El BCE celebra hoy la primera reunión de su historia con un Banco de España sin gobernador

Por primera vez desde la creación del Banco Central Europeo, España acude sin gobernador de su banco central a una de sus reuniones de política monetaria. El Gobierno ha dejado vacante el puesto, por lo que es la subgobernadora, Margarita Delgado, quien acudirá a Fráncfort en representación de la entidad. Sin embargo, no tendrá poder de decisión en las medidas que se adopten, aunque este mes le corresponde derecho de voto a España.

Nunca antes había ocurrido esta situación, ya que los presidentes del gobierno habían renovado, en tiempo y forma, el cargo de gobernador. En esta ocasión, sin embargo, las negociaciones con el Partido Popular han encallado. Moncloa dejó la negociación para el último momento por darle prioridad a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Esto provocó que apenas quedara margen para la negociación. Cuando el PP vetó el nombre de José Luis Escrivá, que había propuesto Moncloa, no hubo tiempo para reconducir las conversaciones.

En los días previos al fracaso de la negociación con el Partido Popular, el discurso del Gobierno era de urgencia por el nombramiento. Sin embargo, cuando las conversaciones fracasaron, cambió de discurso para minimizar el efecto negativo de que el Banco de España no vaya a tener voto en la reunión. Ahora, el discurso del Ministerio de Economía es que hay margen suficiente para elegir al nuevo gobernador, porque el cargo de la subgobernadora no vence hasta el mes de septiembre.

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Aunque la reunión de este jueves parece de transición, es posible que no lo sea. Es cierto que hay pocas probabilidades de que haya una nueva bajada de los tipos de interés, pero el BCE podría sentar las bases para su decisión de septiembre. La inflación ha seguido moderándose desde la última reunión, por lo que el BCE ha ganado margen para aflojar su política monetaria.

En concreto, la inflación bajó en junio una décima, hasta el 2,5%. Se sitúa ya muy cerca del objetivo del 2%. De hecho, hay ya seis países del euro con una inflación inferior al 2%: Finlandia, Italia, Lituania, Letonia, Irlanda y Eslovenia. Por el contrario, España es el segundo país que tiene una inflación más elevada, del 3,6%, como consecuencia de la retirada paulatina de las bajadas del IVA.

La inflación de servicios sigue siendo muy elevada, un 4,1% en el mes de junio

Existen también señales que apuntan a que la inflación está en fase de retirada. Por ejemplo, la subida del precio de los alimentos se ha moderado hasta el 1,8%, el dato más bajo desde julio de 2021, en la recta final de la pandemia.

Pero también tienen argumentos los halcones que quieren mantener una política fiscal restrictiva. El principal es que la inflación de servicios sigue siendo muy elevada, del 4,1% en el mes de junio. La moderación de la energía y de los bienes industriales no termina de llegar a los servicios y si se tiene en cuenta que éstos tienen un peso creciente en el gasto de los hogares, significa que cada vez tienen mayor capacidad para desviar al alza al IPC general.

Es más, la inflación de los servicios está provocada íntegramente por el buen comportamiento de la demanda, al contrario de lo que ocurre con los bienes industriales y los alimentos, cuya caída está muy vinculada al descenso de la energía. Esto significa que los servicios son el componente de la cesta de precios más influido por la demanda interna y, por tanto, por las decisiones de política monetaria.

Existen, por tanto, argumentos para uno y otro bando dentro del Consejo de Gobierno del BCE. Esto da más relevancia al periodo de interinidad en el que se encuentra el Banco de España. Aunque el país tiene la segunda inflación más alta de la eurozona, también tiene una economía más dinámica, por lo que es comprensible que existan mayores tensiones inflacionistas.

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Sin embargo, España está teniendo graves problemas para reanimar la inversión, sobre todo la de las empresas, y uno de los motivos es precisamente el coste de los intereses de la deuda. La deuda de las sociedades es, mayoritariamente, bancaria, y su precio está vinculado a los tipos de mercado (euríbor). Esto significa que en el momento en el que la política monetaria da un respiro, se traslada rápidamente a las empresas en forma de un alivio de la carga de los intereses, liberando recursos para realizar inversión productiva.

En 2023 las empresas españolas pagaron 37.700 millones de euros en intereses de la deuda, lo que supone un aumento del 343% respecto a 2021. Por el contrario, el crecimiento en el conjunto de la eurozona fue del 148%, esto es, menos de la mitad que en España. Otro dato: las empresas españolas experimentaron un aumento de los costes financieros de 29.000 millones de euros, muy superior al de las empresas alemanas, que fue de 18.000 millones, a pesar de que el tamaño de la economía alemana es tres veces superior.

Estos datos reflejan a la perfección el impacto que han sufrido las empresas españolas como consecuencia de la subida de los tipos de interés. Esto explica, por ejemplo, que los fondos del Plan de Recuperación no hayan conseguido movilizar inversión privada hasta la fecha. España se juega mucho en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, pero esta vez no tendrá capacidad de decisión.