El PSOE endurecerá las puertas giratorias entre los altos funcionarios y las empresas

Los socialistas han visto cómo crecía el malestar ciudadano con las puertas giratorias de los políticos. Pero hay otra puerta más silenciosa y que bate también incesantemente. Se trata de la de los abogados del Estado y otros altos funcionarios, como técnicos comerciales o economistas del Estado. Estos cuerpos, que tradicionalmente incluyen mayoría de personal afín al PP, pasan de la pública a la privada y viceversa sin control ni límite.

Por eso, según explican fuentes de la dirección a El Confidencial, el PSOE se ha planteado poner trabas a este frenético trasvase de los altos funcionarios del Estado de la pública a la privada y a la inversa, y llevarlo a su programa electoral, que está ya prácticamente cerrado, a falta de "dos o tres decisiones" últimas que debe adoptar Pedro Sánchez, que aprobará la ejecutiva federal y que se presentará este lunes, antes de la puesta de largo definitiva de la conferencia política, el 14 y 15 de noviembre. Así, los socialistas elevarán de cinco a 10 años el tiempo que un alto funcionario tiene que pasar en la Administración antes de pedir la excedencia, y pondrán un tope de años -aún no concretado- para estar fuera de lo público. A partir de ese momento, si no han pedido su regreso, perderán su plaza.

Uno de los miembros de la comisión redactora del programa, que coordina Meritxell Batet, número dos de la lista por Madrid, y cuya parte económica pilota el exministro Jordi Sevilla, explica que la regulación de los altos funcionarios del Estado no es tan sencilla, y no se les puede aplicar la misma normativa que la de altos cargos, cuya responsabilidad es mayor, al ser estos los que en última instancia adoptan las decisiones políticas. "Pero sí es cierto que la regulación de la excedencia es tan elástica que crea graves problemas de gestión de personal -señala esta fuente, bien conocedora de la Administración, en la que se ha situado en primera línea durante años-, porque en tiempos de bonanza se te van muchos a la privada y te encuentras con ministerios casi vacíos, y cuando hay vacas flacas, quieren volver y no puedes absorberles a todos".

Los socialistas han barajado distintas fórmulas, desde posponer el momento a partir del cual se puede solicitar la excedencia a propuestas más "salvajes" para impedir abusos. "Porque los abogados del Estado no se dedican luego a resolver matrimonios, igual que los inspectores de Hacienda se hacen expertos en temas fiscales en la privada". Pero, como indican desde la dirección, es preferible "no hacer locuras" en un sector como este.

Los abogados del Estado defienden al Ejecutivo en sus pleitos, pero los que están en ministerios también asesoran en la elaboración de normas y conocen todos los secretos y resortes del Ejecutivo. Esto, unido a sus grandes conocimientos del Derecho, los hace muy atractivos para el sector privado. En cambio, en el PSOE suele haber más técnicos de la Administración civil (TAC) que abogados del Estado. Los TAC tienen menos salida en el sector privado y hay un número mucho menor de excedencia en la privada.

Solo para la Administración General del Estado

Al final, la dirección de Pedro Sánchez ha optado por "hacer más difíciles las puertas giratorias en los altos cuerpos de la Administración", como resume un perfecto conocedor del programa. Pero sin meterse en el régimen de incompatibilidades. Por dos razones, porque no es igual su responsabilidad a la de los altos cargos (presidente, ministros, secretarios de Estado, secretarios generales técnicos, directores generales...) y porque limitar su rango de actividad en la privada obligaría a indemnizarlos económicamente por un tiempo, como ocurre con las cesantías que cobran los políticos. "Lo que se evita es que uno saque una oposición, pida una excedencia y se vaya al sector privado y luego vuelva a lo público a jubilarse", sintetiza esta fuente.

Anteriores Gobiernos intentaron quitar privilegios al funcionariado de élite y no pudieron. El PSOE confía en que ahora será posible por la mayor presión social

Los socialistas han diseñado su medida pensando en los altos funcionarios de la Administración General del Estado, los que dependen de los ministerios, pero no de aquellos que tienen su puesto en órganos como el Consejo de Estado.

La cúpula es consciente de que, aunque parezca un cambio de menor calado, o menos vistoso que el de los altos cargos, generará mucho ruido. Asume que los altos funcionarios "montarán en armas". Es más, varios gobiernos intentaron meterle mano y no pudieron. Ahora confían en poder sacar la medida adelante. "La presión reformista es mayor, por la conciencia ciudadana en todo lo que tiene que ver con la corrupción y la ética. Se puede decir que hay una rebelión de la gente contra los poderosos, y se considera unos privilegiados a los altos cuerpos de la Administración", explican desde el estado mayor del PSOE.

