Historia de la guerra subterránea por representar a los empresarios españoles

La historia rara vez se repite, pero casi siempre rima. Enrique Miret Magdalena, químico, teólogo y "rojo" —así lo define un empresario con décadas a sus espaldas en las andanzas patronales—, ya desafió el monopolio que ejerce la CEOE incluso antes de que fuese reconocido oficialmente. En 1979, con el país paralizado por las huelgas, se alió con el todopoderoso sindicato comunista Comisiones Obreras para presionar al Gobierno, mientras los grandes empresarios firmaban el primer acuerdo de la democracia con la Unión General de Trabajadores, que había sido resucitada tras la muerte del dictador.

Miret fracasó, y la patronal de pequeñas y medianas empresas que presidía (Copyme) juega hoy un papel testimonial en la vida pública española. En cambio, la concertación social entre empresarios y ugetistas sentó las bases del actual Estatuto de los Trabajadores, que alumbró el 10 de marzo de 1980 el diálogo social tal y como lo conocemos. Solo cinco días antes, Cepyme, otra patronal de pequeños empresarios que desde su fundación había estado en la órbita de la CEOE, selló su integración plena, acuciada por graves problemas económicos.

Las conversaciones entre ambas organizaciones de pymes para fusionarse en un proyecto alternativo al de los grandes empresarios llegaron a existir, pero la estrategia diseñada por el entonces secretario general de la CEOE —después sería su presidente durante 23 años—, José María Cuevas, se impuso. Para ser reconocido oficialmente como interlocutor social, la ley estableció unos criterios muy exigentes, que constituían una barrera de entrada casi infranqueable para cualquier outsider: "Gozan de esta capacidad representativa las organizaciones sindicales con el diez por ciento o más de los miembros de los comités de empresa y delegados de personal y las asociaciones empresariales con el diez por ciento o más de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal". Lo primero se mide con las elecciones sindicales; para lo segundo, jamás se ha desarrollado un método.

Desde entonces, nada se ha movido, y la posibilidad de que surgiese una patronal roja ha aterrado tanto a los empresarios españoles como a las centrales la irrupción de un sindicato amarillo. Precisamente por eso, apunta la misma fuente, durante estas cuatro décadas se ha consolidado un pacto tácito entre los agentes sociales para consolidar el statu quo a ambos lados de la mesa: por el de los patrones, el espacio CEOE-Cepyme, y, por el de los trabajadores, el que conforman UGT y CCOO, que sí son dos organizaciones completamente distintas, pero han ido de la mano desde que la mítica huelga general del 14 de diciembre de 1988 consagrase la llamada unidad de acción.

¿A quién le iba a interesar romper el equilibrio de poder? ¿A Pedro Sánchez? ¿A Yolanda Díaz? ¿A los independentistas? ¿A los sindicatos?

Hasta el bipartidismo quebró, pero el equilibrio de poder en el diálogo social ha sobrevivido a cualquier crisis política (y económica) con una salud de hierro. Su cuestionamiento ha brillado por su ausencia. ¿A quién le iba a interesar romperlo? ¿A Pedro Sánchez, quizá? ¿A Yolanda Díaz? ¿A los independentistas catalanes? ¿A los propios sindicatos de clase? Todas estas teorías han circulado en los medios de comunicación y los cenáculos empresariales al menos desde el 21 de mayo de 2021, cuando la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y la ministra de Trabajo acudieron a la puesta de largo de un nuevo actor que asegura dar voz a 2,5 millones de pymes y autónomos. Se llama Conypmes y ya se ha conseguido colar en algunas instituciones, en medio de una guerra subterránea por representar a los empresarios españoles como no se había visto en las últimas cuatro décadas.

Quizá todas las conjeturas sean correctas, en la medida en que el fin del monopolio de CEOE-Cepyme beneficiaría a todos los actores que no comparten los postulados de la patronal oficial. Quizá no lo sea ninguna, y simplemente esté ocurriendo con el diálogo social lo mismo que sucedió en la década pasada con el sistema político, ante una crisis de representación no resuelta. Este artículo no ofrece una respuesta concluyente sobre la mano que mece la cuna: simplemente informa de los hechos ciertos para arrojar un poco de luz a una batalla que hasta ahora se ha venido desarrollando de forma soterrada.

