El Gobierno necesita (más de lo que cree) a Junts para controlar el déficit de las CCAA

El rechazo de Junts a los objetivos de estabilidad el pasado martes supuso un duro revés para el Gobierno. Esta votación fue una advertencia al presidente, Pedro Sánchez: si Salvador Illa consigue la investidura en Cataluña, Junts se saldrá del bloque de la investidura. Pero más allá de la soledad parlamentaria del Gobierno de cara a la presentación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, el rechazo de los objetivos de estabilidad pone en duda la capacidad del Gobierno para controlar el déficit de las comunidades autónomas.

El Ministerio de Hacienda sostiene, apoyándose en un informe de la Abogacía del Estado, que si no se aprueba una nueva senda, entrará en vigor automáticamente la enviada hace un año a la Comisión Europea en el Programa de Estabilidad. Esta senda es más restrictiva para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, un margen que se iría a la Administración Central.

Sin embargo, el informe de la Abogacía del Estado genera muchas dudas, tanto entre las comunidades autónomas como en la Autoridad Fiscal (AIReF). La presidenta del organismo independiente, Cristina Herrero, lo ha señalado en numerosas ocasiones: "No existen objetivos de estabilidad si no se aprueban en el Parlamento".

Hay dos argumentos de peso que determinan su interpretación. El primero es que el Programa de Estabilidad no es aprobado por ningún órgano que pueda ser reconocido: ni el Consejo de Ministros, ni la Comisión Europea, ni el Congreso. Es básicamente un documento elaborado por los ministerios de Hacienda y Economía para informar a Bruselas de las intenciones fiscales del Ejecutivo. De hecho, el Programa de Estabilidad de 2023 ni siquiera incluye las intenciones del Gobierno, porque está elaborado a políticas constantes. De ahí que un documento que no es aprobado en ninguna instancia, difícilmente puede considerarse con capacidad para limitar los presupuestos de las comunidades autónomas.

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El segundo argumento es que el informe de la Abogacía del Estado es incongruente en sí mismo. En concreto, según el informe, el Programa de Estabilidad contiene los límites fiscales para cumplir con las recomendaciones que le hizo la Comisión Europea a España para 2024. Sin embargo, sus números son incorrectos, porque el cumplimiento de los objetivos de déficit del Programa de Estabilidad conduciría a un crecimiento del gasto casi el doble que el límite recomendado por Bruselas. En concreto, el crecimiento máximo permitido es del 2,6%, mientras que el cumplimiento del Programa de Estabilidad implicaría un aumento del gasto del 4%.

De esta forma, el argumento de la Abogacía del Estado de que el Programa de Estabilidad es la garantía ante la Comisión Europea es una confusión por haber realizado mal los cálculos. O directamente, por no haberlos realizado. En suma, existen muchas dudas legales sobre la capacidad del Gobierno para imponer la senda de déficit del Programa de Estabilidad. Las CCAA no tendrían más límite en 2025 que la regla de gasto. Pero la aplicación de la regla de gasto llevaría a un déficit superior al que quiere imponer el Gobierno, del 0,2%.

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El Gobierno necesita unos nuevos objetivos y no los podrá aprobar sin el apoyo de Junts. De lo contrario, podría verse envuelto en una disputa legal con las CCAA para imponer unos límites de déficit que no ha aprobado el Parlamento. Es previsible que el Gobierno intentará convencer al partido de Carles Puigdemont en los próximos días, ya que tiene un mes de plazo para volver a enviar una nueva senda de estabilidad. Una negociación que tendrá que realizar en paralelo con la de ERC para investir a Illa. El más difícil todavía.

Los desequilibrios de 2024

Según el Ministerio de Hacienda, en 2024 ya están en vigor los objetivos de déficit del Programa de Estabilidad remitido en 2023. El Gobierno también fracasó hace unos meses en su intento por aprobar una nueva senda. Y en esa ocasión, no fue por Junts, sino por el veto del Senado con la mayoría del PP.

Sin embargo, las comunidades autónomas no se están ciñendo a los límites de esa senda de estabilidad, lo que debilita aún más el informe de la Abogacía del Estado. Según Hacienda, las CCAA tienen un objetivo de déficit del 0,0% este año, esto es, equilibrio presupuestario. Sin embargo, según las estimaciones de la AIReF, van camino de tener un déficit del 0,3% del PIB, esto es, un incumplimiento próximo a los 5.000 millones de euros.

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El Gobierno podría exigir a las CCAA medidas preventivas para corregir la desviación del déficit respecto a la senda que considera que está en vigor. Sin embargo, no lo ha hecho, asumiendo así la dificultad de imponer una senda que no ha sido aprobada por el Parlamento.

La desviación del déficit autonómico en 2024 no va a impedir a España cumplir con el objetivo de déficit del 3%, según sostiene el Ministerio de Hacienda y refrenda la propia AIReF. Sin embargo, sí hay serias dudas con el objetivo del 2,5% del próximo año. Si el Gobierno no puede forzar a las CCAA a respetar sus límites de déficit, el compromiso del conjunto de España quedará en duda.

La desviación del déficit autonómico en 2024 no va a impedir a España cumplir con el objetivo de déficit del 3%, según sostiene el ministerio

Las CCAA sí tendrán que respetar el límite de la regla de gasto, que está impuesto por ley y no tiene que pasar por el Parlamento. En concreto, el próximo año tendrán un margen para incrementar su gasto del 3,2%. Sin embargo, este crecimiento del gasto no sería compatible con la reducción del déficit público. El motivo es que los ingresos de las CCAA crecerán en una cuantía inferior. Los recursos del sistema de financiación, su principal fuente de ingresos, aumentarán un 2,5%, según las cifras ya comunicadas por el Ministerio de Hacienda.

Esto significa que el crecimiento del gasto del 3,2% podría incluso ser superior al aumento de los ingresos. Esto es, la regla de gasto no sería límite suficiente para reducir el déficit de las CCAA, que podría incluso aumentar. En definitiva, el Gobierno necesita que Junts le apruebe la senda de déficit para tener un instrumento legal incontestable para corregir el déficit de las autonomías.