Por qué las ayudas a los hijos de los ricos contribuyen a reducir la pobreza infantil

España se ha convertido en el país de la eurozona con mayor proporción de niños en situación de pobreza. Uno de cada tres niños se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. En 2015, España era el cuarto peor, mejorando los registros de Italia, Lituania y Grecia, pero en este periodo se han deteriorado los registros hasta el punto de ser el peor de todos los países del euro.

Hay varias causas que han provocado esta situación. La más importante es el paro y la pobreza laboral, que condenan a muchas familias a depender de las prestaciones sociales para salir de la pobreza. Es aquí donde surge el segundo de los problemas: España destina pocos recursos públicos a la infancia (el tercer país del euro con menos ayudas en porcentaje del PIB per cápita) y su reparto es muy deficiente, de modo que la mayor parte de los recursos se destinan a las rentas altas.

La suma de un mercado laboral ineficiente y una escasa voluntad política de ayudar a la infancia ha derivado en la situación actual que vive el país. En palabras del presidente del CES, el prestigioso economista Antón Costas: "la pobreza infantil no solo es un problema moral, también impide el desarrollo de un tercio de la población del país".

Para solucionar este problema hace falta voluntad política. Pero también soluciones eficaces. Desde el mundo académico ha tomado fuerza la propuesta de una prestación universal contra la pobreza infantil. Esto es, una ayuda pública para todos los niños, con independencia de los ingresos de los padres. El instituto Iseak, experto en análisis de pobreza, incluso ha cuantificado cuánto costaría esta política: 19.000 millones de euros al año que reducirían un 40% la pobreza infantil extrema.

La propuesta puede parecer contraproducente: ¿cómo puede ayudar a reducir la pobreza una ayuda que beneficia también a las familias ricas? La respuesta es sencilla: las políticas dirigidas exclusivamente a los pobres no llegan. En España el mejor ejemplo es el ingreso mínimo vital. Tres años después de su aprobación, apenas cubre al 36% de sus potenciales beneficiarios, un porcentaje que lleva un año estancado. Además, el 56% de los potenciales beneficiarios ni siquiera lo ha solicitado.

La pobreza no es solo una cuestión económica, también lo es social. Se trata de grupos de la población poco integrados en el sistema público a los que es muy difícil llegar. En primer lugar, porque ni siquiera les llega la información sobre las ayudas a las que tienen derecho. Y, en segundo, porque tienen que demostrar que no superan los umbrales de renta y riqueza fijados, lo que les exige una burocracia para la que no están preparados.

"La ayuda universal reduce drásticamente las dificultades burocráticas. Tal es así, que se podría conceder la prestación de oficio"

Es cierto que es posible reducir trabas y favorecer que las ayudas específicas a las rentas bajas aumenten su cobertura, pero es complicado conseguir un impacto como el que logran las ayudas universales. Este es el principal argumento de quienes defienden una prestación universal para la infancia.

La ayuda universal reduce drásticamente las dificultades burocráticas. Tal es así, que se podría conceder la prestación de oficio. Solo es necesaria la información que ya posee del registro de población y un número de cuenta bancaria. El problema es que esta política es cara, porque es poco eficiente. Si un tercio de los niños está en riesgo de pobreza, significa que dos tercios de la ayuda universal no tendría ningún efecto en la reducción de esta tasa. Aun así, sería una prestación progresiva, porque una cuantía idéntica para todas las familias supone un porcentaje de incremento superior para los que tienen menos ingresos.

Las ayudas destinadas a familias con pocos recursos son mucho más eficientes en la lucha contra la pobreza. Así lo pone de relieve un estudio elaborado por el Centro Común de Investigación (JFR) dependiente de la Comisión Europea y elaborado en la sede de Sevilla. "Las ayudas vinculadas a los ingresos son, de media, más eficientes para alcanzar a las familias empobrecidas con hijos", concluyen los autores.

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En España, por ejemplo, este tipo de ayudas (principalmente complementos en las prestaciones por desempleo y en el ingreso mínimo vital), suponen apenas un tercio del total del presupuesto, pero generan la mitad de la reducción de la tasa de pobreza. La solución parece evidente: vincular las ayudas a la renta de los padres. Pero no es tan fácil, porque el problema es que este diseño deja fuera a muchas familias que lo necesitan.

Volviendo al ejemplo de España, el 10% de las familias con menos ingresos reciben menos ayudas de este tipo que las de los tres deciles superiores. Pero deberían ser las más beneficiadas. "Habitualmente estos beneficios no son adecuados para sacar a las personas de la pobreza", escriben los autores del estudio. Por este motivo, los países que logran mejores resultados combinan ayudas universales con otras dirigidas específicamente a las rentas bajas. "La combinación de ayudas universales y dirigidas aseguraría cobertura y también recursos adicionales para los más necesitados", señala el estudio.

Existe un argumento adicional de los expertos que defienden la ayuda universal: crear una base de datos administrativa con la información básica de las familias. "Esto supondría un gran avance social en términos de eficiencia de las prestaciones focalizadas complementarias a esta prestación universal", escriben Lucía Gorjón y Gonzalo Romero en su estudio para Iseak. La evidencia empírica muestra que una ayuda universal a la infancia no es la fórmula más eficiente, porque necesita de un amplio presupuesto público, pero es la más eficaz para llegar hasta las clases más populares.

La decisión no es sencilla. El CES ha propuesto una prestación universal para todos los niños menores de 3 años. Su argumento es que el perceptor de esta ayuda es el niño, "que tiene unos derechos propios al margen de la familia en la que vive". El CES justifica esta medida en que es más progresiva que las ayudas actuales que son muy regresivas, como los beneficios fiscales por el cuidado de hijos o los permisos de maternidad, ya que tienen un mayor peso sobre la renta de las clases más bajas.

El CES da, además, otro argumento de peso a favor de la prestación universal hasta los tres años. Esta es la etapa más importante de desarrollo de los menores, por lo que su alimentación es clave para no sufrir problemas de salud en el futuro. Por este motivo es imprescindible acabar con cualquier resquicio de pobreza en esas edades. A corto plazo supone una inversión que generará retorno en el largo plazo, sostiene el Consejo. Invertir en los niños y los jóvenes siempre ofrece una rentabilidad positiva con excede las posibles ineficiencias que pueda tener una prestación universal.