Continúan las sanciones de la Agencia Tributaria a las sicav de los ricos. Las últimas han sido las del presidente del BBVA, la de los dueños de Azkar y las de los socios de Esther Koplowitz en FCC a través de Cartera Deva. Todos creen que no pagarán.

Hacienda no ceja en su empeño de poner orden en las sicav. Así, la Agencia Tributaria notificó el pasado mes de junio a la de Francisco González, Orto Inversiones, un acuerdo de liquidación derivado del impuesto de sociedades de ejercicio 1999, así como el inicio de un expediente sancionador, por un importe de 822.000 euros.

Sin embargo, según notifica el secretario general de Orto, no se ha provisionado esta cantidad “al considerar remota la posibilidad de prosperar el acuerdo de liquidación”. Orto tiene un patrimonio algo superior a los 10 millones de euros.

Por su parte, a Ardizia de Inversiones, sociedad perteneciente a los dueños de la compañía logística Azkar (la propia sicav tiene algo más del 2% de la empresa), Hacienda le reclama 2,5 millones de euros en concepto de impuestos atrasados más intereses, así como otros 998.000 euros como sanción. Ardizia tiene un tamaño de 184 millones de euros.

Pero el caso más llamativo es el de Cartera Baseibar, ya que el fisco le solicita un pago de 4,7 millones de euros, contabilizando impuestos y sanción. Esta sociedad, que posee 47 millones de euros en cartera, tiene como presidente a Jesús Llantada Aguinaga y como secretario general a José Aguinaga, presentes en FCC a través de Cartera Deva, de la que es presidente este último.

Aún más destacable es el caso de Mobinversora, donde José Aguinaga Cárdenas es secretario general y que, a la vez que comunicaba su disconformidad con el acta levantada por Hacienda, que le reclamaba más de 3 millones de euros, solicitaba la baja como sicav. La familia Aguinaga cuenta con otra sicav, llamada Iscar Finanzas, que no ha comunicado hecho relevante sobre la inspección de Hacienda.

Procesos judiciales de más de cinco años

El próximo día 13 finaliza el plazo para la presentación de enmiendas a la Ley de Medidas de Apoyo a la Productividad, apoyada por PSOE y CIU, que será enviada al Senado posteriormente. Se espera que entre en vigor a finales de mes o principios del que viene.

Este nuevo marco legal, que deja en manos de la CNMV la potestad para controlar y decidir sobre cualquier proceso o inspección que la Agencia Tributaria o sus inspectores quieran abrir contra las sicav, no tiene efectos retroactivos, por lo que las actas levantadas por los inspectores, firmadas en disconformidad por las gestoras de las sicav, irán a los tribunales.

La decisión final podría fijarla en última instancia el Tribunal Supremo, lo que podría suponer un plazo de más de cinco años. Así, no es extraño que las gestoras consideren una contingencia remota el pago de las liquidaciones que les reclaman los inspectores. Que los tribunales decidieran lo contrario sería una sorpresa, según los expertos.