Las nuevas reglas fiscales anticipan un nuevo choque con las CCAA por el margen de gasto

Después de muchos meses de advertencia, el nuevo marco fiscal europeo ya está aquí. Las diferentes administraciones públicas tienen que preparar los presupuestos del próximo año asumiendo ya los nuevos límites que marca la nueva normativa, que en vez de fijar objetivos de déficit, son de gasto. Algunas CCAA han empezado a preparar sus cuentas para el próximo año, pero lo están haciendo a ciegas, porque el Ministerio de Hacienda aún no les ha comunicado las novedades que tienen que cumplir, aseguran varias regiones a este diario.

Las nuevas reglas fiscales son exigentes y se unen a las necesidades de gasto que tienen las distintas administraciones: pensiones, Danidad, Defensa, inversión… Según los cálculos de la Autoridad Fiscal (AIReF), la aplicación de las reglas fiscales a España limitaría el crecimiento del gasto anual al 2,7%. En la última década sólo se habría cumplido en tres ocasiones, coincidiendo con años de congelación de las pensiones. Por ejemplo, desde 2015 hasta 2019 (años de ajuste fiscal), el gasto del conjunto de las Administraciones aumentó un 4% anual.

Estas reglas fiscales obligarán a adoptar decisiones complicadas para repartir el margen de gasto que tendrá España. Por este motivo, la AIReF emitió el miércoles una recomendación al Ejecutivo para que negocie con las distintas administraciones territoriales cómo repartir los esfuerzos fiscales.

Las nuevas reglas fiscales anticipan un nuevo choque entre comunidades autónomas, porque el punto de partida de cada una de ellas es muy diferente. Algunas están en una posición fiscal muy favorable (con déficits y deuda reducidos), por lo que una limitación estricta del gasto les obligaría a tener superávit fiscal. Por el contrario, las CCAA incumplidoras necesitarán que el Estado apriete a las cumplidoras para compensar sus desequilibrios.

En definitiva: toca decidir si se reparte por igual el límite de gasto o si se hace una concesión especial a las CCAA que están más saneadas a modo de premio. Hasta ahora, ningún gobierno se ha atrevido a abordar los objetivos diferenciados porque dará pie al enfrentamiento con algunos territorios. Pero el reparto homogéneo del margen de gasto genera un problema adicional en esta ocasión: como los ingresos crecerán por encima del 2,7%, muchas comunidades acabarían acumulando grandes superávits.

En concreto, trece autonomías llegarían a 2028 con un saldo fiscal positivo. Esto es, más ingresos que gastos públicos. En algunos casos, este superávit llegaría a ser muy cuantioso, de más de 2.000 millones de euros al año. Esto significa que las comunidades cumplidoras estarían obligadas a tener remanentes para compensar a las incumplidoras.

Políticamente se trata de una exigencia muy delicada. ¿Realmente un Gobierno tendrá capacidad para obligarlas a tener un superávit tan cuantioso año tras año? Entre ellas están el País Vasco y Navarra, lo que generaría el rechazo frontal del PNV y Bildu, cuyos votos suelen ser imprescindibles en Madrid.

La infrafinanciación

Podría parecer razonable que las comunidades incumplidoras sean las que tengan unos objetivos más restrictivos. El problema es que se trata de las CCAA peor financiadas, esto es, Comunidad Valenciana y Murcia. Su déficit no es consecuencia de una política fiscal irresponsable, sino de su infrafinanciación, por lo que reclamarán mayor margen de déficit.

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Pero los objetivos diferenciados son un foco de discrecionalidad para el Gobierno y de problemas políticos. La capacidad de presión de cada CCAA sería determinante para fijar la posición de cada una de ellas, agravando el choque interterritorial. Es, sin duda, un equilibrio complicado.

Una vía intermedia puede ser un doble objetivo de gasto. Para las CCAA que cumplen el límite de deuda del 13% del PIB, un crecimiento del gasto algo más laxo (un premio por ser cumplidoras), y para las que estén por encima de este umbral, un límite algo más estricto. El problema de esta vía es que, sin una reforma de la financiación autonómica, tanto Murcia como la Comunidad Valenciana se quedan ancladas en un déficit permanente que generaría una deuda creciente sin límite.

La solución no es sencilla en ningún caso. Y no se soluciona con bajadas de impuestos, como se ha propuesto en numerosas ocasiones: si la Comisión Europea pone un límite al gasto, el exceso de recursos se puede destinar a bajar los impuestos. El motivo es que la limitación del gasto es neta de medidas de ingresos. Esto es, si se bajan los impuestos hay que recortar el gasto en la misma cuantía. Y para subir el gasto por encima del límite, hay que subir también los impuestos.

Por si fuese poco, las pensiones

El límite de crecimiento del gasto del 2,7% que calcula la AIReF (el dato definitivo lo fijará próximamente la Comisión Europea), va a ser todavía más exigente. El motivo es que hay que hacer hueco al gasto en pensiones. La Autoridad Fiscal calcula que la Seguridad Social tendrá un incremento del gasto anual del 3,9% neto de medidas de ingresos. Esto es, se comerá una buena parte del gasto que le correspondería al resto de Administraciones.

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En concreto, habría que recortar en casi un 20% el margen de gasto del resto de subsectores para hacer hueco a las pensiones. El crecimiento del presupuesto pasaría del 2,7% anual al 2,2%. Esto limita aún más la capacidad del Gobierno para contentar a los territorios y minimizar el choque entre autonomías. Las pensiones tendrían así un estatus privilegiado respecto del resto del gasto público.

La AIReF ha hecho otro cálculo que es ilustrativo. El Gobierno podría optar por conceder un margen de crecimiento del gasto a las CCAA superior al 2,7% para otorgar objetivos asimétricos y premiar así a las cumplidoras. Para estas, el crecimiento del gasto podría llegar a ser similar al crecimiento del PIB nominal (de casi el 3,5% anual).

Esta concesión podría apaciguar los ánimos de las CCAA, pero limitaría gravemente el margen de gasto de la Administración Central, que apenas podría aumentar su gasto un 0,5% anual. Esto es, tendría que renunciar a un gasto público anual de 16.000 millones de euros anual en el año 2028 y prácticamente no podría hacer ningún tipo de política fiscal durante los próximos siete años. Por ejemplo, no tendría recursos suficientes para cumplir los compromisos de incremento del gasto en Defensa, de los intereses de la deuda o de las clases pasivas. Una calle sin salida.