Con o sin reforma de la financiación, 2024 está siendo el año del gran gasto autonómico

La reforma de la financiación autonómica está concentrando toda la atención política y mediática en las últimas semanas. Tanto es así, que está eclipsando la ejecución presupuestaria que están realizando las comunidades autónomas en el primer año completo de los nuevos gobiernos que surgieron de las urnas en mayo de 2023. Mientras las CCAA protestan por su escasa financiación, están dando un gran acelerón a su gasto público. Y destacan las dos que están en una situación financiera más complicada por su infrafinanciación: Murcia y la Andalucía. Ambas han registrado un incremento del gasto (medido en contabilidad nacional) de doble dígito en los tres primeros meses del año (en concreto, un 11,6% cada una de ellas).

El gasto autonómico está pasando por debajo del radar, pero en el primer trimestre alcanzó los 57.000 millones de euros, el dato más alto de toda la serie histórica, según los datos de la IGAE. Son 3.200 millones más que en el mismo periodo del año anterior. Este aumento del gasto, del 6% interanual, es superior al crecimiento del PIB y la inflación juntos. Prácticamente todas las partidas están aumentando rápidamente, desde el gasto en personal (un 6,4% más) hasta los intereses de la deuda que le cobra el Estado a través del FLA (un 29%) y la inversión (un 21% más). El resultado es que las CCAA van camino de incumplir la regla de gasto y el objetivo de déficit fijados para este año, y eso a pesar de que contarán con ingresos récord este ejercicio.

Además de Murcia y la Andalucía, Cataluña también está empujando con fuerza su gasto en el inicio del año. En concreto, entre enero y marzo gastó casi 10.400 millones de euros, un incremento del 7,8% interanual. Le siguen Cantabria, Castilla y León y Canarias, todas ellas por encima de la media nacional. Sólo hay una CCAA que está conteniendo el gasto, Navarra.

Este ritmo del gasto ha llevado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a elevar la previsión del déficit de las autonomías desde el 0,1% previsto inicialmente tras conocer los presupuestos, hasta el 0,2%. La cifra puede parecer reducida, pero no lo es tanto si se tiene en cuenta que las CCAA tendrán este año unos ingresos históricos procedentes del sistema de financiación. Las entregas a cuenta siguen creciendo gracias al buen ritmo de la recaudación, de modo que recibirán 135.000 millones a lo largo del año, un 8,3% más que en 2023.

Pero, la clave de la financiación de 2024 está en la liquidación del año 2022, ya que el sistema se cierra con dos años de demora. Esto es, toca liquidar el año de la gran inflación, que provocó un aumento inesperado de la recaudación, dejando desfasadas las entregas a cuenta que recibieron las autonomías ese ejercicio. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, la liquidación implicará una transferencia total de 19.000 millones de euros a las CCAA. Una cifra excepcional que ayudará a contener el déficit, pero que no tendrá continuidad en el tiempo. La liquidación de 2023 será similar a la de un año normal, porque las entregas a cuenta estuvieron en línea con la recaudación final.

La liquidación de 2023 será similar a la de un año normal, porque las entregas a cuenta estuvieron en línea con la recaudación final

Por este motivo el aumento del gasto de 2024 supone un foco de preocupación a futuro. El déficit estará controlado por esta liquidación extraordinaria, pero en 2025 esos recursos desaparecerán y el gasto seguirá ahí. La Comisión Europea ha mostrado su preocupación sobre el ritmo de gasto de las CCAA en el último informe de supervisión del rescate a España que elabora periódicamente desde el año 2012. "En 2024 las comunidades autónomas recibirán mayores fondos del sistema de financiación, lo que supone un riesgo de que sus gastos se incrementen con efectos permanentes", alerta en el documento. El gasto siempre es fácil de aumentar, pero muy complicado de reducir por los costes políticos que tiene. De ahí la preocupación de que las CCAA estén usando los ingresos extraordinarios que tendrán este año para incurrir en gastos permanentes.

