Adiós a los años felices del gasto público: el Gobierno pierde margen para negociar los PGE

Si hay una palabra que resume la presentación del techo de gasto y la senda de déficit que realizó la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es "responsabilidad". El Consejo de Ministros ha dado esta semana carpetazo a los felices años del gasto público; comienza la era de las nuevas reglas fiscales europeas, que exigen una importante contención presupuestaria para los países con alta deuda pública. Se completa así un lustro en el que la suspensión de las reglas fiscales y el crecimiento de doble dígito de la recaudación han permitido a las diferentes Administraciones elaborar sus presupuestos con gran alegría.

El Gobierno ha querido dejar claro su compromiso con la estabilidad presupuestaria y con las reglas fiscales que impulsó la exvicepresidenta, Nadia Calviño. Al menos de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2025 que va a comenzar de forma inminente. El gasto no financiero sin fondos europeos crecerá un 3,2%, lo que supone 6.000 millones adicionales. Si se tiene en cuenta que la inflación prevista está cerca del 3% significa que el gasto real no crecerá nada.

De esta cuantía, 1.500 millones ya están asignados a la Seguridad Social para culminar la separación de fuentes. También tendrá que hacerle hueco a la subida del salario de los trabajadores públicos. Aunque la subida salarial del próximo año no está pactada con los sindicatos, en 2023 el gasto en salarios va camino de aumentar en más de 500 millones de euros.

Este límite de gasto marca un nuevo máximo histórico, superando los 195.000 millones de euros, pero el crecimiento se frena notablemente. En 2024 el techo de gasto subió el triple, un 9,3%. En los últimos cuatro años el techo de gasto aumentó un promedio de 15.000 millones de euros cada año, más del doble que en 2024.

La vicepresidenta repitió en numerosas ocasiones que este techo de gasto es "prudente y realista" dadas las limitaciones que fijan las nuevas normas fiscales y su compromiso con la estabilidad fiscal. Se estrecha así el margen con el que cuenta el Ministerio de Hacienda para la negociación de los presupuestos. La propia vicepresidenta explicó que en los próximos días se reunirá con todos los ministros para determinar cuáles de sus propuestas tienen cabida en los próximos presupuestos. O como lo calificó la vicepresidenta, "tenemos que priorizar entre tantísima iniciativa que tienen todos los ministerios".

Ahora empieza el momento más complicado: convencer a los socios de que el margen para hacer concesiones es estrecho. Sobre todo, cuando vean que las previsiones de ingresos son muy superiores. Hacienda prevé que la recaudación fiscal del Estado aumente un 6,2% el próximo año, el doble de crecimiento que el techo de gasto. La consolidación fiscal ya está aquí.

"Tenemos que priorizar entre tantísima iniciativa que tienen todos los ministerios"

El Gobierno ha endurecido su objetivo de déficit para el próximo año, bajándolo del 2,7% al 2,5%. Este cambio es muy relevante porque indica que España podría alcanzar el equilibrio primario ya el próximo año. Esto es, que el gasto público sin contabilizar los intereses de la deuda sea equivalente a los ingresos. O lo que es lo mismo: no gastar más de lo que se ingresa.

Con este control del gasto, Hacienda prevé reducir la deuda pública por debajo del 100% del PIB en el año 2027, lo que terminaría de borrar los desequilibrios que se acumularon durante la pandemia. En palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, "España habrá recuperado el espacio fiscal que utilizó durante la covid".

El Gobierno tiene por delante años de presupuestos casi congelados. El Estado es la Administración sobre la que descansará toda la reducción del déficit público. En concreto, tendrá que pasar de un déficit del 3% en 2024 al 1,5% en 2027. Esto es, reducir el desfase presupuestario a la mitad en apenas tres años. La escapatoria que tiene es subir los impuestos. Pero Hacienda no quiere apretar más. De hecho, está negociando con la Comisión Europea dar por cumplido el hito de la reforma fiscal pactado en el Plan de Recuperación y que incluye más subidas de impuestos, en especial en materia de fiscalidad verde.

¿Y las CCAA?

Al igual que ocurre con el Estado, las comunidades autónomas dirán adiós a los años felices del gasto público. El Gobierno les ha comunicado que en 2025 recibirán 158.000 millones de euros procedentes del sistema de financiación (su principal fuente de ingresos), lo que supone un aumento del 2,5%. Un incremento que contrasta con el 25% que han tenido este año.

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En su caso, el frenazo de los ingresos se debe a que la liquidación de 2022, que están recibiendo en 2024, ha sido muy favorable. El próximo año entrarán, de forma drástica, en la nueva normalidad. Ya no podrán mantener un ritmo de crecimiento del gasto del 6% como el que están realizando actualmente.

Para evitar un ajuste muy traumático, el Gobierno ha concedido a las CCAA un margen de déficit del 0,1% del PIB, en lugar del equilibrio presupuestario que estaba previsto. Pero las autonomías ya saben que las cuentas del próximo año tendrán que contener el crecimiento del gasto público. Llega el momento de realizar una presupuestación prudente para muchos gobiernos autonómicos que están en minoría tras la ruptura de Vox con el PP. Para ellos también ha llegado la hora de la verdad.