El Confidencial el pasado miércoles, han cambiado respecto a 2021, cuando fue diseñado. El incremento de la recaudación posterior a la pandemia, que se habría convertido en estructural -más allá de la crisis inflacionista-, justificaría, a ojos del Gobierno, los esfuerzos realizados por España durante estos años, por lo que no sería necesario tomar medidas adicionales.

El incremento de la recaudación posterior a la pandemia justificaría, a ojos del Gobierno, los esfuerzos realizados durante estos años

“Se han tomado medidas ambiciosas que se están viendo reflejadas en la ratio estructural de ingresos respecto al PIB, es un elemento que estamos poniendo sobre la mesa a la hora de evaluar el cumplimiento con la Comisión Europea”, afirmó el ministro de Economía. Montero, por su parte, explicó que todavía existe la posibilidad de “incorporar algún elemento que a ellos [la Comisión Europea] les parezca que puede tener algún interés”.

De las palabras de ambos se deduce que el Ejecutivo descarta una gran reforma fiscal como la que pidieron los expertos designados por la propia Hacienda a tal efecto, y que plasmaron en el famoso Libro Blanco presentado unas semanas después del inicio de la guerra de Ucrania, y al que hace referencia la Comisión Europea al hablar de “las recomendaciones de los expertos”.

Para el Gobierno, el mensaje de Montero y el de la Comisión Europea no resultan contradictorios, ya que Bruselas reconoce que se han aplicado numerosas medidas fiscales en la línea comprometida. Si resultan suficientes o no dependerá, dicen desde Hacienda, de las negociaciones con las autoridades comunitarias. En román paladino: que nadie espere una reforma fiscal que implique una subida sustancial de impuestos para que España converja con la media europea, lo que no significa que no se pueda tomar alguna medida adicional de escaso calado.

Más impuestos medioambientales

En el informe también se subraya que “España tendría margen para recaudar más ingresos fiscales relacionados con el medio ambiente (1,5% del PIB en 2022 frente al 2,0% del agregado de la UE), entre otras cosas, reforzando la aplicación del principio de 'quien contamina paga'". Ese era el principio con el que el Gobierno justificó la medida comprometida con Bruselas del establecimiento de peajes, una iniciativa que se demostró enormemente impopular y de la que el Ejecutivo español acabó dando marcha atrás y que se aceptó por parte de la Comisión durante la negociación de la adenda del Plan de Recuperación. El objetivo de los técnicos es recordar que ese principio sigue siendo válido y que España debería estar ingresando unos 7.300 millones de euros en impuestos medioambientales.

El conflicto bélico se ha convertido en la mejor excusa del Gobierno para ir posponiendo las medidas más impopulares

El conflicto bélico, que agravó una subida de los precios energéticos sin precedentes desde los años 70, se ha convertido en la mejor excusa del Gobierno para ir posponiendo las medidas más impopulares, como la equiparación del impuesto del diésel con el de la gasolina (pese a que ahora el primero vuelve a estar mucho más barato) o el establecimiento de peajes en las autovías estatales, que incluso fue retirado del plan de recuperación a través de la adenda negociada el pasado otoño.

No es el único ámbito en el que la Comisión ve margen para aumentar la recaudación por parte del Estado. Por ejemplo, Bruselas apunta a que algunos de los objetivos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia se podrían cumplir a través del “aumento de los impuestos al consumo mientras se protegen a los individuos más vulnerables con medidas compensatorias bien dirigidas”. “Esto también reforzaría la capacidad de las transferencias sociales para reducir la desigualdad y la pobreza, que siguen en tasas altas y afecta especialmente a los más pequeños”, subraya el Ejecutivo comunitario.

De hecho, la reforma fiscal forma parte de una de las tres principales recomendaciones que ha hecho la Comisión Europea. En concreto, los técnicos comunitarios subrayan que para “garantizar la sostenibilidad fiscal” sería necesario hacerlo “revisando y simplificando el sistema fiscal para apoyar el crecimiento económico y el empleo, la cohesión y la transición ecológica”, además de “mejorando la calidad, eficiencia y equidad del gasto público”.

Celebra la prórroga presupuestaria

La Comisión Europea también ha publicado el informe de supervisión a España posterior al rescate financiero de 2012. En ese documento, que repasa al detalle la situación fiscal de España, la Comisión señala que la prórroga presupuestaria es una ayuda en la contención el gasto público y, por tanto, es una ayuda a la hora de contener el déficit público. En concreto, apunta que “la no aprobación del presupuesto de 2024 y la prórroga del presupuesto de 2023 podría estar jugando un papel positivo en la contención del gasto”.

El Gobierno rechazó la negociación de los PGE de 2024 cuando se adelantaron las elecciones en Cataluña y seguirá con las cuentas prorrogadas hasta el próximo año. Esta situación no impide al Ejecutivo aprobar ampliaciones de créditos, de hecho, lo está haciendo. Además, la Comisión reconoce que algunas de las medidas de gasto más importantes, como la subida de las pensiones y de los salarios públicos, ya estaban acordadas antes de la prórroga presupuestaria.

Aun así, la negociación para los presupuestos siempre implica realizar concesiones a los partidos que la van a apoyar, lo que significa un incremento mayor del gasto público. Esto es lo que se está ahorrando España este ejercicio. Cuando el Gobierno comenzó la negociación de los PGE fijó el techo de gasto en 189.000 millones de euros sin contar los fondos europeos, lo que hubiese supuesto un aumento del 9,3%. Un incremento significativo que probablemente no se alcance como consecuencia de la prórroga presupuestaria.