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Los Inspectores de Hacienda levantaron actas a las sicav East Star y South Hill, pertenecientes a la familia Lladró y gestionadas en ambos casos por Gesbeta Mees Pierson, en las que les conminaban a pagar más de 7 millones de euros en total.
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Los Inspectores de Hacienda levantaron actas a las sicav East Star y South Hill, pertenecientes a la familia Lladró y gestionadas en ambos casos por Gesbeta Mees Pierson, en las que les conminaban a pagar más de 7 millones de euros en total.

La familia Lladró se ha librado por los pelos. El pasado 7 de junio, los inspectores de Hacienda levantaron un acta a la sicav East Star,

Foto: Los Inspectores de Hacienda levantaron actas a las sicav East Star y South Hill, pertenecientes a la familia Lladró y gestionadas en ambos casos por Gesbeta Mees Pierson, en las que les conminaban a pagar más de 7 millones de euros en total.
Los Inspectores de Hacienda levantaron actas a las sicav East Star y South Hill, pertenecientes a la familia Lladró y gestionadas en ambos casos por Gesbeta Mees Pierson, en las que les conminaban a pagar más de 7 millones de euros en total.

La familia Lladró se ha librado por los pelos. El pasado 7 de junio, los inspectores de Hacienda levantaron un acta a la sicav East Star, que determinaba el pago de un importe de 1,9 millones de euros para regularizar la aplicación del tipo de sociedades, en lugar del tipo especial aplicable a las sociedades de inversión colectiva.

Sumándole unos intereses de demora de 491.000 euros, la reclamación de Hacienda ascendía a 2,4 millones. Este vehículo de inversión cuenta con un patrimonio de 10,8 millones de euros y está presidida por Vicente Lladró. También figuran como consejeros David Lladró e Inmaculada Lladró.

Por su lado, South Hill, sicav de María Ángeles Lladró, que cuenta con 3,25 millones de euros en cartera, tiene pendiente un acta en la que se le reclaman 4,7 millones de euros, resultantes de 3,8 millones por cuotas atrasadas y 900.000 euros más por intereses de demora.

Este caso es destacable ya que, en algunas circunstancias, la posible sanción de Hacienda suponía un porcentaje elevado del patrimonio de la sicav, pero en este caso, la reclamación de acta supera al patrimonio total. Por supuesto, Gesbeta Mees Pierson, entidad que la gestiona, ha firmado las actas en disconformidad, hecho que ha comunicado oficialmente a la CNMV.

Sin embargo, a los Lladró les ha salvado la campana. El pasado mes, el enfrentamiento institucional entre los inspectores y la CNMV era solventado en el Congreso de los Diputados con una enmienda a la Ley de Medidas de Apoyo a la Productividad, apoyada por PSOE y CIU, que otorgaba a la CNMV la potestad para controlar y decidir sobre cualquier proceso o inspección que la Agencia Tributaria o sus inspectores quieran abrir contra las sicav.

A partir de ahora, para sancionar a una sociedad de inversión será necesario que la propia Comisión la expulse del registro. A pesar de que no se admite de forma literal el carácter retroactivo de la norma, los propios inspectores fiscales, que daban por hecho hace pocas semanas que las actas levantadas serían ganadas sin problemas en los tribunales, admiten que será muy difícil que se mantengan las actas abiertas, después de que la enmienda se haya decantado por la CNMV.

En este caso, el problema que se avecinaba ha sido zanjado de manera rápida, pese a que los inspectores hayan puesto el grito en el cielo. No en vano, un altísimo porcentaje de sicavs registradas no cumple con el requisito de tener 100 inversores reales, ni tampoco con el patrimonio mínimo exigible. Así, podía llegar una lluvia de actas en los próximos meses.

Los Lladró no han sido los únicos en sufrir estas actas. Chart, sociedad de inversión de la familia Del Pino, también fue sancionada. Y pueden no ser los únicos ilustres tocados. En el sector financiero se comenta que incluso Amancio Ortega ha sufrido ya el ‘acoso’ de Hacienda.

La familia Lladró se ha librado por los pelos. El pasado 7 de junio, los inspectores de Hacienda levantaron un acta a la sicav East Star, que determinaba el pago de un importe de 1,9 millones de euros para regularizar la aplicación del tipo de sociedades, en lugar del tipo especial aplicable a las sociedades de inversión colectiva.