La reforma fiscal se confirma como la trinchera entre el Gobierno y Bruselas para el quinto pago

Las negociaciones entre la Comisión Europea y el Gobierno referentes al Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) van a ser cada vez más difíciles. Lo saben en Bruselas y en Madrid. El Ejecutivo comunitario ha hecho referencia a ello en sus últimas recomendaciones específicas para España solamente unos días después de dar luz verde a un cuarto pago que se ha atragantado. La reforma fiscal, incluida en el siguiente pago, va a convertirse en un nuevo punto de fricción entre el Gobierno y la Comisión Europea. Desde hace semanas Hacienda viene dando ya por completa la reforma con las subidas de impuestos que se han ido realizando desde que el Ejecutivo español y la Comisión Europea acordaron el PNRR hace tres años. El ministerio dirigido por María Jesús Montero circulaba la idea de que no haría falta hacer más para que se diera por cumplido el hito clave para recibir los 7.500 millones de euros del siguiente tramo.

Pero Bruselas ha dejado claro en los últimos días que quiere más. En el informe con recomendaciones específicas por país, los técnicos comunitarios animan a España a cumplir con las cuestiones "pendientes" de la reforma fiscal. El Ejecutivo comunitario recuerda el Libro Blanco realizado por un grupo de expertos, publicado en 2022, así como la revisión de 15 beneficios fiscales por parte de la Autoridad Fiscal Independiente (AiREF). "Sobre la base de estas aportaciones, España se comprometió a promulgar reformas legislativas con vistas a aproximar su ratio ingresos-PIB a la media de la UE y hacer más eficiente el sistema tributario. Entretanto se han adoptado algunas medidas fiscales a corto plazo, pero otras tienen por objeto reforzar la fiscalidad de las empresas, el patrimonio y el medioambiente, reducir las exenciones fiscales y modernizar el sistema tributario", subraya la Comisión en el documento de trabajo que han realizado los técnicos.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, respondió un día después, durante su visita a Luxemburgo para participar en una reunión de ministros de Finanzas de la Eurozona. "Creemos que ya hemos tomado todas las decisiones necesarias para cumplir con las obligaciones que supone este hito del quinto pago”, explicó a un grupo de periodistas, añadiendo que hay que "hacer una actualización de cómo está la situación fiscal, como están los ingresos de manera estructural después de todas estas medidas, después de los cambios que se han producido en la economía española, para actualizar esa evaluación que se produjo cuando se introdujo ese compromiso con respecto a la reforma fiscal".

En la dirección general de Economía y Finanzas de la Comisión Europea, ese argumento suena familiar, porque es el que lleva utilizando el Gobierno desde hace meses en sus intercambios con los técnicos comunitarios, que no consideran que sea una idea válida. Hubo un compromiso de una reforma fiscal ambiciosa y eso es lo que quieren que se refleje.

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La Comisión Europea quiere subidas de IVA y en tasas medioambientales. "España tendría margen para recaudar más ingresos fiscales relacionados con el medioambiente (1,5% del PIB en 2022 frente al 2,0% del agregado de la UE), entre otras cosas, reforzando la aplicación del principio de 'quien contamina paga'", subrayaba el Ejecutivo comunitario en sus recomendaciones específicas por país publicadas la semana pasada. En Bruselas no están contentos con la reafirmación de Cuerpo y del Gobierno en la idea de que la reforma fiscal está ya completa y prometen presentar resistencia.

Compromisos políticos

Pero no sería la primera vez que el Gobierno se sale con la suya en estos pulsos con la Comisión. En el Ejecutivo comunitario los técnicos pueden querer que se cumpla lo acordado como parte del PNRR a rajatabla, pero desde las plantas nobles no se quiere armar ruido. Quieren flexibilidad y soluciones creativas. Céline Gauer, directora general a cargo de la implementación del Plan de Recuperación, el masivo programa de ayudas financiado con deuda conjunta tras el shock del coronavirus, necesita que la maquinaria funcione y su papel es mantener el equilibrio entre que los compromisos se cumplan y que el dinero no se quede atascado.

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Esta Comisión Europea no tiene nada que ver con las de años atrás, con la de los hombres de negro. Se huye de la imposición como de la peste y se busca esquivar a todo coste la idea de que algo se está imponiendo desde Bruselas. Es el signo de los tiempos, después de que se haya consensuado que la gestión de la crisis del euro fue desastrosa para la imagen de la Unión Europea en los países rescatados, pero también es el signo de un estilo de liderazgo, el de la presidenta Ursula von der Leyen, que busca evitar cualquier roce con los líderes europeos.

Por eso, aunque la trinchera esté cavada y en muchos sectores de la Comisión Europea no haya ninguna voluntad de dejar pasar las medidas adoptadas hasta ahora como una verdadera reforma fiscal, el Gobierno va a seguir enrocado. Porque sabe que los vientos políticos pueden llegar a soplar a su favor y que si se niegan a hacer ninguna subida de impuestos importante, la cúpula del Ejecutivo comunitario va a ser muy reacia a hacer un desembolso parcial a España, ya que el hito de la reforma fiscal contaría con un multiplicador que haría que fuera una importante suma la que se quedara bloqueada.

En la Comisión Europea no están ciegos. Todos saben cuál es la situación política en España y saben que una reforma fiscal de calado está ya fuera de toda discusión. Saben, de hecho, que casi cualquier reforma ambiciosa que se pudiera esperar en el marco del PNRR se ha convertido en imposible ante la endiablada aritmética parlamentaria de esta legislatura. Nadie se hace falsas ilusiones. Pero en Bruselas esperan al menos algo más. Que el Gobierno trate de ofrecer algo más que los retoques fiscales que se han hecho a lo largo de los últimos años.