El Gobierno prorroga tres meses la rebaja del IVA de los alimentos y reducirá el bono social

La rebaja del IVA de los alimentos se prolongará, pero su retirada ya es irreversible. Y se hará gradualmente, igual que la de los descuentos excepcionales del bono social de la luz. La mejora de los últimos meses, que ha llevado la inflación de los comestibles al 4,4% —por debajo de los niveles previos a la guerra en Ucrania— ha espoleado al Gobierno a planear una senda de progresiva normalización del impuesto. Así lo ha anunciado este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros centrado en el escudo social para paliar las consecuencias económicas de las guerras en Ucrania y Oriente Medio.

Si hasta ahora la rebaja fiscal se iba prorrogando de seis en seis meses, esta vez el Ejecutivo ha sido más prudente. La prórroga del IVA del 0% en los alimentos básicos, como el pan, los huevos, la verdura y la fruta, será de solo un trimestre, hasta el 30 de septiembre. A partir de ahí, se llevará al 2% durante tres meses más, como paso previo para recuperar el nivel habitual del 4%.

El IVA del aceite de oliva, que estaba rebajado del 10% al 5%, pasará al 0%, y desde ahora seguirá el mismo camino que los demás productos básicos, al ser considerado como tal en virtud de un acuerdo del Gobierno con Junts. Todas estas bonificaciones tendrán un coste de 1.036 millones de euros hasta final de año. Por último, el tipo de la pasta seguirá en el 5% hasta el 30 de septiembre, y se elevará al 7,5% desde ahí hasta que empiece 2025, cuando está previsto que recupere la normalidad.

Las rebajas fiscales a los alimentos, vigentes desde el 1 de enero 2023, tuvieron un coste de 1.700 millones de euros durante su primer año de aplicación, según la Agencia Tributaria. Es por ello que ahora, en un momento de la recuperación de las reglas fiscales europeas, el Gobierno inicia la marcha atrás. No hay que olvidar que el Ejecutivo deberá enviar a Bruselas en septiembre su plan de consolidación para los próximos cuatro años. En el plan presupuestario que Hacienda remitió a la Comisión Europea para 2024 no se contemplaba la extensión de las rebajas fiscales, que están suponiendo un esfuerzo extra para las arcas públicas.

Ahorro fiscal de 3.000 millones

El Ejecutivo quiere contrarrestar el discurso de la oposición de que España se ha convertido en un "infierno fiscal", e insiste en esta y otras medidas de alivio tributario a las familias, a falta de la más importante, a la que Montero siempre se ha negado: la deflactación del IRPF para evitar la progresividad en frío provocada por la inflación. Pese a que algunas ya están vigentes desde hace meses, la ministra ha presumido de ellas como si fueran nuevas.

Es el caso de la elevación del mínimo exento del IRPF, que ya evita que las personas que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) tributen en el impuesto sobre la renta. Cuando se subió el SMI para este año, el Gobierno ya modificó el decreto del impuesto para elevar el umbral del pago del impuesto desde los 15.000 hasta 15.876 euros, es decir, el equivalente aI salario mínimo anual. Así, toda el alza (5%) redundaría en el bolsillo de los perceptores. Ahora, ese cambio se incluirá en la ley.

"Los trabajadores que reciban este salario no tendrán retenciones del IRPF ni que pagar este impuesto", ha remarcado Montero. La mejora también beneficia a otras rentas hasta los 22.000 euros, que no están obligadas a presentar la declaración. En total, los contribuyentes agraciados ascienden a 5,2 millones, ha presumido la ministra, y lograrán un alivio de 1.355 millones de euros este año.

Desde el covid, el Gobierno ha aprobado a medidas por valor de 120.000 millones de euros

La también vicepresidenta primera ha sumado las rebajas del IVA y del IRPF para explicar que las clases menos favorecidas gozarán de un ahorro fiscal de 3.000 millones de euros. Desde el inicio de los paquetes excepcionales, en 2020 (con motivo del covid), el Gobierno ha aprobado a medidas por valor de 120.000 millones de euros, que incluyen rebajas fiscales de 25.000 millones para las familias. "Este Gobierno ha llevado a cabo la mayor rebaja de impuestos de la historia para las rentas medias y bajas", ha dicho Montero, que ha sacado pecho de la reducción del déficit sin necesidad de aplicar recortes. De hecho, Bruselas no ha incluido a España en el procedimiento de déficit excesivo, a diferencia de otros países vecinos como Francia e Italia.

