Guindos avisa al PP del primer dato de desconfianza económica por inestabilidad

La confianza de empresarios y consumidores en la economía española va para abajo por primera vez desde finales de 2012 y después de alcanzar sus cotas más altas en el pasado diciembre. Es el dato que el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, transmitió a los diputados del PP en una reunión a puerta cerrada celebrada para intentar reactivar la actividad del partido sobre lo que consideran su principal logro de la legislatura: la recuperación económica. La incertidumbre política después de las elecciones del 20-D empieza a pasar factura en el mes clave para las decisiones sobre inversiones y compras.

Después de presentar el balance general de la evolución de la economía durante la legislatura concluida, el ministro reconoció que después de tres años de recuperación habían llegado los primeros datos negativos, en concreto en el “índice de sentimiento económico”, que mide en los países de la Unión Europea la confianza de los consumidores y empresarios.

Según la Comisión Europea, ese índice, situado en 100 puntos antes de la crisis, tocó fondo en 2009 con los 73 puntos; llegó a los 85 a finales de 2012 y desde entonces no había dejado de crecer hasta el mes pasado, en que llegó a los 115. Los diputados del PP asistentes a la reunión consultados por El Confidencial comentaron que, en palabras de Luis de Guindos, ese índice amenaza con bajar “bastante” este mismo mes.

El titular de Economía atribuyó el deterioro en la confianza en la economía a la inestabilidad política que presagian los resultados de las elecciones. A lo largo del mes de enero se ha perfilado además un bloqueo en el mundo de la política, al no haber ni arrancado las negociaciones para formar Gobierno. En consonancia con esa parálisis, las decisiones sobre inversiones empresariales y compras de consumidores también apuntan al aplazamiento, a la espera de que se aclare el panorama.

Los diputados del PP cuentan con las urgencias de la economía para presionar a los socialistas con el fin de que permitan la continuidad del Gobierno de Mariano Rajoy. Es el argumento -añadido a los de la defensa de la unidad de España y el marco constitucional- para apostar por un Ejecutivo constitucionalista (PP, PSOE y Ciudadanos), que mantenga en los próximos años las principales líneas de la política económica aplicada desde 2012.

Para reforzar esa ofensiva, el Grupo Popular ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para que el pleno de la Cámara debata y proclame la necesidad de impulsar “las reformas imprescindibles para seguir mejorando nuestra competitividad y que permita garantizar tanto la recuperación económica como la creación de empleo”.

La iniciativa parlamentaria, sin invitación alguna a un Ejecutivo que todavía no tiene visos de ser constituido, dará pie a que el PP defienda sus logros de la pasada legislatura en la recuperación económica frente a las propuestas de contrarreforma general en la materia que plantean socialistas y podemitas: desde la ley de estabilidad presupuestaria a la legislación laboral, la unidad de mercado o la reducción del aparato político y burocrático de la Administración local.