Todo empezó en Cataluña

En realidad, todo empezó mucho antes del famoso acto con la mujer del presidente. Cataluña fue el laboratorio de la pluralidad patronal. Allí ya existía una asociación empresarial alternativa desde hace mucho tiempo, Pimec, que daba voz a las pequeñas y medianas empresas y se repartía con Foment —la rama catalana de CEOE— la representatividad en las mesas desde la época del expresident convergente Jordi Pujol: el 25% para los primeros y el 75% para los segundos.

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Sin embargo, las discrepancias entre ambas sobre el método para establecer ese reparto estuvieron judicializadas durante décadas, mientras se sucedían todo tipo de movimientos para romper ese equilibrio: intentos de fusión, escaramuzas protagonizadas por la Generalitat independentista —más favorable a Pimec— e incluso la creación de una tercera patronal, satélite de Foment (Fepime), que llegó a ser reconocida como representativa por los tribunales, pero no en los órganos autonómicos.

En el fondo, la discusión siempre ha sido la misma, que se repite ahora a escala nacional: ¿realmente la patronal de las grandes empresas puede representar al mismo tiempo a las pequeñas y medianas? En Cataluña, se llegó a la conclusión de que no: como el PP y el PSOE con el Poder Judicial, Foment y Pimec sellaron una frágil paz en 2019 a través de un acuerdo que se repartía prácticamente a partes iguales las sillas y suponía la renuncia de Fepime a su condición representativa y el reconocimiento de su vinculación a Foment (hoy en día ya está plenamente integrada, igual que Cepyme en la CEOE).

En esencia, se asumió que a las grandes empresas las representaría Foment y a las pymes, Pimec, se consagró la unidad de acción entre ambas y se esquivó el elefante que siempre ha estado en la habitación: el desarrollo normativo del Estatuto de los Trabajadores para establecer un método de recuento de la representatividad de cada una.

El objetivo es replicar el modelo catalán, en el que unos representan a las grandes empresas y otros a las pymes, en el conjunto del país

Por ahí ya andaba José María Torres, fundador de la tecnológica Numintec, que recibió en 2017 el premio a los valores a la empresa entregado por Pimec. Patrón de su fundación, Torres había sido una figura destacada del activismo a favor de la segunda oportunidad para los emprendedores y en la llamada Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que pretendía endurecer las leyes sobre pagos a proveedores. A partir de ese magma asociativo, Pimec se alió con otras patronales territoriales y sectoriales (COAG, líder en agricultura; Fenadismer, la más representativa del transporte; Uatae, de autónomos; Anpier, que reúne a más de 5.000 productores de energía fotovoltaica...), en general de carácter más progresista que las integrantes de CEOE-Cepyme, para constituir primero la Plataforma Pymes (2018) y, más adelante, Conpymes (2021).

"Están ahí por la gracia de Dios"

Solo unos meses después de la famosa presentación en sociedad con Díaz y Gómez, Torres se convirtió en el líder de la nueva confederación e inició una agenda frenética de reuniones con los dirigentes de todos los partidos, varios ministros y diferentes representantes del diálogo social —jamás con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi— para recabar apoyos con un único objetivo: replicar en el resto del país el modelo catalán, en el que unos representan a las grandes empresas y otros, a las pequeñas y a los autónomos, pues considera que la integración de Cepyme en CEOE la invalida para erigirse en voz de las pymes. "Están ahí por la gracia de Dios. Pedimos que se democratice el diálogo social y que la representatividad se cuente", asegura a El Confidencial.

Hasta ahora, casi nadie ha querido poner las cartas sobre la mesa, pese a que las instituciones europeas han instado a ello en diversas ocasiones: la duda sobre cómo calcular el peso del 10% a escala nacional o del 15% a escala regional para considerar representativa a una patronal persiste. Solo algunas autonomías, como Galicia, Cantabria o Baleares, han aprobado leyes de participación institucional en ese sentido, que en el último caso ha supuesto el reconocimiento de Pimeb, uno de los integrantes de Conpymes. Tampoco lo ha hecho el Ministerio de Trabajo en casi medio siglo, lo que ha servido para perpetuar un statu quo que amenaza con resquebrajarse.

