Jornada de reflexión en Andalucía: ¿qué se puede y qué no se puede hacer antes del 2D?

Un día para pensar. La jornada de reflexión es, aunque no un concepto expresamente definido por la legislación, algo que ya se tiene muy metido en la cabeza y que, en general, los electores y candidatos se toman bastante en serio. Se trata del día anterior a la votación, que en este caso será el sábado 1 de diciembre, la víspera del 2-D, el día que los andaluces llevan tiempo esperando. Las elecciones de Andalucía se presentan como un nuevo intento por parte del centro-derecha de hacerse con el control de una comunidad autónoma gobernada siempre en democracia por el socialismo. Después de una campaña marcada por las cábalas acerca de posibles pactos, se acerca esta fecha en la que los andaluces están llamados para elegir las políticas que quieren que lleve a cabo el Parlamento en los próximos cuatro años.

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Pero antes de que esto ocurra, lo dicho: día para pensar. Durante esta jornada, por ley, se pueden hacer relativamente pocas cosas relacionadas con el propio día de la votación. Las 24 horas inmediatamente anteriores a los comicios están llenas de vetos y prohibiciones, no solo en España, sino también en muchos otros países. En nuestro país la jornada de reflexión está regulada por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), si bien no la define como algo muy concreto. En el artículo 53, la norma recuerda que queda prohibido difundir propaganda electoral y realizar cualquier tipo de acto de campaña una vez que el periodo de campaña haya terminado, es decir, durante estas últimas 24 horas antes de la elección y, aunque no define el nombre de este día en concreto, en su artículo 51 la LOREG subraya que este periodo va desde el momento del fin de la campaña —"a las 00:00 del día inmediatamente anterior a la votación"— hasta el inicio de la votación.

La ley española no es especialmente estricta con aspectos como el alcohol —su venta está prohibida en países como Argentina o México—, pero sí en términos de información electoral. Además de la prohibición de hacer campaña o pedir directamente el voto, en España está prohibido durante los cinco días anteriores al de la votación la publicación y difusión o reproducción de sondeos electorales, sea cual sea el medio de comunicación por el que se transmitan, si bien se siguen publicando las denominadas 'encuestas prohibidas' en prensa extranjera.

No solo esto, sino que todo aquel que infrinja esta normativa puede ser castigado con una pena de tres meses a un año de prisión, una multa de 12 a 24 meses e "inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de uno a tres años". Sin embargo, en el extranjero no está prohibido publicar este tipo de encuestas o 'trackings' diarios en estos días, algo que sí se hizo, y con cierto punto de humor, en las pasadas elecciones catalanas desde varios medios andorranos —utilizando el símil de una 'frutería'—. Esta legislación está vigente desde 1985, pero en 2011 sufrió una modificación en la que se incluyó la reproducción de los sondeos en el delito, algo que se añadió para dar cabida a la nueva realidad impuesta por la llegada de las redes sociales, como Twitter o Facebook. No obstante, la legislación no es clara sobre si las redes sociales entran dentro del concepto de medios de comunicación.

¿Y las manifestaciones?

Hace algunos años a propósito del nacimiento del Movimiento 15-M, se habló mucho sobre una presunta prohibición de celebración de manifestaciones públicas durante la jornada de reflexión. El año 2011, además del nacimiento del movimiento de los 'indignados' tuvo lugar aquella elección del 20-N que ganó Mariano Rajoy, frente a un Alfredo Pérez-Rubalcaba que no fue capaz de frenar la debacle socialista. Fue entonces cuando surgió la polémica: ¿podía el Movimiento 15-M manifestarse en aquella 'jornada de reflexión'?

En un principio, toda manifestación política destinada a pedir el voto está prohibida, pero en virtud de una sentencia de 2010 el Tribunal Constitucional avaló la celebración de protestas durante el día previo a las elecciones siempre y cuando su capacidad de influir en el voto sea remota. Además, en virtud del artículo 91.4 de la ley electoral "nadie puede entrar en el local de la sección electoral con armas ni instrumentos susceptibles de ser usadas como tales". Ante esta situación, el presidente de la mesa ordenará su "inmediata expulsión".

Sanciones por inclumpir la ley electoral

En el peor de los casos, inclumplir la normativa electoral puede acarrear penas de hasta un año de prisión y multas de hasta 24 meses. El artículo 144 de la legislación se prevén las sanciones a toda infracción de la LOREG.

Así, todo aquel que realice "actos de propaganda una vez finalizado el plazo de la campaña electoral" o infrinja las normas legales en materia de carteles electorales y espacios reservados a los mismos, así como las normativas relativas a las reuniones y otros actos públicos de propaganda electoral serán castigados con penas de tres meses a un año de cárcel o multa de seis a 24 meses.