Las 15.000 prejubilaciones de las cajas se libran de la Ley anti-Telefónica

Las prejubilaciones masivas anunciadas por las cajas de ahorros, unas 15.000, se salvarán del endurecimiento de esta práctica anunciado por el Gobierno a raíz del ERE de Telefónica, que afectará a unos 6.000 trabajadores. Todo un alivio para estas entidades, que no podrían asumir el coste de esta reducción de plantilla ni siquiera con las ayudas del FROB.

Según expertos laborales, la norma que tiene previsto aprobar el Ejecutivo no podría tener en ningún caso efectos retroactivos, ya que la fecha a efectos de normativa aplicable es la de la resolución administrativa que aprueba el ERE. Todos los grupos de cajas tienen ya aprobados sus Expedientes de Regulación de Empleo por las autoridades competentes; los últimos datan de finales de febrero.

Existe un precedente en este sentido: el acuerdo de reforma de las pensiones firmado en febrero recoge explícitamente que no se aplica a los procesos anteriores, en este caso a efectos de jubilaciones, no de prejubilaciones.

El ministro de Fomento, José Blanco, confirmó ayer que el Ejecutivo ha elaborado un borrador para endurecer las prejubilaciones, básicamente al obligar a las empresas en beneficios a asumir las pretaciones por desempleo que actualmente pagan los servicios públicos de empleo (el antiguo INEM). Los prejubilados suelen cobrar durante dos años el paro al que tienen derecho, y el Estado también paga sus cotizaciones a la Seguridad Social en ese período.

En el caso de las cajas, este coste para el erario público se estima en 100.000 euros por trabajador, lo cual arroja un total de 1.500 millones. Un dinero de todos los españoles que hay que sumar a los 11.600 millones inyectados por el FROB 1 (que son préstamos que las entidades deben devolver, si pueden, al Estado) y los otros 6.500 millones que en teoría recibirán del FROB 2 (y que probablemente serán muchos más por las dificultades de las entidades con más problemas para captar inversores privados).

"Es un escándalo que el Gobierno decida limitar las prejubilaciones cuando Telefónica anuncia un ERE pero que mire para otro lado cuando las que lo hacen son las cajas. Parece que tiene patente de corso", señala uno de los expertos consultados.

Otra fuente del sector financiero se muestra más comprensiva: "Si el Gobierno obliga a las cajas a asumir con sus recursos 15.000 prejubilaciones, no aguanta ninguna. Aun así, con la prestación por desempleo, el FROB, etc, mira cómo están".

Telefónica no se librará

La que parece que no se librará es Telefónica. El titular de Trabajo, Valeriano Gómez, declaró ayer que la operadora reúne las características para determinar qué tipo de empresas se verán obligadas a asumir el coste de las prejubilaciones.

Aunque oficialmente el Ejecutivo niega la relación causa-efecto entre el ERE de la empresa que preside César Alierta y esta reforma legal, distintos medios aseguran que ha caído muy mal en las filas gubernamentales que el despido del 20% de la plantilla en España coincida con la aprobación de un bonus de 450 millones para sus directivos.

Así que ahora comienza una curiosa carrera para ver si el Gobierno puede introducir esta reforma antes de que la Dirección General de Trabajo apruebe el ERE de Telefónica. La opción más probable es incorporar la medida como enmienda en la tramitación de la Ley General de Seguridad Social o en el Decreto Ley de Políticas Activas de Empleo, ambas actualmente en el Congreso, según informaba ayer El País.