La CEOE reclama que el Estado compense el coste extra de la reducción de jornada

La negociación para la reducción de jornada ha entrado esta semana en una nueva fase. Del choque frontal entre Trabajo y la CEOE se ha pasado a un intercambio de propuestas para tratar de conseguir un acuerdo tripartito. La patronal ya no se opone a la medida y está buscando limitar el impacto que le pueda generar a las empresas. En especial, a las pequeñas, que son quienes tienen menor capacidad para lidiar con un aumento de los costes y una reducción del tiempo de trabajo.

Fuentes de la patronal señalan que el principal objetivo de cara a las negociaciones es limitar el impacto económico que van a sufrir las empresas. Por eso, le han reclamado al Ministerio de Trabajo que el Estado se haga cargo de una parte de este aumento de los costes en los sectores o empresas más afectados por la medida. Entre las posibles soluciones planteadas por la CEOE se encuentra la reducción del pago que hacen las empresas por las bajas médicas, los permisos retribuidos o que se actualicen los contratos públicos en vigor para que recojan este aumento de los costes.

En última instancia, el recorte de la jornada laboral supone un doble aumento de costes. Por una parte, porque no se tocaría el salario total del trabajador, provocando un incremento de la retribución por hora trabajada del 6%. Y, por otra parte, porque obligaría a contratar a más trabajadores para mantener la misma carga de trabajo. Una reducción de 2,5 horas en la jornada laboral semanal significa que es necesario contratar a un trabajador adicional por cada 16 empleados para mantener el mismo volumen de horas trabajadas.

Por este motivo, la patronal busca ahora que el Estado asuma una parte de los costes de esta medida. Así lo insinuó el propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el martes tras la Asamblea General: la reducción de jornada "equivale a regalar por decreto casi 12 días de vacaciones al año pagadas por la empresa".

"Equivale a regalar por decreto 12 días de vacaciones al año pagadas por la empresa"

Este reparto de costes no sería directo. Al menos, no es lo que reclama la patronal. Se articularía a través de otros gastos que soportan actualmente las empresas. El que señalan los empresarios con más ahínco es el de las bajas médicas (incapacidad temporal), que actualmente abona el empleador. En el caso de la enfermedad común, paga el equivalente al 60% de la base reguladora (aunque podría llegar hasta el 100% si está acordado en convenio) desde el cuarto día de baja hasta el decimoquinto. Y en el caso de los accidentes y enfermedades laborales, la empresa asume íntegramente el pago equivalente al 75% de la base reguladora.

Las empresas llevan meses denunciando que el absentismo se ha convertido en un grave problema, tanto por las horas de trabajo perdidas como por el coste que les supone. De ahí que pueda ser una moneda de cambio para repartir los costes de la reducción de jornada.

Otra de las opciones planteadas es el traspaso al Estado de los costes de los permisos retribuidos actuales. Los permisos son ausencias del puesto de trabajo por diversas causas estipuladas, como son el cuidado de familiares, enfermos o su fallecimiento, mudanzas, 15 días de luna de miel tras el matrimonio, etc. Otra de las reclamaciones ya tradicionales de la patronal es que se actualicen los contratos de las Administraciones Públicas para incorporar el sobrecoste imprevisto que tendrían que asumir las empresas por la reducción de la jornada laboral.

TE PUEDE INTERESAR

Moncloa vuelve a dar bola a Sumar para favorecer su recuperación electoral, vital para Pedro Sánchez

Marisol Hernández

La patronal también está reclamando que se respeten los convenios colectivos en vigor y que la reducción de las horas de trabajo se apliquen a medida que vayan venciendo. Esta es una reclamación que es clave, ya que las empresas conseguirían incorporar a las mesas de negociación colectiva el aumento indirecto de los salarios. Las empresas podrían incorporar este sobrecoste a la subida salarial pactada en los convenios y, de esa forma, contrarrestar las exigencias de los trabajadores o los sindicatos.

Todas estas medidas podrían ir encaminadas a aliviar los costes laborales crecientes que están soportando las empresas y sectores en una situación más precaria. Se trata de actividades como la agricultura, la hostelería, el comercio o los servicios auxiliares, que también han sido los más golpeados por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), las bases mínimas de cotización o la reforma laboral. "Se pueden hacer muchas cosas para aliviar a las pequeñas empresas", explicó el vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, en declaraciones a la Cope, "lo que tiene que haber es voluntad política, como hubo en Francia cuando se ayudó a las pequeñas empresas por la bajada de la jornada laboral".