CEOE aprovecha la debilidad de Díaz para lanzarle un órdago que por fin se puede permitir

La negociación para la reducción de la jornada laboral, que sigue sin cerrarse en el seno del diálogo social, es diferente a las demás, y por eso está teniendo una evolución tan extraña. Primero, el Ministerio de Trabajo accedió a que la CEOE lo excluyera de las conversaciones: se conformó una mesa bipartita solo entre la patronal y los sindicatos, que no dio resultado. Tras meses infructuosos, la cuestión regresó a la mesa tripartita habitual, que se ha venido reuniendo todos los lunes desde el pasado 16 de junio. Gobierno y sindicatos ya tienen la reforma perfilada, pero el pacto no se cierra por las discrepancias con la patronal. Por San Juan, Trabajo amenazó con quemar los puentes y cerrar la carpeta si los empresarios no presentaban un texto alternativo en la siguiente convocatoria. Pero llegó el 1 de julio y el ultimátum no se cumplió. Perro ladrador, poco mordedor.

Esta vez, la posición de fuerza no la tiene el ministerio, sino la patronal. La razón está en las propias características de la reforma —que busca reducir la jornada desde las 40 horas actuales hasta las 37,5 en 2025 sin que se produzca una merma salarial—, pero sobre todo en el contexto político: la debilidad de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y de los apoyos parlamentarios del Gobierno de coalición convierten el concurso de los empresarios en un vector más valioso que nunca, mientras los tambores de fin de ciclo político dan alas a las boutades de la CEOE.

A un lado, se juegan una de las grandes promesas de la legislatura y prácticamente la única bala que le queda a Sumar para marcarle el camino al socio mayoritario de la coalición, que le está haciendo el abrazo del oso, como se vio reflejado en los resultados de las últimas elecciones europeas; al otro, lo peor que puede ocurrir es que finalmente salga adelante una reforma rebajada para obtener el beneplácito parlamentario, y que el PP la jibarice aún más cuando llegue al poder, con el pretexto de que no fue validada en el diálogo social por haber excluido a los empresarios.

Las palabras del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el pasado martes, día después de que expirase el falso ultimátum, dejan claro quién es el que realmente se puede permitir quemarlo todo: "¿No era ayer? ¿Por qué una semana más? Que lo hagan ya". Solo unas horas después, Díaz anunciaba en el Consejo de Ministros que presentaría en la reunión de este lunes una nueva propuesta a los empresarios. En definitiva: Trabajo dijo que dejaría el asunto cerrado con los sindicatos si la patronal no le enviaba una documento por escrito, pero al final es el propio ministerio el que ha bajado las orejas y redactará un nuevo papel para ver si es capaz de atraer a la patronal.

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Entretanto, se han sucedido las acusaciones, en público y con un nivel de agresividad poco habitual, incluso para la tensión que se acumula durante los últimos meses. Joaquín Pérez Rey, número dos de Díaz, acusó primero a los empresarios de burlarse del diálogo social. Garamendi respondió diciendo que el Gobierno imponía un monólogo: "Hay que hacer lo que ellos digan". Y Cepyme, siempre en la vanguardia de la combatividad frente a Díaz, convirtió su Asamblea General del pasado miércoles en un acto contra el Ejecutivo, con la inestimable colaboración de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El "basta ya" de las pequeñas y medianas empresas venía labrándose desde hacía tiempo y, según fuentes de la patronal, surgió de abajo a arriba. Ningún miembro del Gobierno estuvo presente para encajar las críticas, recogidas en el Manifiesto de la pyme española por la libertad de empresa.

La estrategia da resultado

En ese mismo acto, en el que se acusó al Ejecutivo de "comunista", Garamendi matizó que la patronal no se iba a levantar de la mesa. Es el doble papel que juegan habitualmente los empresarios: CEOE, que representa a las grandes compañías, mantiene una posición más institucional, mientras que Cepyme va con todo. Al final, no cabe mejor ejemplo de la posición de fuerza de la patronal que el boicotear la negociación desde los diferentes frentes mientras continúa en ella. Y la estrategia parece que le está dando resultado.

Cuerpo irrumpió con un 'haiku' desde Japón: "Lo importante es lograr un punto de equilibrio"

Al día de siguiente a la reunión anual de Cepyme, algunos de los movimientos de las últimas fechas cobraron sentido. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, irrumpió en la negociación en una entrevista en Más de uno, el matinal que dirige Carlos Alsina en Onda Cero. El periodista había relatado unos minutos antes las portadas de algunos medios afines a la patronal, donde se recogía con grandes titulares que las pymes iban "al choque" contra el Gobierno, tras haber publicado un "manifiesto histórico". En ese contexto, Cuerpo pronunció un haiku desde Japón, donde se encontraba en una misión comercial. Significó mucho diciendo lo mínimo: "Lo importante es encontrar un punto de equilibrio. Existe margen y flexibilidad para llegar a ese acuerdo".

