El Gobierno sigue su ofensiva antes del 10-N contra el separatismo: lo vuelve a llevar al TC

Que no pase un Consejo de Ministros sin un aviso de dureza contra el independentismo. El Gobierno mantiene su ofensiva de no dejar pasar ni una al separatismo para que no se le acuse de tibieza y para disputar el espacio de centro a Ciudadanos. Solo en la última semana, Pedro Sánchez ha lanzado múltiples mensajes contra el Govern y el Parlament: desde un inesperado real decreto ley para intentar liquidar la república catalana digital, hasta la prohibición y persecución penal de los referendos ilegales y la promesa (que luego le metió en un lío) de traer a Carles Puigdemont a España para ser puesto a disposición de la Justicia. Este viernes, nuevo Consejo de Ministros y nueva estocada: aprobó llevar dos acuerdos de la Mesa del Parlament al Tribunal Constitucional. Son varias las semanas en las que el Gabinete acude al TC para impugnar o resoluciones o acuerdos del órgano rector de la Cámara autonómica.

En concreto, este 8 de noviembre, a menos de 48 horas de las generales del 10-N, el Consejo de Ministros decidió plantear dos incidentes de ejecución de resoluciones ante el tribunal de garantías por incumplimiento de dos providencias (las que dictó el 10 y el 16 de octubre pasados) y dos sentencias (de 2015 y 2018). El Ejecutivo observa dos actuaciones del Parlament contrarias a lo dicho por el TC. En primer lugar, la admisión a trámite de la moción presentada por la CUP el 28 de octubre. Ese texto del grupo antisistema pide a la Cámara que exprese de nuevo "su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán".

El PSC, Ciudadanos y el PP pidieron a la Mesa que reconsiderara la tramitación de esa iniciativa de la CUP, y el órgano rector del Parlament, en el que hay mayoría independentista, lo rechazó el pasado martes, 5 de noviembre, de modo que el texto estaba listo para debatirse en el próximo pleno. El Gobierno recurre ahora esos dos movimientos del separatismo: la admisión a trámite de la moción de la CUP y la negativa de la Mesa a reconsiderar essa posición. Por todo esto, solicita declaración de nulidad al TC. Requiere además la "inmediata suspensión" de las decisiones del ógano de gobierno de la Cámara.

Para el Ejecutivo, el Parlament, el Parlament incide en el derecho de autodeterminación y muestra su voluntad de "continuar" con el 'procés'

Como explicó en rueda de prensa la ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, el Ejecutivo socialista considera que la Mesa "vuelve a incidir en la voluntad de ejercer de forma completa el derecho de autodeterminación", aspecto que ha sido declarado "inconstitucional y nulo" por las sentencias del TC de 2015 y 2018. Con su admisión a trámite, el Parlament, cree el Gobierno, pretende manifestar "la clara intención de continuar con el proceso secesionista, continuando así en su pretensión de lograr la independencia de Cataluña a través de un procedimiento unilateral".

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Además, el Gabinete considera que con esos dos acuerdos de la Mesa, se están desoyendo dos providencias del Constitucional del pasado octubre, que suspendían las resoluciones que insistían en el derecho de autodeterminación y la soberanía del pueblo catalán, y en las que apercibía a los miembros del órgano rector de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que podían incurrir si ignoraban o eludían las decisiones del TC. Por eso, el Gobierno sostiene que los miembros de la Mesa tenían "pleno conocimiento" de que, tramitando el texto de la CUP y rechazando las reconsideraciones demandadas por el PSC, Cs y el PP, estaba incumpliendo las resoluciones del Constitucional.

El Gobierno señala que la Mesa tenía "pleno conocimiento" de que desobedecía al TC y reclama que sus miembros sean apercibidos de nuevo

El acuerdo del Consejo de Ministros solicita al TC que notifique personalmente su decisión al presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent; al secretario general de la Mesa, Xavier Muro, y los miembros de la Mesa, y que les vuelva a apercibir para que paralicen cualquier iniciativa que suponga desoír los pronunciamientos de los magistrados. Que les advierta de que pueden incurrir en delito. También, y como confirmó el ministro de Política Territorial en funciones, Luis Planas, el Gobierno requiere al TC que acuerde deducir testimonio para exigir la responsabilidad penal que corresponda por el incumplimiento de sus resoluciones. Es decir, le pide que estudie si llevar el caso a la Fiscalía para que los miembros de la Mesa sean investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El Ejecutivo, por tanto, insiste al TC en que ordene investigar a los integrantes del órgano rector de la Cámara por desobediencia. No es baladí esa apreciación. Ya el jueves pasado el Consejo de Ministros aprobó ir al Constitucional y le reclamó que se dirigiese a la Fiscalía por si la Mesa hubiera incurrido en delito, pero los magistrados rechazaron esta misma semana acceder a esa petición.