​Habrá presupuestos (dice Montero)

La ministra también ha recordado que el Gobierno está trabajando en la elaboración de los Presupuestos Generales de Estado para 2025, más allá de lo que ocurra con la gobernabilidad en Cataluña, con el compromiso de que estén aprobados el 31 de diciembre de este año. "Una cosa es la investidura [del próximo president] y otra distinta la negociación presupuestaria [en el conjunto de España]", ha dicho Montero, tras aludir a las intenciones expresadas por los diferentes partidos políticos en favor de la negociación para pactar unas cuentas públicas. Sin embargo, ha admitido que el escenario político es cambiante, como demostró la renuncia de la propia Montero a presentar unos presupuestos para este año.

La vicepresidenta primera ha ofrecido su mano al Partido Popular para consensuar una reforma del sistema de financiación autonómica, pero ha exhortado a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una propuesta única respaldada por todos los barones territoriales.

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EFE

Independientemente de que haya o no cuentas públicas, Montero ha reiterado su compromiso con la autonomía financiera de las comunidades, plasmado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado diciembre. Entonces, la ministra ya les anunció a los consejeros regionales que recibirían 134.658 millones en anticipos del Estado (las llamadas entregas a cuenta) durante este año, que, junto a otras partidas, suponen 20.000 millones más que el año anterior. El Ejecutivo espera que se dediquen a fortalecer la sanidad, la educación y la dependencia. "Las comunidades han recibido 250.000 millones más en estos seis años [desde que Pedro Sánchez es presidente] que en los últimos seis años del Gobierno del PP", ha resumido Montero. Las administraciones locales obtendrán 23.773 millones, un 5,1% más que en 2023.

Además, como también era sabido, el Ejecutivo subirá un 2% el sueldo de los funcionarios con carácter retroactivo a 1 de enero, como se había pactado con los sindicatos en el acuerdo marco para 2022, 2023 y 2024. Los servidores públicos podrán sumar un 0,5% adicional en función de la evolución de la inflación durante 2024, que no se haría efectivo hasta el año que viene. La revalorización total para el período 2022-2024 alcanzará el 9,8%, muy por debajo de la subida de los precios.

En cambio, la oferta pública de empleo, que todavía se está negociando, no figurará en el decreto que publicará este miércoles el Boletín Oficial del Estado. Montero ha explicado que será una "oferta récord" (UGT habla de 40.000 plazas), pero ha aclarado que no tiene un carácter urgente, por eso no se incluye en el texto.

El bono social irá menguando

La vicepresidenta también se ha referido a otras medidas que no dependen de su departamento, pero que están incluidas en el nuevo paquete contra la crisis. Es el caso de los descuentos adicionales del bono social eléctrico, que caducaban el 30 de junio y, según Montero, se extenderían durante un año más. Sin embargo, la ministra no ha explicado toda la verdad. Según ha adelantado El País y ha confirmado este medio, los descuentos excepcionales del 65% en el recibo de los consumidores vulnerables y del 80% para los vulnerables severos (antes de la crisis eran del 25% y el 40%, respectivamente) se irán recortando 7,5 puntos cada tres meses a partir de octubre. Así, durante el último trimestre de 2024 serán del 57% y el 72,5%; durante el primer trimestre de 2025, del 50% y el 65%; y, durante el segundo, del 42,5% y el 57,5%.

El movimiento permite al Gobierno cubrirse las espaldas de cara al próximo invierno, en caso de que los precios de la luz volviesen a dispararse, pero sin asumir ningún coste, ya que estos corren a cargo de las compañías. A partir del 1 de julio de 2025 se establecerá el nuevo esquema, con descuentos del 25% para los vulnerables y del 50% para los vulnerables severos.

El Ejecutivo extenderá 'sine die' la tarifa regulada del gas para las comunidades de vecinos

Otra de las medidas reivindicadas por Montero también tiene trampa. Efectivamente, el Ejecutivo extenderá sine die la posibilidad de que las comunidades de vecinos puedan acogerse a la tarifa del gas de último recurso, la conocida como TUR. Pero, como adelantó El Confidencial, el límite al encarecimiento de esta tarifa regulada decae, lo que podría afectar a tres millones de usuarios cuando se produzcan las próximas revisiones periódicas, que tienen lugar cada tres meses.

Por último, la prohibición del corte de suministros básicos a los consumidores vulnerables se extenderá hasta final de año, así como el plan Moves para la adquisición de coches eléctricos, que tendrá un coste de 626 millones (aquí puede consultar todos los detalles).

Preguntada acerca de qué pasará a partir del 1 de enero de 2025, cuando caducan la mayoría de las medidas que aún siguen en pie, la ministra se ha mostrado confiada sobre el contexto económico: "A partir del último trimestre se va a producir una práctica normalización de la inflación y decaerían". Sin embargo, el Gobierno irá adaptando su política a la situación, ha matizado Montero. Próxima parada: el último Consejo de Ministros de 2024.