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De momento, Conpymes ha iniciado un procedimiento judicial para solicitar que se emprenda el recuento, al considerar que cumplen el requisito del 10%, mientras que no existe ningún expediente oficial que atribuya a CEOE o Cepyme el carácter de más representativo que exige la ley. Estar dentro o fuera ha sido hasta ahora una cuestión de tradición, pero es probable que la situación cambie pronto. Como adelantó El Confidencial, el Gobierno ha incluido en su Plan anual normativo para 2024 una ley para "desarrollar las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional". El departamento dirigido por Yolanda Díaz será el proponente de la norma.

Los movimientos de Díaz

Aunque todavía no se ha iniciado la tramitación, Trabajo y otros ministerios sí han dado otros pasos para abrir determinados órganos a la competencia. Esto ha soliviantado a la patronal oficial, cada vez más distanciada de Díaz, a la que acusan de querer reformar de manera encubierta el Estatuto de los Trabajadores tras los acuerdos de la pasada legislatura. Los empresarios ven en Conpymes un caballo de Troya instigado por la ministra para debilitar su posición. El malestar resulta especialmente palpable entre los integrantes de Cepyme, pero en las últimas semanas también se han ido despertando importantes suspicacias en el resto de actores e instituciones que forman el diálogo social.

Todos los movimientos tienen un rasgo común: la unilateralidad. El primero llegó en febrero, cuando Trabajo comunicó por carta a la CEOE que introduciría a Pimec en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos; el último llegó la semana pasada, cuando este periódico adelantó que Industria incluiría a Conpymes en el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, al tiempo que la patronal catalana también estará en el Consejo Estatal de la Pyme. Todos ellos son órganos nacionales, pero mientras que la inclusión de Pimec resultaba casi inevitable, en virtud de su largo reconocimiento como representativa en Cataluña, la de Conpymes supone abrir la puerta para reconcerla, de facto, como representativa en el conjunto del país.

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La respuesta institucional de la patronal oficial ha sido el silencio, y lo sigue siendo ahora: este periódico ha tratado de obtener la versión de CEOE a través de canales formales e informales, con escaso éxito. Desde la organización presidida por Antonio Garamendi se remiten al único comunicado que menciona la controversia, del pasado mayo, en el que acusaban al Gobierno de querer romper el diálogo social.

El casus belli entonces fue la modificación de la ley que regula el funcionamiento del Consejo Económico y Social (CES), máximo órgano asesor del Ejecutivo en materia sociolaboral, para dar cabida a Pimec entre sus 60 miembros. Como adelantó El Confidencial, Díaz coló la modificación en el real decreto de la reforma del subsidio de desempleo, y dio tres meses a la institución presidida por Antón Costas para modificar su reglamento, lo que permitiría incluir a las organizaciones más representativas en el ámbito autonómico.

Fuentes del CES aseguran que no les queda otra opción que acatar la ley, que supondrá la pérdida de algún representante de CEOE-Cepyme en favor de Pimec, y lamentan no haber sido informados por el Ministerio. La institución, en la que están representados empresarios, sindicatos y asociaciones del tercer sector, emitió una declaración unánime para mostrar su "profundo malestar" por la situación, algo que no gustó nada en Trabajo.

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Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, es uno de los pocos miembros de los órganos de gobierno de la CEOE que no tiene reparos a expresarse sobre el asunto. Y no duda en señalar la mano negra de Yolanda Díaz: "El Ministerio lo que está haciendo es un 'divide y vencerás' con una organización creada ad hoc para sus intereses. Lo que se intenta es debilitar una representación patronal mayoritaria, diría unánime, y llevar el ascua a su sardina". Una fuente veterana con conocimiento del funcionamiento de la patronal añade: "Es una operación política, evidentemente. La hacen los sindicatos para meter el dedo en el ojo a la CEOE. Ven que Garamendi no tiene fuelle para responder a esta guerra y van a por todas".

