La propuesta de los expertos que mejora la financiación de Cataluña sin romper el sistema

El Gobierno ha abierto la caja de Pandora con la oferta de una "financiación singular" para Cataluña. Aunque no existe propuesta detrás y, por tanto, nadie sabe de qué está hablando el presidente Pedro Sánchez, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de otorgar a Cataluña un estatus privilegiado dentro del sistema. Existe un camino intermedio para mejorar la financiación de la Generalitat sin romper el sistema y que podría convencer a una parte del independentismo.

Este camino lo planteó en su momento el comité de expertos que nombró el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando comenzó sus preparativos para la reforma de la financiación autonómica en el año 2016. Se trata del principio de ordinalidad por el cual, las comunidades con mayor capacidad recaudatoria serían también las que más financiación recibirían.

Con este sistema, Cataluña pasaría de ser la novena comunidad autónoma en términos de recursos por habitante a ser la tercera. Por delante quedarían Madrid y Baleares, las dos CCAA con mayor aportación por habitante al sistema de financiación. Por el contrario, algunas de las regiones mejor financiadas en la actualidad, como La Rioja o Extremadura, pasarían a situarse por debajo de la media nacional.

Esta propuesta del principio de ordinalidad no está exenta de polémica. De hecho, algunos de los expertos de la comisión de Montoro incorporaron un voto particular en contra de esta medida. Pero es la que más consenso genera entre los 'sabios' de la financiación autonómica por dos motivos: porque contribuye a dar más transparencia al sistema y porque permitiría mejorar la aceptación del sistema en las CCAA ricas sin romperlo.

¿Cómo se aplica?

El principio de ordinalidad se establece fijando unos límites a la nivelación entre comunidades autónomas. Esto ya ocurre, por ejemplo, en Alemania, donde el Tribunal Constitucional federal ha sentado jurisprudencia para limitar el alcance de la nivelación entre los estados federados. "El principio de ordinalidad está inspirado en la prohibición de nivelación que se aplica en el sistema de financiación de los Länder alemanes", señala el informe de la comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica.

Actualmente los territorios apenas conservan el 25% de su capacidad fiscal, el resto se cede a la caja común y se redistribuye con diversos criterios que provocan que la financiación sea poco previsible. Este sistema limitaría la nivelación de modo que las CCAA conservasen una parte superior de su capacidad fiscal. De esta forma, los partidos independentistas podrían saciar parte de su anhelo de gestionar sus propios impuestos.

En cualquier caso, este principio de ordinalidad no podría afectar a la redistribución entre territorios. Esto es, Cataluña seguiría siendo contribuyente neta. Porque la Constitución determina que el sistema de financiación debe ser solidario entre españoles. Cualquier diseño que respete los límites legales actuales debe permitir una financiación adecuada de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio. Y esto sólo se consigue con la aportación solidaria de las comunidades con mayor capacidad fiscal.

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La propuesta del principio de ordinalidad ya ha sobrevolado el debate catalán en alguna ocasión en el pasado. Sin embargo, todavía no ha cuajado como una propuesta con un gran respaldo por parte de los partidos políticos independentistas, que aspiran a lograr mucho más.

Tampoco está claro que esta propuesta pudiese satisfacer al PSOE, ya que tendría un ganador absoluto de este nuevo sistema: Madrid. La comunidad capitalina es la que tiene mayor capacidad fiscal y, por tanto, más aporta a la solidaridad territorial. En concreto, su capacidad fiscal a impuestos constantes en todo el territorio es un 21% superior a la de Cataluña.

Esto significa que Madrid sería la CCAA que más recursos recibiría si se aplica el principio de ordinalidad de forma proporcional. Una vez más, el Gobierno se topa con su gran dilema en la financiación autonómica. Si elige una solución para privilegiar a Cataluña, acabaría beneficiando indirectamente a Madrid. Y si opta por una solución para la Comunidad Valenciana, Cataluña no obtendría ningún beneficio.