Los magistrados creen que hay motivos para seguir haciendo diligencias contra el vicepresidente del Santander y una docena de ex directivos de Banesto, que no declararon el 1% del banco que recibieron de Botín

La Justicia seguirá investigando a Alfredo Sáenz y a una docena de directivos del Banco Santander por presunto delito fiscal. Así lo determina un auto de la Audiencia Provincial de Madrid, en el que se estima el recurso presentado, entre otros, por el abogado del Estado contra el archivo de la causa, dictado por un juez de instrucción de Madrid.

El auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, establece que el juez debe seguir investigando la entrega por parte de Banesto del 1% de las acciones de la entidad al actual vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander y a un grupo de directivos del banco. Esos títulos no fueron declarados a Hacienda entre los años 1994 y 1997, por lo que se abrió una causa específica por la posible existencia de un fraude fiscal. El juzgado número 3 de Móstoles, que investiga el caso, -ya que también lo hacen otros cuatro juzgados en los que se sitúan los domicilios fiscales de los otros imputados- decidió archivar el procedimiento, pero ahora la Audiencia de Madrid le dice que a la luz de la complejidad de los hechos “pobre resulta la investigación desarrollada”.

Como consecuencia de ello, la Audiencia insta al juez a resolver los “claroscuros” que todavía subsisten en la situación, denunciada por la Fiscalía Anticorrupción, la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes y el abogado Rafael Pérez Escolar. Según la Audiencia, “sólo con la práctica de las diligencias solicitadas” por el fiscal y las partes presentes en el procedimiento se podrá lograr el “esclarecimiento” de lo sucedido.

Entre los argumentos dados por el juez de instrucción para archivar las diligencias se encuentra el hecho de que en 1994 no estaban reguladas las stock options (opciones sobre acciones) por la legislación española, ni existía la obligación de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores esos incentivos. Igualmente, los peritos discreparon sobre la fecha en la que se produjo el hecho imponible que excluye el dolo para la Hacienda Pública. El juez, por último, asumió que no hubo intención de ocultar la operación por parte de uno de los imputados, Juan Carlos Rodríguez Cantero, que incluyó las acciones en su declaración de Patrimonio.

Frente a estos argumentos, y sin entrar en el fondo de la cuestión, la Audiencia dice que no se han hecho las diligencias necesarias, por lo que se debe seguir investigando en aras al esclarecimiento de los hechos. Unos hechos en los que la Fiscalía Anticorrupción ha detectado irregularidades en la tributación fiscal de Alfredo Sáenz, tal como lo puso de manifiesto la fiscal Carmen Launa. Ésta encontró “sorprendente”, según sus propias declaraciones a la agencia Efe, que el actual vicepresidente segundo del banco repartiese sus retribuciones entre él mismo y la sociedad Liborne, formada por él y por sus hijos.

En total son cuatro los juzgados que investigan este presunto delito fiscal, que se remonta a 1994, cuando Emilio Botín repartió 6,47 millones de acciones de Banesto entre los directivos del banco, si bien el Banco Santander mantuvo un derecho de recompra sobre esos títulos hasta septiembre de 1998. Sáenz fue designado administrador de Banesto en diciembre de 1993 por el Banco de España.

Hacienda considera que esas retribuciones fueron es especie, por lo que Sáenz y los directivos deberían de haber tributado por ello, lo que explica la posición del abogado del Estado, que defiende en este caso los intereses de la Hacienda Pública.

Al margen de este procedimiento, la Audiencia Nacional instruye otro caso por cohecho durante la venta de Banesto al Santander Central Hispano.