El Congreso tumba el veto del Senado y da vía libre a la tramitación de los PGE 2025

Vía libre a la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2025. El Congreso de los Diputados tumbó ayer el veto que venía haciendo el Senado a los objetivos de déficit enviados por el Gobierno. El expeditivo método elegido, dada la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) en la Cámara Alta, ha sido la reforma del artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que habilitaba la devolución al Gobierno de esos objetivos si no eran aprobados por el Senado.

Lo que ha hecho la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno (177 votos a favor y 171 en contra) es introducir una enmienda aprovechando la tramitación del proyecto de ley de representación paritaria entre hombres y mujeres que modifica la ley de 2012, nacida en plena crisis financiera e inspirada por el ministro Montoro.

La enmienda, en concreto, establece que si los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública son aprobados por el Congreso (donde el Gobierno tiene mayoría) pero posteriormente son rechazados por el Senado, se devuelven a la cámara baja, pero en este caso basta una mayoría simple para revocar el veto del Senado. Con la vieja legislación, el Gobierno estaba obligado a enviar un nuevo texto en el plazo de un mes al Senado, y así sucesivamente, lo que en la práctica suponía un bloqueo en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, que es lo que ahora ha esquivado Hacienda.

En la práctica, esto supone iniciar la tramitación de los presupuestos de 2025, algo que no logró con las cuentas públicas de 2024, que finalmente decayeron tras la convocatoria de las elecciones en Cataluña y las dificultades del Gobierno para sortear el veto del Senado. Precisamente, por el bloqueo del PP al estar en vigor ese artículo de la ley de estabilidad.

El Gobierno se propone presentar antes del 1 de octubre unos presupuestos continuistas

El Gobierno ha complementado esta reforma con la publicación este pasado jueves en el BOE de la Orden ministerial que dicta las normas de elaboración de los presupuestos, y que son las que deben cumplir los órganos gestores de los diversos ministerios y departamentos. En ese texto, el Gobierno avanza que se propone presentar antes del 1 de octubre unos presupuestos continuistas y se compromete a incorporar en el proceso de elaboración de los PGE de 2025 las conclusiones y recomendaciones resultantes de los Spending Review elaborados por la AIReF, y que suponen una evaluación en profundidad del gasto público.

Escenarios presupuestarios

Una vez superados estos trámites, el Ministerio de Economía debe aprobar el llamado Informe de Situación, destinado a evaluar no sólo la coyuntura más cercana, sino también el escenario que prevé el Gobierno para los próximos tres años.

El informe de situación lo elaboran los técnicos de Economía previa consulta al Banco de España, pero teniendo en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea en el marco del semestre presupuestario. Contiene el cuadro económico de horizonte plurianual en el que se especifica, entre otras variables, la previsión de evolución del Producto Interior Bruto, la brecha de producción (output gap), la regla de gasto de la economía española y el saldo cíclico del conjunto de las Administraciones Públicas, distribuido entre sus subsectores.

Se trata del documento más estratégico en términos de orientación de la política económica

Es decir, se trata del documento más estratégico en términos de orientación de la política económica del Gobierno, que además debe reunir a las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera tras el Acuerdo del Consejo de Ministros, incluyendo el techo de gasto. Este consejo se reunirá la última semana de julio y, en principio, no abordará la cuestión más peliaguda, como es la reforma de la financiación autonómica, sino que se limitará a aprobar los objetivos de déficit público para las comunidades autónomas, y que el Gobierno fijó ya a principios de este año en el 0% tanto para 2025 como 2026 (un 2,6% y un 2,5%, respectivamente, en el caso de la Administración Central).

Hacienda, por último, debe aprobar el techo de gasto, que se tramita en paralelo a los objetivos de déficit, pero no se vota, por lo que el Gobierno no tendrá ninguna dificultad para sacarlo adelante. El actual techo de gasto se sitúa en 199.120 millones de euros, que es lo que puede desembolsar el Estado sin contar la Seguridad Social o las transferencias a las comunidades autónomas, que son la parte del león del gasto público.

Mayoría absoluta

Una vez finalizados estos trámites, sin embargo, llega lo más difícil, la aprobación del proyecto de ley de presupuestos. Aunque este jueves la reforma de la ley de estabilidad parlamentaria salió adelante con mayoría absoluta (177 votos) el acuerdo depende en buena medida de lo que suceda con el Gobierno de la Generalitat, y aquí las fechas son fundamentales.

Transcurrido un primer plazo sin que haya candidato a la Generalitat, el Parlament ha activado el reloj, lo que significa que, si no hay propuesta antes de dos meses, se convocarán elecciones, que deberían celebrarse el próximo 13 de octubre. Es decir, apenas dos semanas después de la fecha límite que impone la Constitución para presentar los PGE (el 1 de octubre).

Esta proximidad sugiere que el Gobierno podría retrasar la presentación del proyecto de ley si hay nuevas elecciones en Cataluña

Esta proximidad sugiere que el Gobierno podría retrasar apenas unas semanas la presentación del proyecto de ley (deben aprobarse antes del 31 de diciembre) si finalmente hay nuevas elecciones en Cataluña. La otra alternativa, lógicamente, pasa porque haya acuerdo para la Generalitat y el Gobierno central pueda presentar los presupuestos en tiempo y forma. En el primer caso, sólo saldrían adelante en función de la decisión que tomen ERC y, sobre todo, Junts, que podrían tumbar la legislatura habida cuenta de que se trata de un proyecto de ley con una enorme carga política, como son las cuentas públicas. En 1993, cabe recordar, el PSOE de Felipe González tuvo que adelantar las elecciones tras rechazar la antigua CiU los presupuestos. El Gobierno, hay que recordar, no puede prorrogar unos presupuestos ya prorrogados (2024), por lo que está obligado a presentar el proyecto de ley. Distinto es saber cuándo lo haga, habida cuenta de que en los últimos años se ha producido una enorme flexibilidad.

La solución al sudoku, por lo tanto, tiene dos fechas. La primera, antes del 26 de agosto, que es cuando se sabrá si hay elecciones en Cataluña, y la segunda, el 13 octubre, que es cuando se celebrarían. Entretanto, el Gobierno ya ha puesto en marcha toda la arquitectura legal que acompaña a los presupuestos de 2025.