Generación Rajoy vs. Generación Sánchez: ¿adónde van los políticos tras dejar el cargo?

El frustrado fichaje del exministro Alberto Garzón por Acento, la consultora de otro exministro, José Blanco, ha reabierto durante los últimos meses el debate sobre las puertas giratorias. Parecía un asunto de la década pasada, cuando el 15-M lo situó en primera línea de la discusión pública. El caso del antiguo líder de Izquierda Unida, que dio marcha atrás ante las críticas de su propio entorno político, es un gran ejemplo de cómo han cambiado las cosas: él mismo participó de aquel movimiento social, después llegó a la política institucional y finalmente estuvo a punto de completar ese recorrido que tanto había criticado. No es el único.

La nueva política ha tocado poder, y también ha salido de él. Algunos de sus integrantes aparecen ya en la base de datos de la Oficina de Conflictos de Intereses, que recoge las autorizaciones expedidas por esta agencia pública para que los altos cargos cesantes puedan desempeñar una actividad profesional. Es obligatorio solicitarla en un lapso de dos años desde que se deja la responsabilidad.

Los datos son públicos desde hace casi una década, por lo que, tras un trabajo de cribado, permiten establecer una comparación entre el destino de aquellos que fueron elegidos durante los mandatos del popular Mariano Rajoy (2011-2018) y del socialista Pedro Sánchez (2018-actualidad). Al análisis realizado por Civio en 2021 se han añadido los permisos concedidos hasta el último informe publicado, del segundo semestre de 2023. El objetivo es responder a una pregunta que se hacen muchos ciudadanos: ¿adónde van los políticos tras dejar el cargo?

Hay patrones que permanecen, como el hecho de que un elevado porcentaje regresa a la función pública, lo que refleja el sistema de selección de las élites políticas que rige en nuestro país. Sin embargo, también se aprecian cambios destacados entre quienes no se reincorporan a su plaza de funcionarios: los de los gobiernos del PP recalaban más en compañías privadas, despachos de abogados y escuelas de negocios, mientras que los del Ejecutivo actual se marchan en mayor proporción a fundaciones y medios de comunicación, o siguen vinculados a la política o a las empresas del Estado. Sea por una cuestión generacional o sociológica, por los cambios que han experimentado la política y la economía españolas durante los últimos años o por el tipo de perfiles que seleccionan los partidos de derecha y los de izquierda, lo cierto es que el contraste resulta evidente.

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Marcos Lema

Este periódico ha analizado dónde han acabado 1.250 altos cargos desde 2015, cuando se aprobó la ley que regula actualmente el funcionamiento de la Oficina de Conflictos de Intereses, hasta la actualidad. En total, el organismo ha aprobado 1.584 solicitudes, ya que hay individuos que han pedido varios permisos. Los casos que se analizan en el artículo hacen referencia a las compatibilidades concedidas, no a las personas que las solicitan. Así se evita que un ex alto cargo que haya tenido varios destinos sea contabilizado únicamente por uno de ellos.

Dos de cada tres solicitudes corresponden a altos cargos de la época de Rajoy, y solo una de cada tres a la época de Sánchez. Esto es así por la avalancha de altos cargos que salieron de la Administración tras la moción de censura que descabalgó a los populares del poder en junio de 2018, y que provocó una cascada de expedientes en los meses posteriores. En caso de aquellos que han pertenecido a dos etapas, se los ha contabilizado en el primer Ejecutivo que los nombró.

Los altos cargos siguen copados por abogados del Estado, 'tecos' o administradores civiles

Sin embargo, no se cuentan todos. Para hacer la comparación entre los destinos de los cargos de la época del PP y los de la época del PSOE (primero en solitario, después con Podemos y finalmente con Sumar), se ha excluido a aquellos que no le deben el puesto que desempeñaron a una decisión política del Ejecutivo. Son, entre otros, los diplomáticos de carrera, los miembros de organismos reguladores (CNMC, CNMV...) elegidos por acuerdos parlamentarios o los presidentes de las autoridades portuarias, que son propuestos por las autonomías, aunque los nombre oficialmente el Gobierno. Así, se ha evitado que algunos políticos socialistas se contabilicen como parte de la Generación Rajoy y otros populares se incluyan en la Generación Sánchez. Al final, quedan 909 individuos y 1.174 solicitudes.

El 40%, funcionarios

Lo primero que llama la atención es el elevado número de funcionarios. Los altos cargos de la Administración continúan copados por los abogados del Estado, los técnicos economistas (tecos) o los administradores civiles. En definitiva, por aquellos que pueden ascender en el organigrama o pedir una excedencia para ser nombrados en un puesto de responsabilidad política, con la certidumbre de que, una vez decaiga el Gobierno o la confianza de quien los eligió, pueden reincorporarse a sus puestos en las mismas condiciones en que los dejaron.

