Celsa, el mayor grupo industrial de Cataluña, prepara su mudanza por la independencia

La huida continuada de empresas de Cataluña tiene un nuevo protagonista. Se trata de Celsa, el mayor grupo industrial de la comunidad autónoma presidida por Carles Puigdemont, propiedad de la familia Rubiralta. La multinacional siderúrgica, que emplea a 9.000 trabajadores en todo el mundo, tiene todos los trámites burocráticos para trasladar su sede social de Barcelona. La decisión se adoptará en los próximos días por el riesgo que tendría para sus exportaciones una declaración unilateral de independencia (DUI).

La familia Rubiralta, propietario de Celsa Group, analizó ya hace unas semanas en el comité de dirección la posibilidad de cambiar la sede social de Barna Steel, la sociedad domiciliada en Castellbisbal y empresa clave del 'holding'. El equipo gestor dirigido por Francesc Rubiralta encargó a sus abogados preparar todos los trámites legales para la mudanza del cuartel general de la cabecera de Celsa para, en caso de que la Generalitat se decantase por romper con España, el grupo siderúrgico pudiera seguir operando con normalidad.

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Dada la paralización de la actividad constructora en el país, cerca del 70% de las ventas de Barna Steel procede del extranjero, por lo que tener un marco jurídico estable es vital para garantizarse el pago de unos aranceles estables. Sobre todo porque el grupo metalúrgico, anteriormente denominado Global Steel Wire, usa el puerto de Barcelona como plataforma de salida de sus productos laminados. La compañía alcanzó una facturación de 3.386 millones en 2016, un 6% menos que en el año anterior, por lo que 2.370 millones los obtiene en el exterior.

Según explican fuentes próximas a la compañía, la decisión de trasladar la sede social la puede adoptar en cualquier momento, puesto que el grupo tiene ya filiales repartidas por España, en ciudades como A Coruña y Vitoria, donde tiene varias plantas (Celsa Atlantic y Celsa Nervacero). No obstante, la compañía fundada ahora hace 50 años por Francisco Rubiralta, fallecido en 2010, podría elegir finalmente Madrid como destino en un momento muy especial para el 'holding', ya que está a punto de firmar la refinanciación de su deuda de 2.564 millones de euros.

La compañía está convencida de que en las próximas semanas rubricará la refinanciación con la mayoría de los acreedores

Tras varios años con graves problemas financieros —el grupo ha perdido unos 1.500 millones entre 2008 y 2016—, Francesc Rubiralta ha conseguido convencer al 70% de los bancos acreedores para que le alarguen el vencimiento de su pasivo hasta 2022. Santander, el principal prestamista, con 550 millones de riesgo, BBVA, Sabadell, CaixaBank, Bankia y Abanca dieron su visto bueno a la reestructuración antes del verano, pero la firma todavía está pendiente de los bancos con menos participación en el sindicado.

La compañía está convencida de que en las próximas semanas rubricará la refinanciación con la mayoría de los acreedores, desglosada en tres tramos. Uno de 500 millones, para cubrir necesidades de circulante. Otro de 900 millones, que deberá amortizar en un plazo único de cinco años. Y un tercero de 1.300 millones, por los que tendrá que pagar intereses desde el primer momento. Su localización actual en Cataluña no ayuda a los bancos más indecisos, especialmente los extranjeros, cuyos comités de riesgo ven con preocupación los acontecimientos en el país.

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Pese a que más de 1.000 empresas ya han abandonado Cataluña por la incertidumbre política y el riesgo de un corralito, Rubiralta no ha querido precipitarse, dado el origen catalán de la familia. El aumento de la tensión entre la Generalitat y el Gobierno de Mariano Rajoy y la cada vez más cercana ruptura obligan al grupo a decantarse para salvaguardar la última gran empresa siderúrgica de Cataluña y España.