Respecto a los políticos, la dirección mantiene la posición que ya fijó en la tramitación de la Ley del Alto Cargo del PP: que se suba de dos a cinco años el tiempo en el que un dirigente tiene prohibido pasar a entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que haya participado.

Al menos para los niveles más altos

En resumen, la opción elegida no impide que la élite funcionarial pase de un día a otro de la privada a la pública. Pero sí obligará a muchos abogados del Estado en excedencia, por ejemplo, a elegir entre ocupar su plaza o perderla para siempre. Una fuente de la abogacía que pide el anonimato opina que no es tan importante que pierdan la plaza los que salieron si pasa un tiempo como controlar el paso de lo público a la privado. Este jurista no ve inconveniente legal en que haya un periodo en el que no puedan tratar temas de los que tenían en la Administración, como ya ocurre con los altos cargos durante dos años. Cree que se podría aplicar al menos para aquellos abogados del Estado con niveles 29 y 30, los más altos del funcionariado.

Según la última relación de abogados del Estado repartida a los miembros del cuerpo, en noviembre de 2014 había 638 abogados del Estado con plaza. De ellos, 252 (el 39%) estaban de excedencia, otros 53 (el 8,3%) en servicios especiales, destinados en el Gobierno o en organismos oficiales, y otros 40 compatibilizan su puesto con el trabajo en la privada. Eso significa que solo hay 283 (el 44%) dedicados a tiempo completo a defender al Estado. La última relación publicada en el BOE es de 2012 y desde entonces el Ministerio de Justicia no ha publicado una actualización. Algunos de los que se quedan en ocasiones rechazan ofertas de la privada que les triplican el sueldo. Los hay que trabajan a destajo, con medios escasos y se sienten poco valorados.

Sólo el 44% de los más de 600 abogados del Estado está dedicado a tiempo completo a defender al Gobierno

En el último año, la abogada del Estado jefa de Economía Gloria Díaz Calvo pasó del ministerio a secretaria general del consejo de Bankinter. Lo hizo después de que el ministerio sancionara al principal accionista del banco, Jaime Botín, con 700.000 euros (sanción que fue anulada por la CNMV). Además, Jaime Pérez Renovales pasó en 15 días de ser subsecretario de Presidencia a secretario del consejo del Banco Santander. En ese caso lo hizo con el visto bueno de la Oficina de Conflicto de Intereses de Moncloa, porque además de abogado del Estado era alto cargo. La mayoría de las empresas del Ibex tienen a abogados del Estado como secretarios del Consejo. Estos a menudo llevan décadas en la privada y deberían elegir, si prospera la propuesta del PSOE, entre regresar a su plaza o perderla.

Pocas críticas abiertas

Hay multitud de casos. En enero de 2011, PricewaterhouseCoopers anunció el fichaje de Fernando Calancha, abogado jefe de la secretaría de Estado de Energía, como socio de energía. Solo dos semanas antes el Ejecutivo del PSOE había recortado las primas a las renovables, lo que generó un alud de demandas. Son abogados del Estado en excedencia los que más arbitrajes internacionales han planteado contra España por los recortes de primas. Juan Ramón García Notario y Carlos Gil de las Heras, que fueron número uno y dos de los servicios jurídicos de Puertos del Estado, pleitean desde la excedencia contra autoridades portuarias.

Los que pasan a la privada explican que en el sector público no hay apenas incentivos. No hay grandes ascensos ni subidas de sueldo

Aunque en el cuerpo hay poca gente que quiera criticar abiertamente el sistema, sí lo hizo Fernando Irunzun en 2010 en una revista especializada: "No deja de ser preocupante lo que denominaré gráficamente como 'política de puertas abiertas': puerta abierta para salir a la excedencia voluntaria por motivos profesionales y puerta abierta para acudir a interesarse por los asuntos que hasta el día antes eran propios de la función que se ejercía".

Los que pasan a la privada explican que en el sector público no hay apenas incentivos, ya que entran con un nivel 28 y a lo más que pueden aspirar es al 30. No hay grandes ascensos ni subidas de sueldo. Estos defienden que la situación no es mala para el Estado: tiene a muy buenos abogados unos años a buen precio aunque luego vuelen a grandes bufetes y las empresas del Ibex. Los que se quedan en la Administración, con muchos menos medios, creen que no se les valora lo suficiente cuando rechazan ofertas mucho mayores de la privada.