Díaz prepara una intensa agenda legislativa tras el verano para recuperar iniciativa política

Sumar necesita recuperar espacio mediático tras los malos resultados que va cosechando elección tras elección. Su mejor trampolín es el Ministerio de Trabajo y pretende poner sus máquinas a pleno rendimiento en la segunda mitad del año. El contenido de sus propuestas no ha dejado de expandirse en los últimos meses, y ya hay quien cree que tendrá un alcance equivalente a una segunda reforma laboral.

El proyecto estrella es la reducción de jornada, acordado con el PSOE en el pacto de investidura. Sin embargo, su contenido ha aumentado y ya incluye otras medidas como el derecho a la desconexión de los trabajadores, una revisión del registro de jornada, o la actualización de los convenios colectivos para asumir el aumento de los costes salariales que suponen estas medidas.

Tras la reunión mantenida el lunes en la sede del ministerio, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, explicó: "Yo creo que hoy las dos organizaciones patronales han atendido cuál es la propuesta del Gobierno sobre estos tres elementos: desconexión, registro y reducción de jornada". Después de meses de negociaciones, es ahora cuando el Ministerio de Trabajo cree que ha conseguido trasladar a las patronales cuál es su propuesta. Unas declaraciones que muestran la falta de entendimiento hasta la fecha y la falta de concreción sobre las propuestas del propio ministerio.

Fuentes de la negociación colectiva explican que el ministerio va abriendo el perímetro de alcance de la reducción de jornada a medida que pasan las semanas. Se van incorporando nuevas propuestas que alejan la posibilidad de un acuerdo sobre la reducción de jornada.

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El ministerio también va a abrir una mesa de negociación para endurecer y encarecer el despido improcedente tras la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales. Esta es otra de las grandes bazas que pretende luchar la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Sin embargo, el ala socialista del Gobierno no tiene la misma convicción sobre la idoneidad de dificultar el despido injustificado. De hecho, en una respuesta parlamentaria, el Ministerio de Economía ya señaló que el despido a la carta que plantea UGT podría ser contraproducente para algunos candidatos a la hora de encontrar un empleo. Precisamente, una mayor protección puede ir en contra de los colectivos a los que se pretende defender.

Para la patronal, la reforma del despido improcedente pone aún más trabas en la negociación de la reducción de jornada. Incluso aunque el ministerio quiera separar las dos materias, la realidad es que los equipos negociadores serán los mismos: Trabajo, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. Es difícil pensar que una mesa pueda llegar a buen puerto si existe un choque frontal en la otra.

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Para las empresas, el despido improcedente ha ganado relevancia tras la reforma laboral. El motivo es que la desaparición de la mayor parte de los contratos temporales ha obligado a las empresas a recurrir a los indefinidos. Esta mayor estabilidad en el empleo se compensa con el recurso al despido improcedente, que es más caro, pero da a las empresas una vía de escape a la que están recurriendo en mayor medida. Los datos del Banco de España muestran que tras la reforma laboral de 2021 ha aumentado la rotación de los contratos indefinidos.

El Ministerio de Trabajo ha planteado que quiere reformar el despido en negociación con los agentes sociales. Pero también ha fijado el punto de destino de esas conversaciones: un aumento de los costes de despido y un endurecimiento de las causas. La patronal siente que, una vez más, el ministerio marca cuál debe ser el destino de la negociación, secuestrando así el margen que le queda al diálogo social.

El Ministerio de Trabajo también planteará una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la recta final del año. La subida debería ser superior a la inflación para mantener su relación con el salario medio, que también está ganando poder adquisitivo. Daría cumplimiento así al compromiso del ministerio de mantener el SMI en el 60% del salario medio del país.

El ministerio también va a abrir una mesa de negociación para endurecer y encarecer el despido improcedente tras una resolución

Será otro punto más de fricción con la patronal, que en los últimos años ya ha rechazado las subidas del SMI propuestas por Trabajo. Serán meses de tensión entre la CEOE y el ministerio. Pero esta vez con la diferencia de que la patronal se siente con fuerza para ganar el posible órdago que plantee el ministerio. Porque la debilidad del Gobierno en el Parlamento pone en riesgo cualquier acuerdo laboral impuesto sin el respaldo empresarial. El Ejecutivo necesitará el respaldo del PNV y de Junts para cualquier reforma, partidos que difícilmente aprobarán medidas que puedan molestar a las empresas de las dos comunidades autónomas.