Sánchez rehúye su compromiso global para financiar la lucha contra el cambio climático

España se está quedando muy atrás en la financiación global de la lucha contra el cambio climático. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido en las últimas conferencias del clima de las Naciones Unidas (COP) de la voluntad de nuestro país para ayudar a conseguir el objetivo de los 100.000 millones de dólares (unos 93.500 millones de euros) de inversión anual de las economías ricas para que las más pobres puedan mitigar y adaptarse a las consecuencias del calentamiento global. Sin embargo, las cifras no se corresponden con los discursos: el Gobierno está rehuyendo su compromiso, mientras otros países comunitarios tiran del carro.

Recientemente, Eurostat, el instituto de estadística de la Comisión Europea, ha publicado unos datos reveladores. En ellos actualiza la contribución de cada socio al objetivo de los 100.000 millones de dólares, establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este compromiso global se acordó en la COP de 2015 en París, y España está vinculada jurídicamente a él desde el 11 de febrero de 2017.

Sin embargo, la adopción del mismo no ha supuesto un antes y un después en el desempeño nacional. Desde 2014, cuando empieza la serie histórica, España ha pasado de ser el tercer contribuyente de la Unión, solo por detrás de Alemania y Francia, a ocupar la sexta plaza. Y, al contrario de lo que se podría pensar, este declive no se produjo con un inquilino de la Moncloa que escuchaba las dudas de su primo hacia un fenómeno ampliamente evidenciado por la comunidad científica.

España se empezó a quedar atrás durante la pandemia, y desde entonces no ha vuelto a recuperar su posición de avanzadilla entre los países europeos. Aunque la contribución en 2022, último año con datos disponibles, ha recuperado los niveles previos al covid, al superar los 740 millones de euros, esto no es suficiente. La cuarta economía del euro se ve superada claramente por la tercera, Italia, que roza los 960 millones (ha doblado la inversión con creces desde 2019), así como por naciones mucho más pequeñas, como los Países Bajos (un 39% más) o Suecia (un 12% más), que se sitúan en torno a los 800. Por supuesto, las dos grandes potencias comunitarias juegan en otra liga, con cerca de 9.500 millones para Alemania y 7.700 para Francia.

En 2018, cuando Sánchez llegó al poder, París invertía 7 veces más que Madrid; ahora, invierte 10 veces más. En el caso del presidente galo, Emmanuel Macron, el relato y los hechos se han acompasado mejor que en el de su homólogo español. Hay que destacar que estos datos incluyen la inversión total presupuestada cada año, que se puede vehicular de dos formas: bilateral (de país a país), pero también a través de la contribución a iniciativas multilaterales. En este último caso, Eurostat aclara que en 2022 cambió el método y solo tuvo en cuenta aquella financiación ya aportada a los organismos que la gestionan, no la comprometida.

Sánchez presume de cifras dudosas

Sin embargo, el paso atrás de España (al menos en términos relativos respecto a sus socios europeos) no se debe a ningún problema metodológico. De hecho, los datos de Eurostat se corresponden con los últimos que el Ejecutivo envió a las Naciones Unidas en 2022, en el informe bianual que los países participantes están obligados a remitir. Los registros hacen referencia a 2019 y al 2020 pandémico. En el primer caso, el Gobierno reportaba 229 millones de euros de financiación multilateral y 482 de bilateral (711 en total, ligeramente por debajo de las cifras de Eurostat), mientras que en el segundo eran 171 y 359 millones, respectivamente, hasta sumar exactamente los 530 que recoge el instituto estadístico. La lista incluye cientos de proyectos en todos los rincones del mundo.

Con lo que no coinciden estos datos son con los que vendió Pedro Sánchez en su participación en las últimas conferencias. En la de Glasgow (COP 26), celebrada en 2021, el presidente presumió de que España aumentaría un 50% la cantidad que pone, hasta los 1.350 millones de euros anuales en 2025. En otras palabras: nuestro país estaba dando entonces 900 millones al año, unas cifras muy lejanas a las que, al mismo tiempo, el Ejecutivo que dirige remitía a la ONU, y que, de hecho, nunca se han alcanzado. El propio Sánchez repitió el mismo compromiso dos años después en Dubái (COP 28).

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Preguntado por esta incoherencia entre los datos que se usan en público y los que se recogen en los informes oficiales, el Ministerio de Transición Ecológica no ha dado ninguna explicación y se remite a la Estrategia Española de Financiación Climática Internacional, aprobada el verano pasado para "dar cumplimiento a los compromisos de financiación climática internacional del Reino de España", según estipula la Ley de Cambio Climático. Ahí vuelven aparecer los 900 millones de euros, que se convertirán en 1.350 a partir de 2025. Para cumplir ese objetivo, España prácticamente tendría que doblar su aportación actual.

La unidad fantasma

La estrategia establece la creación de una Unidad de Seguimiento para que todos los departamentos remen en la misma dirección de cara a la consecución de la meta. Sin embargo, este órgano administrativo interministerial, adscrito a Transición Ecológica, de momento no ha visto la luz. "Se han iniciado los trámites para constituir esta unidad y esperamos que esté en breve", aseguran desde el ministerio dirigido por Teresa Ribera. "Es un compromiso hasta 2025, y por eso se ha elaborado una estrategia, para aunar los esfuerzos de los distintos departamentos que movilizan esta financiación y poder cumplirlo", añaden.

El problema es que esos compromisos no están claros, más allá de la palabra del presidente del Gobierno. Los 1.350 millones de euros que se formularon en la COP de Glasgow supusieron un gesto relevante en un momento en que las cuentas no daban, según los escenarios que se barajaban en aquella cumbre. Sin embargo, no están en ningún papel internacional como la parte de la tarta que le corresponde a España. En realidad, nunca se realizó ese reparto de manera oficial, dejando a la buena voluntad de los países la consecución de la cifra mágica. "En la próxima Cumbre del Clima de Bakú, la aspiración principal es fijar un nuevo objetivo de financiación climática internacional en base de los 100.000 millones [de dólares]", destacan desde Transición Ecológica.

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De momento, algunas asociaciones medioambientalistas han hecho sus propios cálculos, que todavía dejan peor parada a España. Según el informe A Fair Share of Climate Finance? (¿Un reparto justo de la financiación climática?), del laboratorio de ideas ODI, a nuestro país le corresponderían 3.430 millones de dólares del total (unos 3.200 millones de euros), en función de su renta nacional bruta, su población y las emisiones acumuladas desde 1990. Pese a que ese estudio sitúa los fondos que se destinaron por encima de los datos oficiales tanto en 2020 (640 millones de dólares) como especialmente en 2021 (1.580 millones), España se queda en menos de la mitad de lo que le correspondería. De hecho, en el año de la pandemia, fue el cuarto país con una deuda mayor, solo por detrás de Estados Unidos, Canadá e Italia.

Son cuentas de la lechera de difícil cuantificación, pero no pueden obviar una realidad más general: mientras Alemania, Francia, los Países Bajos o los nórdicos aportan más de lo que les correspondería, España acompaña a Grecia, Portugal y las potencias norteamericanas en la parte roja del semáforo. Pese a los discursos, el Gobierno de Sánchez ha rehuido sus compromisos: si todos se comportasen como la cuarta economía del euro, los países ricos, principales causantes del cambio climático a lo largo de las décadas, jamás hubieran alcanzado el objetivo de los 100.000 millones de dólares para ayudar a aquellos en vías de desarrollo, los grandes perjudicados.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aventuró durante la última COP que "probablemente" la cifra mágica se hubiese alcanzado ya en 2022. No sería gracias a España, que no cumplió su parte.