En los días anteriores, algunas fuentes empresariales habían dejado entrever que, si Díaz se cerraba en banda, siempre podrían tocar la tecla de Economía, como en las épocas de Nadia Calviño. Desde Cepyme confirmaban las conversaciones, aunque las enmarcaban en la normalidad institucional. El ministerio de Cuerpo, con más tecnócratas que activistas, siempre ha sido más sensible a las demandas de la patronal, en contraste con las afrentas que, desde el punto de vista de los empresarios, han proliferado desde Trabajo. Como es obvio, el peso de la negociación le corresponde al departamento de Díaz, pero Cuerpo deslizó a Alsina que su negociado también tiene algo que decir a la hora de fijar la posición conjunta del Gobierno.

Del ultimátum al "mejor no correr"

Desde entonces, solo ha habido buenas palabras a uno y otro lado de la mesa (el tercero es el sindical, que siempre ha mantenido una actitud constructiva). Fuentes socialistas han comunicado en los últimos días que, pese a que la voluntad del Gobierno de aprobar la reforma resulta irrenunciable, es mejor "no correr" y "darle una oportunidad al diálogo". Lejos queda el ultimátum de Trabajo, que urgía a cerrar la negociación antes del verano con los sindicatos para llevar cuanto antes al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de reforma del Estatuto de los Trabajadores, que después deben refrendar las Cortes.

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Al final, la historia se repite: Moncloa y los ministerios socialistas median con la patronal para favorecer un acuerdo con Díaz. Sin embargo, esta vez existen matices muy relevantes respecto a la reforma laboral y los numerosos pactos firmados en la pasada legislatura. La debilidad de la vicepresidenta segunda en el Gobierno y, sobre todo, de los apoyos parlamentarios del propio Ejecutivo, hacen que en Diego de León —la madrileña sede de CEOE y Cepyme— se sientan con la sartén por el mango. La negociación se dirime en tres círculos concéntricos: el propio diálogo social, el seno del Ejecutivo y el Parlamento. Y, como dejó entrever Cuerpo en la entrevista radiofónica, el concurso de la patronal en el primero de ellos será esencial para que la medida conseche los apoyos necesarios en el último. "Incluso del PP", llegó a aventurar.

Las mayorías en el Congreso han cambiado y, para que el proyecto de ley que lleve el Ejecutivo a las Cortes pueda salir adelante, resulta imprescindible el concurso de los nacionalistas conservadores del PNV —ya lo era antes— y, sobre todo, de Junts. Esta última pieza es la gran novedad de la legislatura, y la reforma del subsidio de desempleo ya dejó claro que no da sus votos a cambio de nada. Entonces, coló a la patronal de pymes catalanas Pimec en el Consejo Económico y Social; ahora, Pimec se opone a la propuesta de Díaz, otro elemento que hay que poner sobre la mesa a la hora de configurar el puzzle.

Tranquilidad en la gran empresa

En febrero, una proposición no de ley para la reducción de la jornada presentada por Sumar recibió la abstención de los independentistas catalanes y el voto favorable de los vascos. En esta última comunidad, la medida auspiciada por Díaz tendría un menor efecto, ya que el mayor peso de la industria y de la gran empresa sindicalizada hace que muchos convenios colectivos ya recojan un horario similar. De hecho, el 17% de los trabajadores del conjunto de España ya tiene jornadas de 37,5 horas o menos, según el Ministerio de Trabajo. La heterogeneidad entre los sectores resulta muy notable, con la hostelería entre los más afectados por una medida que, de acuerdo con los cálculos de Cepyme, supondría un impacto de 12.000 millones de euros.

Las reivindicaciones de los empresarios por fin encuentran eco en el seno del Gobierno

Consciente de estos datos, la gran empresa respira tranquila. Son las pymes, especialmente en ámbitos más intensivos en mano de obra y que trabajan con horarios de atención al público muy determinados, las que tienen la mosca detrás de la oreja. Propuestas como un incremento del máximo de horas extra permitidas ya han sido desechadas por Trabajo, aunque Cuerpo se ha mostrado dispuesto a hablar de elementos de flexibilidad como las bolsas de horas o la adaptación de la reforma a las peculiaridades de cada sector. Para que esto sea posible, la patronal pide que la reducción de jornada se aterrice a través de la negociación colectiva.

De momento, parece que sus reivindicaciones empiezan a encontrar eco en el seno del Gobierno, a diferencia de lo que ocurrió con algunos de los desacuerdos recientes, como el alza del salario mínimo, que es una prerrogativa exclusiva del Ministerio de Trabajo. Díaz no puede reformar la jornada unilateralmente, y el Ejecutivo sabe que el concurso de los empresarios puede ser el aceite que desengrase los apoyos parlamentarios, así como la mejor garantía para que el PP no deshaga el camino andado cuando, tarde o temprano, llegue al poder. Garamendi también lo tiene claro, y por eso ha tensado la cuerda al máximo, sin miedo a que se rompa.

Trabajo lanzó un ultimátum a la CEOE y se lo acabó envainando. En realidad, el verdadero órdago es el que le han echado los empresarios a la vicepresidenta segunda, ahora que la debilidad de esta por fin se lo permite. El lunes a las 9.30, nueva reunión de la mesa de negociación.