Endesa se juega más de 200 millones por el expediente de Bruselas a las ayudas al carbón

Endesa es la compañía que más se juega en la investigación anunciada este lunes por la Comisión Europea contra supuestas ayudas de Estado proporcionadas desde 2007 por el Gobierno de España a las plantas de carbón.

La comisaria de competencia, Margrethe Vestager, entiende que el Gobierno no puede pagar a las empresas por introducir filtros que reducían las emisiones de óxido de azufre de las centrales, ya que estas estaban obligadas previamente por una directiva europea, por lo que estos fondos otorgados por la Administración suponen una competencia desleal hacia otras tecnologías y otros generadores de Europa.

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Todas las plantas térmicas de Endesa (Litoral, Andorra, Compostilla, As Pontes y Alcudia) están afectadas en mayor o menor medida. Esto significa que se cuestionan más de 200 millones de euros percibidos por la eléctrica presidida por Borja Prado, según cálculos de varias fuentes del sector. Una cifra que podría elevarse si se tiene en cuenta que parte de estas ayudas están aún por cobrar.

La afectación es mucho menor en otras compañías. Gas Natural Fenosa (La Robla, Meirama y Narcea) está afectada por algo menos de 100 millones de euros. Viesgo (Puerto Nuevo y Los Barrios) y EDP HC (Aboño y Soto de Ribera) se enfrentarían a un hipotético impacto de alrededor de 77 millones de euros cada una de ellas, y para Iberdrola (Velilla y Lada) el golpe estaría alrededor de los 50 millones de euros. Estas cifras suman lo ya cobrado (440 millones de euros, según la CE) y la parte que aún está por cobrar, ya que el plan de ayudas se extiende hasta 2020. En total, son 14 plantas las afectadas por la investigación comunitaria.

La Comisión explica que se pagaron 8.750 euros por cada megavatio que implementó planes de desulfuración (reducción de emisiones de SO2) al año. Teniendo en cuenta el plan nacional de reducción de emisiones de las grandes instalaciones de combustión existentes, publicado en enero de 2008, las cifras revelan que una hipotética devolución de las cantidades cobradas afectaría de modo más intenso a Endesa, quien se ha beneficiado de cerca de la mitad de los fondos de este plan.

Pese a las cantidades percibidos por las empresas, aún es demasiado pronto para conocer el alcance de las indagaciones de Bruselas. Expertos en la materia sostienen que el expediente abierto podría desde cerrarse en falso hasta terminar con una multa al Gobierno de España de una cuantía indeterminada, y en el peor de los casos se podría pedir la devolución de los cerca de 500 millones de euros que las instituciones comunitarias consideran ayuda de Estado.

Ya existen precedentes recientes en que la comisaria Vestager ha logrado doblar el espinazo a una gran empresa además de multar al país, como fue el caso de Apple con las ayudas fiscales en Irlanda o Amazon en Luxemburgo.

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El Gobierno seguirá pagando

Por su parte, el Gobierno sostiene que "estas ayudas se financian a cargo del sistema, no con presupuestos". Es decir, que los alrededor de 500 millones por este concepto salen de la factura de los consumidores y no de los impuestos de los ciudadanos, con lo que están fuera del cómputo del déficit del Reino de España. Fuentes del Ministerio de Energía sostienen que España está dispuesta continuar el procedimiento para que se preserve la confianza legítima con la que se activó en su día. Va a seguir pagando a las eléctricas.

Según sus argumentos, "el sistema era respetuoso con las regulaciones de la UE y con las prácticas habituales en el momento en el que se introdujo. La Comisión Europea conoce este esquema desde hace años y nunca ha dicho nada hasta ahora. El esquema ya está cerrado y termina en 2020".

La investigación permite las alegaciones tanto de España como de los terceros afectados, las compañías propietarias de las centrales de carbón. Según fuentes del sector, si Bruselas acaba sancionando por este asunto de 2007, pronto tendrá que poner encima de la mesa los pagos por capacidad al gas o los cobros de las subastas por interrumpibilidad a la industria electrointensiva, lo que puede traer un tsunami de consecuencias impredecibles para los afectados.