¿Nuevo paradigma? El número de sucursales bancarias ya crece en una de cada tres provincias

Mientras España salía de la pandemia, Carlos San Juan no se cansaba de proclamar allí donde lo escuchaban que él es mayor, pero no idiota. Idiota no, aunque quizá un poco iluso, pensaban entonces muchos de quienes veían en la televisión a un abuelo octogenario que, cual quijote valenciano, tocaba a todas las puertas que podía para defender una causa tan extemporánea como lo eran las novelas de caballerías en pleno Siglo de Oro. En la era de los smartphones y la concentración de todo (economía, población, poder) en las grandes ciudades, pretendía que los bancos no excluyesen a nadie. Es decir, que hiciesen un hueco a las personas que, por su edad o su lugar de residencia, empezaban a quedarse fuera de un sistema financiero que priorizaba los servicios en línea y cerraba miles de sucursales cada año desde la catarsis de la Gran Recesión.

San Juan no luchaba contra molinos, sino simplemente contra el signo de los tiempos. Aunque él mismo no se dé por satisfecho, lo cierto es que, contra todo pronóstico, va ganando: el eco mediático de sus reivindicaciones, junto a las de otras asociaciones de clientes financieros o movimientos territoriales como los de la España Vaciada, ha conseguido poner el vídeo en pausa. Y, en algunos casos, empezar a rebobinar.

Hace ahora dos años, el activista convenció a la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, y el Gobierno consiguió implicar a las entidades en la lucha contra la exclusión financiera, a través de una hoja de ruta impulsada por la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la Unión Española de Cooperativas de Crédito (Unacc). Los datos de la edición de 2023 del Informe sobre la inclusión financiera en España, elaborado cada año por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) para monitorizar la implantación del protocolo, avalan los resultados de esta suerte de pacto de Estado entre el sector público y el privado.

Uno de los principales compromisos ya está prácticamente conseguido: el 95% de los municipios de más de 500 habitantes que no tenían sucursal cuentan ahora con algún tipo de punto de acceso presencial, como se denomina al conjunto de formas que permiten utilizar los servicios financieros: oficinas bancarias, cajeros automáticos, oficinas móviles, oficinas de Correos, agentes, etc. Los pocos que faltan han rehusado esta posibilidad. En total, desde la puesta en marcha de la medida, más de 225.000 ciudadanos de 555 municipios han conseguido puntos presenciales, aunque unos 430.000 siguen sin disponer de ellos. Es el 0,9% de la población, medio punto menos que hace dos años.

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Jorge Zuloaga

Algunos viven en los municipios más pequeños. Sin embargo, no es lo más común. Ante las dificultades para establecer servicios físicos en las poblaciones que no llegan al medio millar de habitantes, el protocolo optó por garantizar, al menos, algún método de acceso al efectivo. Son los cash-in-shop, que permiten obtenerlo a través de las tiendas; el cash back, para la retirada a través de TPV de última generación, o el programa Correos Cash, que nació de un convenio con la empresa pública y echa mano de los carteros rurales.

Gracias a todas estas medidas, hoy hay en España 122 municipios excluidos financieramente menos que en 2022, lo que significa que, solo en el último año, más de 60.000 habitantes han conseguido la posibilidad de acceder a los servicios bancarios. En solo 12 meses, el 12,7% de los españoles a los que se excluía del sistema tienen ahora la oportunidad de formar parte de él, aunque sea a través de formas tan poco ortodoxas como las descritas anteriormente. Los ofibuses, por ejemplo, ya dan servicio a 1 de cada 10 municipios, y no resulta extraño cruzarse con ellos cuando se conduce por las carreteras del interior del país.

Para muchos, no dejan de ser parches que enmascaran la pérdida en la calidad del servicio motivada por la transformación digital y jamás lograrán compensar la espectacular reducción de la plantilla —el sector bancario es el que más trabajadores ha expulsado desde la Gran Recesión— y el cierre masivo de oficinas de los últimos 15 años. Según este pensamiento, el verdadero indicador del compromiso de las entidades con la inclusión financiera es la vuelta al servicio de toda la vida, es decir, a las sucursales permanentes donde el cliente puede acudir todos los días para ser atendido personalmente. Es mucho más caro y, en determinados casos, claramente improductivo. Pero en el nuevo paradigma económico, el territorio cada vez pesa más y la eficiencia, menos.

De forma totalmente inesperada, la irrupción del Gobierno en el debate, y también de numerosos ejecutivos autonómicos y provinciales, parece haber modificado el comportamiento de los bancos, y amenaza con voltear una tendencia que parecía irreversible. Nadie ni nada, salvo el riesgo reputacional, les obliga a abrir más oficinas de las que cierran, ya que pueden optar por esos métodos alternativos, a menudo facilitados por las propias administraciones, para garantizar la inclusión financiera. Sin embargo, lo están empezando a hacer precisamente allí donde está el problema: lejos de Madrid y Barcelona.

Primer repunte desde la crisis financiera

La primera señal empezó a tomar cuerpo a lo largo del 2022, cuando el saldo, que hasta entonces había caído en picado, empezó a estabilizarse. La banca pasó de cerrar varias oficinas cada jornada —en términos netos— a bajar la persiana de una al día, y después cada dos días. Hasta que llegó el último trimestre del año y un dato escondido en este informe del Banco de España supuso un hito histórico: el número de oficinas crecía por primera vez en nuestro país desde hace tres lustros, con 144 más en solo tres meses. El arranque de 2024 destruyó 41 oficinas, por lo que todavía no se puede descartar que estemos antes un hecho coyuntural.

Sin embargo, las cifras del conjunto del año pasado sí indican un cambio de tendencia. Efectivamente, en 2023 se siguieron liquidando oficinas, según el informe del IVIE: a diciembre, había 45 menos que en el mismo mes de 2022. Sin embargo, la comparación con el informe de aquel año deja muy claro hasta qué punto ha mejorado la situación. Entonces se reportaba la pérdida de 1.367, y no había una sola provincia que se librase.

Ahora, del medio centenar de provincias de nuestro país, 18 han ganado sucursales bancarias, como se puede ver en el mapa que acompaña este artículo. Esto significa que en una de cada tres se abren más de las que se cierran. La mayoría están situadas en la costa mediterránea, con Valencia, la tierra del activista Carlos San Juan, como la segunda más pujante (35 más). Sin embargo, también destacan territorios del interior peninsular, como los castellanos, que son uno de los principales focos de la exclusión bancaria, o los extremeños. Solo en Cáceres hay 43 sucursales más que hace un año, lo que contrasta con las decenas de puntos perdidos en Madrid y Barcelona. En total, hasta seis comunidades autónomas registraron un saldo positivo en 2023. Son Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia y Cantabria.

El incremento de sucursales se está dando en algunos de los territorios menos poblados, mientras que en otros continúa el proceso de cierres que había caracterizado la última década y media. La posible absorción del Banco Sabadell, con gran capilaridad en el país, por parte de BBVA ahondaría en una tendencia que hasta hace muy poco parecía irreversible, de la mano de la concentración bancaria, el ahorro de costes, la despoblación y la digitalización. A la espera del desenlace, empiezan a acumularse indicios que desafían una realidad implacable: desde la crisis financiera, España ha perdido dos de cada tres sucursales.