La deuda de las CCAA en poder del Estado rompe la barrera de los 200.000 millones de euros

Doce años después de la creación del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) casi todo sigue igual. Las regiones del régimen común, todas menos País Vasco y Navarra, y pese a la autonomía financiera que proclama la Constitución, continúan enganchadas a los fondos del Estado. Una cifra lo pone negro sobre blanco, y no es pequeña. Por primera vez desde que se pusieron en marcha los mecanismos de rescate tras la crisis financiera de 2008, la deuda de las comunidades autónomas en manos de la Administración central del Estado —las CCAA también son Estado—ha superado los 200.000 millones. En concreto, 200.079 millones de euros, que representan cerca del 14% del PIB.

Lo significativo no es solo la cantidad, sino, sobre todo, su evolución, ya que ni siquiera con la llegada de la recuperación de la actividad económica y la consiguiente reducción de los déficits presupuestarios por el aumento de los ingresos la gran mayoría de las regiones ha podido acudir al mercado a financiarse con normalidad. Esto, en la práctica, explica su dependencia del Tesoro Público, que se endeuda por ellas.

En 2012, el año que comenzó a operar el actual Fondo de Financiación de las CCAA (heredero del FLA y articulado a su vez en seis compartimentos) la deuda regional en manos del Estado apenas alcanzaba los 34.330 millones, pero hoy esa cifra se ha multiplicado casi por seis, en coherencia con el incremento de la deuda autonómica que se ha producido durante ese periodo. En 2012, representaba el 18,3% del PIB, pero en el primer trimestre de 2024 ha subido hasta el 22,2%. Eso supone, en euros corrientes (sin contar la inflación) que se ha pasado de una deuda equivalente a 189.200 millones a algo más de 325.200 millones.

Ese era, precisamente, uno de los objetivos de los mecanismos de financiación que Hacienda puso a su disposición tras la crisis financiera de 2008, habilitar que las regiones se pudieran financiar más barato, ya que es el propio Estado, con mejor rating, quien lo hace por las comunidades autónomas. Esto es así porque si esas comunidades salieran al mercado para obtener fondos, tendrían que pagar bastante más que el Tesoro Público. El rating de España de la deuda a largo plazo se mueve entre Baa1 (Moody’s) y A (S&P y DBRS). Las obligaciones calificadas en A son de grado medio-alto y están sujetas a un riesgo crediticio bajo.

Dependencia financiera

El resultado de esta imposibilidad de acudir a los mercados se sustancia en que la dependencia financiera de las regiones respecto del Estado lejos de reducirse, continúa en máximos. El año pasado el porcentaje de la deuda autonómica en poder de Hacienda se situó en el 60,9%, cerca de nuevo del máximo histórico alcanzado en 2018 y 2019, un 61,1%.

Eso quiere decir que, en la práctica, los gobiernos regionales carecen de una estrategia propia para financiarse, lo que condiciona su política fiscal, pese a que los gobiernos autonómicos gestionan las dos terceras partes del gasto público. Tan solo en 2023, el Fondo de Financiación autonómico asignó algo más de 33.980 millones a los gobiernos regionales entre vencimientos y nuevas emisiones para financiar el déficit público.

Ese dinero ha ido a parar a 10 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Baleares, La Rioja y Murcia. Esos fondos se han destinado a atender, además de los pagos por vencimientos de deuda y el déficit público, a financiar la devolución de las liquidaciones negativas 2008-2009, las deudas pendientes de pago a proveedores u otras categorías de gasto consideradas prioritarias, además de la financiación del Fondo de Liquidez REACT-UE.

Más ficticia que real

En definitiva, la autonomía financiera de las comunidades autónomas es más ficticia que real, lo que condiciona de forma muy determinante cualquier negociación sobre la revisión del actual modelo de financiación autonómica. Esto explica, de hecho, que las comunidades más dependientes de la Administración central (que debe autorizar en Consejo de Ministros los endeudamientos) suelen ser más partidarias del acuerdo con el Gobierno de turno. No en vano, sus ejecutivos han accedido a la financiación por debajo del precio de mercado, con la consiguiente reducción de la carga financiera de la deuda. En todo caso, su impacto es limitado a la vista de que los costes financieros apenas representan un 1,7% del total del gasto autonómico. Recientemente, la agencia Moody's elevó de estable a positiva la calificación de 14 entidades autonómicas y locales.

Regiones como la Comunidad de Madrid, menos subalterna de la financiación del Estado, ponen muchas más reticencias a alcanzar un acuerdo con el Gobierno central debido a que están en condiciones de ejercer su autonomía. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, en concreto, decidió amortizar anticipadamente en 2020 su endeudamiento en manos del Estado para tener las manos libres, como tienen el País Vasco o Navarra, al ser territorios forales. El coste medio de la deuda madrileña se situaba en el 2,36% en el primer trimestre de este año, ligeramente por encima del 2,12% del Tesoro Público. Tan solo este año tendrá que refinanciar 2.960 millones de deuda a largo plazo.

El momento es crucial si se tiene en cuenta, además, que el Gobierno, tras pactarlo con los independentistas catalanes a fin de lograr la investidura de Pedro Sánchez, ha ofrecido la condonación de una parte de la deuda, lo que beneficia a las regiones más endeudadas y dependientes de Hacienda. En el acuerdo de investidura que firmaron ERC y el PSOE se precisa que nada menos que el 84,3% de la deuda pública de Cataluña está en manos del Estado.

La parte positiva para las regiones es que los costes de financiación son más baratos, pero permanecer a la sombra del Gobierno central a la hora de endeudarse también tiene sus inconvenientes. Un estudio de BBVA ha encontrado evidencias de que la prima de riesgo española podría haberse incrementado alrededor de 70 puntos básicos como consecuencia del apoyo otorgado a los gobiernos regionales durante la crisis financiera global. Esto es así, sostienen sus economistas, porque la utilización del antiguo FLA tiene un coste "en términos de solvencia del Estado y el cumplimiento de sus compromisos, introduciendo falta de transparencia y de rendición de cuentas".