El frente 'lobístico'

En realidad, la iniciativa no partió del Ministerio, ni tampoco de los sindicatos, que han mostrado su incomodidad con la decisión suscribiendo el comunicado del CES. Comisiones Obreras ha declinado atender a El Confidencial sobre este asunto. Sí lo ha hecho UGT, a través de Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical y negociador principal en la mayoría de los dosieres que están ahora mismo encima de la mesa, como la reducción de jornada: "Con alguna disfunción, el diálogo social en España está funcionando bastante bien. Sí que nos ha inquietado que se haya alterado a través de un real decreto la composición del grupo primero [donde están representadas las patronales] del CES. Hay que ser respetuoso con la ley y, si lo que se pretende es medir la representatividad de las patronales, se debe modificar".

Ni Díaz, ni los sindicatos, ni Sánchez: esta vez, la mano que meció la cuna fue la de Junts, que consiguió introducir a última hora la reforma de la ley del CES en el real decreto a cambio de su voto favorable a la convalidación. Sin embargo, este movimiento, más que una intervención del independentismo, tiene otra lectura menos evidente. Ferran Bel, exdiputado del PdeCAT y lobista de Pimec, fue quien tocó las teclas necesarias en el Congreso para lograr la carambola, según ha sabido este periódico.

La guerra soterrada por la representatividad también se da en un triángulo que juegan tres expolíticos en el Congreso: Bel, Ayllón y Picó

La guerra soterrada por la representatividad también va de eso, de los asuntos públicos, en un triángulo que se juega entre el propio Bel, el expopular José Luis Ayllón, que trabaja para CEOE, y Toni Picó, ex de Unió, que representa a un Foment reforzado en Madrid y mantiene un despacho frente al Congreso. Torres, acusado a menudo de defender los intereses del Gobierno, niega la mayor, y exhibe las fotos con los líderes de todo el arco parlamentario para corroborar que el lobista de Conpymes es él mismo: "Mientras yo sea presidente, no ficharemos a ningún político".

El frente mediático y judicial

Detrás del propio Torres, y también de Pimec, se ha situado a todo tipo de intereses, con algunos titulares muy llamativos y calificativos inclasificables. Para algunos, Pimec es "la patronal independentista", pese a que el candidato ligado a la Assemblea Nacional Catalana perdió humillantemente las últimas elecciones. Para otros, Conpymes es "la patronal de Yolanda Díaz" o "la patronal de Begoña Gómez", en función de en cuál de las dos madrinas de su lanzamiento se ponga el énfasis. Torres se defiende con el ejemplo del último congreso de la organización, que fue inaugurado por el vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Vicente Barrera, de Vox: "Ahora dirán que ha sido la ultraderecha quien ha fundado Conpymes".

El frente mediático permite deducir de dónde proceden las informaciones en función del periódico en que se lean, con cabeceras afines a Pimec, a Foment o a la CEOE —en algunos casos especialmente a Cepyme—, y otras que prefieren soslayar el asunto para no quedarse entre dos aguas. Frente a la locuacidad de Torres, un "karateka huracanado" —así lo definía El Mundo Deportivo en un reportaje sobre su trayectoria deportiva publicado en 1982—, que no tiene nada que perder, la estrategia comunicativa de la patronal oficial es más subrepticia y se basa en filtraciones, aseguran desde Conpymes. "Van a hacer daño y detrás está la CEOE", denuncia Torres. Este medio no ha podido contrastar su versión sobre una supuesta cacería mediática con la de la patronal oficial, que también ha sufrido en sus carnes episodios parecidos, como el del sueldo de Garamendi como falso autónomo y su posterior regularización.

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Entre las informaciones que han escocido a Torres están los retrasos en sus pagos a proveedores cuando era presidente de Numintec, que califica de "bulo" basado en un error en el registro mercantil, y la que este y otros periódicos han publicado respecto a las colaboraciones de esa empresa y Conpymes con la cátedra de la mujer del presidente del Gobierno. "Begoña Gómez es una gran profesional y una persona honesta que siempre ha ayudado en muchas causas sociales desinteresadamente. Yo pongo las manos en el fuego por ella y estoy convencido de que es totalmente inocente de todas las acusaciones que se vierten sobre ella. Conpymes ha apoyado su cátedra y lo seguirá haciendo, como hacemos con otras iniciativas universitarias que promuevan la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial", dice el presidente de la patronal alternativa.

