Bruselas sitúa a España entre los países que peor gestionan las ayudas contra la pobreza infantil

La pobreza infantil se ha normalizado tanto en España que el sector público ha renunciado a combatirla. El último informe del Centro Común de Investigación (JRC), dependiente de la Comisión Europea, sitúa a España en el segundo peor puesto en reducción de la tasa de riesgo de pobreza infantil por parte del sector público. Prácticamente, está empatado con el peor, Portugal. "España provee relativamente pocas ayudas directas a la infancia", señala el estudio.

En concreto, España es el tercer país que menos ayudas públicas dedica a la reducción de la pobreza infantil (de los menores de edad). En concreto, supone apenas el 4% del PIB per cápita del país, sólo por delante de Grecia (un país asolado por los recortes) e Irlanda (donde el PIB está inflado por las multinacionales y no refleja la realidad de la vida de la población). Muy lejos se sitúan los países líderes de la Unión Europea. El primero es Austria, donde las ayudas alcanzan el 12% del PIB per cápita total.

Esta cuantía limita la capacidad de las Administraciones Públicas para combatir el riesgo de pobreza infantil. En España, uno de cada tres menores de edad se encuentra en esta situación, el peor dato de todos los países de la eurozona.

Pero, más allá de la escasez de ayudas públicas, el informe señala la escasa eficacia redistributiva que tiene el diseño del gasto en España. Las rentas altas capturan la mayor parte de las prestaciones, por lo que su eficacia en la reducción de la pobreza infantil se reduce drásticamente. "Las ayudas a la infancia no tienen un patrón que favorezca a los pobres", explica el estudio. Tanto las ayudas directamente relacionadas con la infancia, como los beneficios fiscales, son capturadas fundamentalmente por las rentas más altas.

Según el estudio, el top 10% de la población con más renta es también la que más ayudas recibe. En concreto, las familias con hijos situadas en el decil 10 consiguen algo más de un 5% de su renta disponible gracias a estas ayudas a la infancia. Por el contrario, el 10% con menos ingresos apenas logra el 3% de los ingresos con estas ayudas.

Esta gran diferencia se debe a que buena parte de las prestaciones públicas a la infancia tiene carácter contributivo, como son las prestaciones de maternidad o paternidad, o se aplican como beneficios fiscales. En el primero de los casos, la prestación depende directamente de la cotización realizada, esto es del salario de los progenitores. En el segundo, las bonificaciones se aplican a través del impuesto a la renta, por lo que sólo pueden aprovecharlas íntegramente aquellos que más pagan en el tributo.

"Las desgravaciones fiscales aportan mayores beneficios a los deciles de ingresos más altos, ya que los aumentos de ingresos permiten acceder a cantidades mayores de créditos fiscales ofrecidos", señala el estudio. España no tiene aplicado un sistema de impuestos negativos, por lo que las familias que no llegan al mínimo de tributación no pueden beneficiarse de la desgravación por familiares a cargo.

Este problema también fue abordado por el comité de expertos para la reforma fiscal nombrado por el Ministerio de Hacienda. En concreto, calculó que el Estado se ahorra más de 2.100 millones de euros al año (con cálculos realizados antes de la crisis inflacionista) porque las rentas bajas no pueden beneficiarse de las deducciones a las familias con hijos. “El IRPF en España tiene muy poca incidencia sobre la pobreza infantil, a pesar de su papel central en las políticas redistributivas”, concluían los expertos.

"Las desgravaciones aportan mayores beneficios a los deciles de más ingresos"

El resultado es que las ayudas a la infancia "generan una distribución bastante favorable a los ricos", concluye el estudio de la Comisión Europea. Una forma de subsanar este problema sería potenciar la categoría de otras ayudas, que son aquellas que están vinculadas a otra política pública que sí está dirigida a rentas bajas. Por ejemplo, son los complementos por hijos a cargo que se incluyen en las prestaciones por desempleo o en el ingreso mínimo vital. Se trata de ayudas que no están diseñadas directamente para la infancia, sino que cuelgan de otra prestación, pero que se dirigen específicamente a los deciles de menor renta. Como se observa en el gráfico, estas ayudas sí alcanzan a las rentas inferiores, pero no consiguen llegar al primer decil (el 10% con menos ingresos), que se mantiene al margen del sistema.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también señaló el miércoles los problemas que tiene el ingreso mínimo vital a la hora de combatir la pobreza infantil. Apenas uno de cada tres de los hogares que podrían recibir esta ayuda la está cobrando. El resto, o no la ha solicitado, o la tiene denegada o en tramitación. Este grave problema de penetración de la prestación hace que España siga fracasando en la reducción de la pobreza infantil.

En España se produce la tormenta perfecta: una elevada desigualdad de mercado (con muchos niños en familias de ingresos bajos), combinada con escasas ayudas públicas y mal diseño. El resultado se evidencia en el siguiente gráfico.

España aparece descolgada del resto de los países europeos. En concreto, se sitúa muy a la derecha, lo que representa que la tasa de pobreza infantil antes de la intervención pública es muy alta; y muy abajo, lo que significa que la reducción de la pobreza que realizan las políticas públicas es muy limitada. Lo normal en países con mucha pobreza de mercado es que el sector público intervenga para hacer una gran reducción de la misma, pero esto no ocurre en España. Los presupuestos públicos dejan de lado a las familias con hijos a cargo.

Hasta el Consejo Económico y Social (CES) ha realizado un informe reciente para denunciar el problema de la pobreza infantil en España. En palabras del presidente de la institución, el prestigioso economista Antón Costas, esta situación es una "lacra lacerante" y una "inmoralidad como país". Hasta que no se diseñe una política que consiga llegar hasta las familias de las rentas bajas y se le otorgue el presupuesto público suficiente, no será posible corregir la pobreza infantil marca España.