Al contrario de lo que podía parecer, esta tendencia está en auge. Si durante la época de Rajoy las solicitudes aprobadas para reincorporarse a los puestos en la Administración se situaban alrededor del 39%, en la de Sánchez llegan al 43%, cuatro puntos más. En ambos casos, quienes se jubilan o quedan desempleados representan en torno al 8%. El resto, aproximadamente la mitad, se dedica a otras actividades, principalmente en el sector privado, aunque no solo: también se han incluido en este grupo todos los puestos del sector público que dependen de nombramientos —es decir, que no requieren de la condición de funcionario—, como aquellos que se han ido al Congreso de los Diputados, a una empresa participada por el Estado o a un organismo internacional.

La chicha está aquí, ya que la reincorporación a un puesto funcionarial o la jubilación no debería suponer mayores problemas. Y también es aquí donde se aprecian las mayores diferencias entre las dos generaciones de políticos que han copado la Administración y sus organismos satélites durante la última década. Los de la época de Rajoy tienden a acabar en espacios más ligados al poder económico, mientras que los de Sánchez recalan en mayor medida en puestos relacionados con el poder institucional y mediático, o en el tercer sector. En otras palabras: en el caso de la élite política conservadora, los destinos suelen tener nombre de empresa, mientras que en el de la élite progresista, adquieren a menudo otras formas más ligadas a lo público.

En el discurso que se popularizó durante el 15-M, se asociaba la colocación de los cargos que habían cesado con las empresas privadas. El típico caso de un político que lo deja para irse a un consejo de administración de una compañía o, sin llegar a esos extremos, a un cargo directivo en una multinacional o un despacho importante. Sin embargo, esta imagen no se corresponde, para nada, con la realidad actual. Si se excluyen jubilados y funcionarios, una de cada tres solicitudes de altos cargos del Gobierno de Sánchez tenían como destino la propia política, en forma de diputados, asesores o altos cargos en otros departamentos o instituciones controlados por el mismo partido. Con Rajoy no llegaban a uno de cada cinco. En ambos casos es la salida más habitual.

Más políticos profesionales

Los llamados políticos profesionales constituyen un fenómeno creciente, y tienen el Congreso y el Senado como principal agencia de colocación. ¿Quién dijo que el cese como ministro sea el fin de una carrera política? Que se lo pregunten a los populares Jorge Fernández Díaz, Rafael Catalá y María Dolores de Cospedal, que acabaron de diputados, igual que el socialista José Luis Ábalos (ahora en las filas del Grupo Mixto). Hay algunos que van directamente del Gobierno al partido, como Ion Antolín, actual director de comunicación del PSOE; otros, que pasan de un ministerio a otro, o de ahí a una consejería autonómica o incluso a asesorar a otro político. La casuística es infinita.

En el caso de los gobiernos de Sánchez, la cifra total de quienes, pese a no ser funcionarios, acaban cobrando una nómina pagada por los impuestos de los ciudadanos se acerca al 50%. Al grupo anterior hay que sumarle los que recalan en empresas u organismos públicos o internacionales, como Josep Borrell, que pasó de ser ministro de Exteriores a jefe de la diplomacia europea. Aunque esta cifra se ha mantenido en el 13% antes y después de la moción de censura, si se suman ambos grupos, en la Generación Rajoy solo suponen 3 de cada 10 casos.

Los conservadores van al dinero...

La antigua hornada de altos cargos conservadores tenía una mayor querencia por el mundo del dinero que por el del poder político. O mayores cualidades para desempeñar un puesto en la empresa privada, según se mire. Por encima de los demás, llama la atención el sector de la banca y los seguros, que protagonizó 20 solicitudes del Gobierno popular, y solo 2 del Ejecutivo progresista. Pilar Mas, por ejemplo, acabó en el centro de estudios del BBVA tras 13 años de desempeño de puestos de responsabilidad en el Ministerio de Economía, con uno u otro color político.

Tanto en términos absolutos como relativos, los altos cargos de la etapa de Rajoy se fueron más a sectores como la defensa, el transporte, las farmacéuticas, el comercio y la distribución, las telecomunicaciones o la promoción inmobiliaria. Solo hay una excepción: el sector de la energía y las infraestructuras. En el caso de las grandes consultoras y despachos de abogados, la diferencia es notoria: antes se iban más del doble que ahora.

El 40% de los casos con Rajoy van a empresas privadas, frente al 22% de los de Sánchez

En cualquier caso, las solicitudes para marcharse a empresas privadas suponen un porcentaje menor de los casos totales: son en torno al 40% de los procedentes de gobiernos populares y no llegan al 22% en los de la izquierda. En esta suma no se han incluido algunos sectores que, por sus peculiaridades, merecen ser contados aparte, al estar relacionados íntimamente con la influencia. Es el caso de las consultoras de asuntos públicos —más conocidas como lobbies— y las universidades privadas y escuelas de negocios, que son destinos preferentes de los altos cargos con el PP, mientras que los medios de comunicación son más solicitados por los progresistas: si con Rajoy solo representaban el 4% del total, ahora rozan el 11%.