En ocasiones, las noticias también han hecho referencia a los diferentes procesos judiciales que afrontan las patronales de uno y otro signo. Aquí la guerra es, esencialmente, por las subvenciones. Por un lado, Pimec y Uatae (ambas pertenecientes a Conpymes) han sido acusadas por la Fiscalía de fraude en el cobro de ayudas y falsedad documental, al unir irregularmente sus plantillas para obtener 236.000 euros, el doble de lo que tendrían derecho, en ayudas de la Dirección General del Trabajo Autónomo.

Por el otro, el Tribunal Supremo anuló el pasado enero una subvención a dedo de más de 30 millones de euros a CEOE, Cepyme y UGT para organizar cursos de formación, un hecho que ha sido aprovechado por Conpymes para iniciar una batalla legal en pos de unos procedimientos abiertos que permitan competir a las diferentes patronales. "No son los únicos interlocutores [sociales]", por lo que la atribución de posición única "carece de justificación", decía la sentencia.

Los últimos movimientos pueden ser la antesala para que el pastel millonario en subvenciones se reparta entre nuevos comensales

Los argumentos del Supremo ya están siendo utilizados por algunos gobiernos autonómicos para abrir los procesos a otras organizaciones. Es el caso de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, en manos de Vox, que cifró recientemente en una veintena el número de interlocutores sociales que podrían acceder a la línea conocida como DS+.

Lo que está en juego

Además de poder e influencia en la normativa laboral de nuestro país, está en juego muchísimo dinero, recuerda el veterano de la patronal. Los últimos movimientos pueden ser la antesala para que el pastel de abundantes millones de euros en subvenciones —que llegan por múltiples vías— se reparta entre nuevos comensales, al igual que cientos de puestos en un sinfín de organismos, desde el Consejo Social de la UNED hasta la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Hasta ahora, casi todo lo que correspondía a la patronal pasaba de una forma u otra por la madrileña calle de Diego de León, sede nacional que comparten CEOE y Cepyme. El empresario, que conoce muy bien cómo fue la integración de la segunda en la primera, no tiene dudas: "Si la acusación es que CEOE y Cepyme son lo mismo, sí, lo son. Cepyme no es más que una sucursal de la CEOE".

"Estamos acostumbrados a que el Ministerio actúe de manera unilateral, pero no nos vamos a levantar de la mesa", dice un directivo de la CEOE

Un ejemplo lo constituyen las elecciones en la organización de pequeñas y medianas empresas, que siempre ha ganado el candidato que venía apoyado por la CEOE, donde se le reserva una vicepresidencia. Eso no quiere decir, aclara la misma fuente, que Cepyme no presente batalla cuando los intereses de los pequeños y de los grandes están enfrentados. Pero esas disputas siempre se dirimen dentro; hacia fuera, hacia el diálogo social, ambas organizaciones presentan una estrategia de negociación única, que evita que se pongan sobre la mesa los matices entre los intereses de la gran empresa y los de las pymes.

Según los datos de Cepyme, la patronal está compuesta por 56 organizaciones territoriales, 85 sectoriales y más de 3.000 de base, que representan al 99% de las pequeñas y medianas empresas del país. También forma parte de SME United, la organización europea en este ámbito, a diferencia de Conpymes. De momento, no existe ningún método oficial para corroborar las cifras anteriores. Mientras el Gobierno da pasos en esa dirección, Vieites pide mantener la cabeza fría: "Estamos acostumbrados a que el Ministerio actúe de manera unilateral, pero no nos vamos a levantar de la mesa, seguiremos trabajando con los sindicatos".

En el diálogo social, nadie parece querer un cambio, pero cada vez son más los que lo perciben como una posibilidad verosímil. Torres asegura que ha recibido muchas promesas políticas y no tantos avances concretos… Todos ellos, se lamentan en la patronal y los sindicatos oficiales, por la vía de los hechos consumados. A veces, parece que el karateka da patadas al aire; otras, que ha hecho mucho daño. Pero que nadie se equivoque: si finalmente se produce, el fin del statu quo no llegará como un huracán, sino en forma de lluvia fina. Es el proceder habitual de este Gobierno y la mayoría parlamentaria que lo sostiene.