La AIReF advierte de que todas las comunidades autónomas incumplirán la regla de gasto, un mandato que está en la Ley de Estabilidad. El límite de crecimiento del gasto computable para 2024 sería del 2,6%, pero la Autoridad Fiscal calcula que se irán por encima del 5,5%. Esto es, más que duplicarán la regla de gasto. El mayor desfase previsto es el de Extremadura, donde el gasto computable crecerá un 9%, seguido por Canarias, Navarra, Baleares, y Galicia, todas ellas por encima del 8%. La que más cerca se quedará de cumplir la regla es el País Vasco y, según los cálculos de la AIReF, casi duplicará el límite previsto con un aumento del 4,4%.

El cumplimiento de la regla de gasto hubiese llevado a las CCAA a tener un superávit equivalente al 0,3% del PIB. Esto es, a construir un colchón fiscal para contar con margen una vez que desaparezcan los ingresos extraordinarios de la liquidación de 2022. En su lugar, las CCAA van camino de un déficit del 0,2% del PIB, una brecha de más de 7.000 millones de euros.

La anhelada reforma

Las CCAA no han necesitado esperar a la reforma de la financiación autonómica para expandir sus presupuestos. Es más, han aprovechado la coyuntura de un año con ingresos extraordinarios para engordar sus presupuestos. Y todo el aumento no se observa en los datos de gasto, sino que la expansión fiscal también se está realizando por la vía de los impuestos. Muchas CCAA han aprobado importantes beneficios fiscales, incluyendo todas las comunidades autónomas que cambiaron de Gobierno tras la última cita electoral para sustituir al PSOE por el PP.

Por si fuera poco, el Gobierno todavía no ha actualizado las entregas a cuenta de las CCAA, por lo que sus ingresos todavía no se corresponden con los que están comunicados. En ausencia de estos nuevos recursos, las CCAA están tirando de déficit público para financiar el incremento del gasto y los recortes de impuestos. En el primer trimestre del año, su saldo negativo se situó a un paso de los 6.000 millones de euros, el doble que en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de casi 3.000 millones.

Todas las CCAA, salvo las dos forales, han empeorado su saldo fiscal en el inicio del año. Las forales van por libre, ya que recaudan sus propios impuestos y, por tanto, no tienen que esperar a la actualización de las entregas a cuenta. El mayor deterioro de la posición fiscal se ha producido en Andalucía, con un déficit que se ha incrementado en 0,5 puntos del PIB. De esta forma, ha pasado de situarse por debajo de la media nacional en déficit a ser una de las peores en este inicio de año. Le siguen Murcia y La Rioja, todas ellas comunidades gobernadas por el PP, con un deterioro de la posición de casi el 0,4% del PIB.

En el último informe de seguimiento del déficit, la AIReF ha empeorado en una décima sus previsiones de déficit para el conjunto de las CCAA "al revisar lligeramente a la baja los ingresos no asociados al Plan de Recuperación y recoger la mayor ejecución del gasto observada hasta marzo". En concreto, prevé un saldo negativo del 0,2% del PIB en el conjunto del año. Esto está por encima también del objetivo de estabilidad fijado para este año. U objetivos, si se tiene en cuenta el vacío legal en el que está España en esta materia.

El Ministerio de Hacienda considera que el objetivo es el que viene fijado en el Plan de Estabilidad dado el veto que hizo el Senado a la nueva senda aprobada por el Congreso. Esto es, un déficit del 0,0%. Sin embargo, el Congreso aprobó un déficit del 0,1%, aunque no contó con la aprobación del Senado. Por su parte, la AIReF considera que sin la aprobación del Senado, no se puede considerar que existan objetivos de estabilidad.

Un lío legal que a los partidos políticos les dejó de importar en el momento en el que dejó de ser un arma arrojadiza. Esto es, cuando el Gobierno renunció a presentar los presupuestos. Sin embargo, su importancia no es menor, ya que el incumplimiento obligará (o debería) la aprobación de un plan económico-financiero para reconducir el desequilibrio. Un plan que entraría en vigor en 2025, un año que será mucho más exigente para las CCAA. Hasta entonces, barra libre para el gasto.