La trampa que dejó Escrivá y que acerca los ajustes presupuestarios en la Seguridad Social

El exministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, incorporó a la reforma de las pensiones un mecanismo novedoso en España. Una cláusula de corrección en caso de desviación del déficit que activaría medidas de ajuste de forma automática. En concreto, obliga a poner en marcha una subida de las cotizaciones sociales o un recorte de las pensiones (o ambos) si se detecta que la norma ha horadado la sostenibilidad del sistema. Y el encargado de hacer ese cálculo es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Sin embargo, la redacción de la ley esconde que el umbral está más alto de lo previsto, lo que complica drásticamente que sea alcanzable.

Esta cláusula de corrección sirvió para que la norma pase el filtro de la Comisión Europea. Sin embargo, el ministro era consciente de que la reforma deterioraba la sostenibilidad del sistema, por lo que se exponía a un informe crítico de la AIReF. Para evitarlo, decidió poner límites a los cálculos que puede hacer la Autoridad Fiscal para valorar la norma y, en su caso, activar las medidas correctoras. Por el lado de los gastos, tendrá que utilizar los números del Ageing report que básicamente elabora el Ministerio de Economía.

Y por el lado de los ingresos, solo podrá valorar el impacto de las medidas de la reforma de pensiones. En concreto, tendrá que medir “el impacto anual medio de las medidas de ingresos”. Esta es la trampa en la que cayó el exministro y que podría forzar la activación de las medidas correctoras, porque solo se tendrán en cuenta las medidas de ingresos aprobadas. Un extremo del que ya es consciente la nueva ministra del ramo, Elma Saiz.

Sin embargo, en este periodo se han aprobado otras normas que también están elevando los ingresos por cotizaciones sociales. Esto incluye la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que ha provocado incrementos de las bases de cotización. Y otras indirectas, como la reforma laboral o la ejecución de los fondos europeos que, según el propio Gobierno, han logrado reducir la tasa de paro estructural. Y, por tanto, generar un aumento permanente de los ingresos sobre el PIB.

Si los números ya estaban ajustados teniendo en cuenta todos los nuevos ingresos, esta limitación establecida por Escrivá reduce drásticamente las posibilidades de evitar la activación de las medidas correctoras. En primer lugar, porque las previsiones de gasto superan, en todos los casos, el umbral del 15% que fijó el Gobierno en la ley, acercándose al 17% en el año 2050.

Esto obligaría a elevar los ingresos en unos 3,5 puntos del PIB, una cuantía inalcanzable para las medidas de ingresos adoptadas. De hecho, la medida correctora más relevante de las adoptadas por el Gobierno, los incentivos a la jubilación demorada y la penalización a la jubilación anticipada, apenas generará un ahorro del 1,4% del PIB en el año 2050, según el Ageing report. Esto es, una cifra que ni siquiera alcanza el ajuste mínimo que fijó Escrivá en la ley.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno aprueba otra oferta de empleo récord, la última antes de la 'revolución' de Escrivá

Cotizalia / Agencias

Si no se pueden tener en cuenta el resto de aumento de los ingresos, es prácticamente imposible que no se tengan que adoptar las medidas correctoras que incluye la ley. Es más, incluso aunque se tuvieran en cuenta estos, las probabilidades siguen siendo reducidas, porque el aumento del gasto que provocará la actualización de las pensiones con el IPC y la derogación del factor de sostenibilidad será de 4,3 puntos del PIB, según el Ageing report. Si el punto de partida ya tenía pocas probabilidades, la trampa que dejó Escrivá prácticamente condena a España a introducir severas medidas correctoras en el año 2025.

La ley mandata que los ajustes se pueden introducir por la vía de los ingresos o de los gastos, y tienen que ser dialogadas con los agentes sociales. En el caso de que no se alcanzase un acuerdo, se subirían automáticamente las cotizaciones sociales de forma progresiva cada año hasta neutralizar el exceso de gasto. Esto es, se trata de un ajuste automático similar al que introdujo la reforma de Mariano Rajoy, pero esta vez recae sobre los ingresos y no sobre los gastos. En otras palabras, el esfuerzo tendrán que hacerlo los trabajadores, mientras que los pensionistas quedan blindados.