Podemos encargó una encuesta en 2016 para testar el efecto del espionaje en su imagen

La dirección de Podemos fue consciente desde el primer momento de la supuesta "guerra sucia" a la que estaba siendo sometida la organización por la denominada policía patriótica. El temor al impacto reputacional que podría generar el presunto espionaje destinado a dañar su imagen se fue extendiendo entre los dirigentes del partido ante la suerte de cordón sanitario que la ejecutiva del PSOE impuso a Pedro Sánchez para las alianzas postelectorales y unas declaraciones del propio secretario general de los socialistas después de su investidura fallida en las que decía esperar que "el dinero de Venezuela a Podemos no sea una hipoteca". Estos temores se tradujeron en certezas el 16 de abril de 2016, cuando se pusieron sobre la mesa de Carolina Bescansa los resultados de una encuesta interna que provocaron que se activasen todas las alarmas en Princesa 2.

La experta en demoscopia y que por aquel entonces dirigía la secretaría de Análisis Político y Social, Programa y Proceso Constituyente del partido, decidió incluir a última hora en una encuesta interna un bloque de preguntas titulado 'financiación de partidos y corrupción'. La sorpresa fue mayúscula, según recuerda ahora un miembro de la dirección, cuando a la afirmación 'Podemos se ha financiado con dinero de Venezuela e Irán', el 54% de los encuestados dijo estar "más bien de acuerdo" frente al 29% que aseguró estar "más bien en desacuerdo".

Las señales de alarma acabaron por activarse al comprobar que la "guerra sucia" incluso había hecho mella entre su propio electorado: el 22% de quienes habían votado a Podemos en las anteriores elecciones y el 34% de los de IU creían que el régimen venezolano había financiado a este partido. En la repetición electoral del 26-J, a la que ambas formaciones acudieron en coalición y el partido popular fijó el clásico mensaje del "nosotros o el caos", perdieron un millón de votos.

El informe, al que tuvo acceso este diario, se titula 'Encuesta sobre la situación política en España. Abril 2016' y se elaboró a partir de 2.034 entrevistas. Otras de las preguntas que recoge este bloque ponen el punto de mira tanto en el PP como en Ciudadanos. Sobre los populares se pregunta a los encuestados si comparten la afirmación de que existen "grandes tramas de corrupción" dentro de la organización, con un 90% de encuestados que están de acuerdo, y sobre la formación naranja si es un partido financiado por las grandes empresas del país, lo cual era cierta para el 49%.

El sondeo fue dirigido y supervisado por la propia Bescansa, quien realizó el cuestionario y subcontrató las entrevistas a un 'call center'

Después del 26-J se realizaron grupos de discusión y se encargó otra encuesta postelectoral con unos resultados similares a los de este sondeo, como ya publicó este diario en su día, en lo relativo al impacto en la opinión pública de esta presunta campaña de desprestigio. Este último estudio fue elaborado por la empresa demoscópica Intercampo e incluyó 1.500 entrevistas telefónicas, mientras que el sondeo antes referido fue dirigido y supervisado por la propia Bescansa, quien realizó el cuestionario y subcontrató las entrevistas directamente a través de un 'call center', según consta en las facturas publicadas por la organización en su web de transparencia sobre gastos e ingresos.

Preguntado este miércoles sobre si las informaciones fabricadas habrían influido en los resultados electorales, como vendrían a sugerir las encuestas internas de Podemos, Pablo Iglesias aseguraba en los micrófonos de RAC1 que "la gente puede responderse fácilmente. Por una parte, sabemos que el PP acudía dopado a las elecciones y ahora sabemos también que los medios, que tienen el poder para condicionar a la gente, utilizaron a través de 'Ok Diario' informaciones falsas, fabricadas por policías corruptos, para alejar la posibilidad de que Podemos parte de un Gobierno. Es evidente que esto en las elecciones tuvo su peso".

El encargo de la encuesta coincidió en el tiempo con el viaje de policías a Nueva York, supuestamente enviados por el exministro del Interior Jorge Fernández Diaz, para conseguir que un exministro chavista exiliado declarase que una fundación considerada el embrión del partido había realizado trabajos remunerados para el Gobierno de Hugo Chávez. "Haciendo esta encuesta hemos escuchado muchas opiniones sobre la financiación de los partidos", se justificaba en la introducción de este bloque temático en el sondeo que vendría a demostrar el efecto de lo que el partido denomina "cloacas del Estado" y cuyos trabajos ahora investiga la Audiencia Nacional en una pieza, dentro del caso Villarejo, en la que está personado Pablo Iglesias como perjudicado directo de la presunta trama por el robo de un teléfono móvil con información sensible a una colaborada cercana.

El 22% de los votantes de Podemos en 2015 acudió a la repetición electoral pensando que Venezuela e Irán financiaron a esta formación

En los audios del encuentro de los policías españoles y exministro chavista, a los que tuvo acceso este diario, se confirma la sospecha de que el Ejecutivo del PP habría impulsado esta investigación policial con una clara motivación política: impedir que Podemos alcanzara el Gobierno. El inspector jefe José Ángel Fuentes Gago así se lo confiesa al exministro de Finanzas venezolano Rafael Isea: "Si nos ayudan a que no lleguen los de Podemos, mejor para todos". A cambio de una declaración inculpatoria, los agentes ofrecieron a Isea sacar a sus familiares de Venezuela, trasladarlos a España y proporcionarles nuevas identidades y nuevas vidas.

En otro momento de la conversación, Fuentes Gago asegura que habían recibido un mandato expreso de Fernández Díaz y del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para ofrecerle al exdirigente chavista las medidas de protección personal que solicitara a cambio de su ayuda para rastrear los fondos que presuntamente llegaron a la caja de caudales de Podemos desde el otro lado del Atlántico. Desde que la Audiencia Nacional ha abierto una nueva pieza separada en el caso Villarejo, que permanece bajo secreto de sumario, para investigar el supuesto espionaje a Podemos con fines políticos, Podemos ha centrado buena parte del foco de su campaña electoral en esta trama parapolicial y política. "Esto no es un problema de Podemos. Es un ataque a la democracia", concluía la portavoz Irene Montero.