... y los progresistas a la influencia

Este último apartado llama especialmente la atención, con figuras tan relevantes como el asesor áulico de Sánchez y exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, o el fundador de Podemos y exvicepresidente, Pablo Iglesias, que se lanzaron a colaborar en todo tipo de emisoras y cabeceras. También aparecen por ahí los últimos presidentes de la agencia nacional de noticias EFE, periodistas de profesión, que se reincorporaron a sus respectivos medios tras haber sido nombrados por el PP (José Antonio Vera) o el PSOE (Fernando Garea, Gabriela Cañas).

Lejos del mundo de la empresa, pero en esa zona gris que relaciona lo privado y lo público, se sitúan otras ocupaciones que han tenido especial incidencia a medida que algunos altos cargos de Sánchez iban saliendo de la Administración. Es el caso de las fundaciones, ONG y laboratorios de ideas (think tanks), que protagonizaron 12 solicitudes de cesantes del Gobierno progresista, frente a solo tres del conservador. Amanda Meyer, por ejemplo, pasó del gabinete de la exministra de Igualdad Irene Montero a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), mientras que Carmen Gayo lo hizo de la Oficina del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil a la ONG Acción contra el Hambre. En el siguiente buscador se pueden localizar todas las solicitudes de destino, clasificadas en 17 ámbitos.

Al final, salvo en casos aislados como los organismos empresariales y colegios profesionales (con predominio de la Generación Rajoy), se acaba cumpliendo la misma regla: las entidades puramente mercantiles constituyen un destino más habitual en la derecha, mientras que aquellas que no tienen por objetivo directo la obtención de un lucro económico son más propensas a recibir altos cargos de izquierda.

PPSOE S.A.

En cualquier caso, la hegemonía del funcionariado entre las élites políticas del país resulta transversal. También la existencia de políticos profesionales, hasta el punto de que, si se suman ambas generaciones, el puesto más común en el que puede acabar un alto cargo en España —siempre y cuando no regrese a su plaza de servidor público— es... el de diputado. Con cerca de medio centenar de casos, lidera la clasificación, seguido de aquellos que deciden trabajar por cuenta propia.

Las incidencia partitocrática es tan profunda que quienes acaban directamente a sueldo de Génova o Ferraz alcanzan la treintena, prácticamente repartidos a partes iguales entre las dos grandes formaciones, aunque porcentualmente se trata de un fenómeno más común entre los ex altos cargos del PSOE. Recientemente, Sumar también ha incorporado a dos personas procedentes del Ejecutivo.

En el ámbito empresarial, los casos están mucho más repartidos. El top de las compañías que más pescan en los gobiernos está encabezado por universidades privadas (IE, Cunef, Nebrija o Comillas) compañías de asuntos públicos (LLYC, Silverback), grandes consultoras (PwC, EY) o despachos de abogados (Herbert Smith Freehills, Gómez-Acebo & Pombo). El primer banco es Santander; la primera energética, Iberdrola, y la primera empresa de distribución, El Corte Inglés. Estas tres solo ficharon a individuos nombrados por los gobiernos de Rajoy.

En cambio, las grandes compañías públicas o semipúblicas, como Renfe o Airbus, contratan a altos cargos de ambos partidos, y se han convertido en un destino preferencial para quienes ocuparon puestos de responsabilidad en los ministerios relacionados con su actividad (Fomento y Defensa, respectivamente). Mención aparte merecen medios de comunicación como la Cadena Ser o La Vanguardia, que han contratado a varios colaboradores procedentes de ejecutivos progresistas, o la patronal CEOE, especialista en engrosar su plantilla con cesantes del Gobierno de Rajoy. El caso más destacado es el de la exministra de Trabajo Fátima Báñez, que actualmente preside su fundación.

Garzón no figura en esta lista, porque dio un paso atrás forzado por su propio entorno partidario. ¿Realmente había en su caso un posible conflicto de interés o solo una exigencia absurda de virginidad? Si algo queda claro después de una década es que cada vez hay menos políticos que se van al mundo de la empresa tras dejar sus responsabilidades en la Administración. Habrá que esperar unos cuantos años para que una nueva generación de líderes conservadores empiece a cesar de sus cargos. Entonces se verá si el 15-M supuso un verdadero punto de inflexión o estamos hablando, simplemente, de la clásica división sociológica entre la derecha y la izquierda. De momento, los datos confirman la imagen preconcebida que a menudo se tiene de unos y otros.