Atlantia asume que la pugna por Abertis entra en una fase política… y judicial

La pugna por Abertis ya es oficialmente un asunto político. La italiana Atlantia encajó ayer jueves con diplomacia la advertencia realizada por los ministerios de Fomento y Energía, según la cual el Gobierno tiene la potestad última de autorizar la operación, y agradeció “cualquier clarificación” sobre el asunto una vez recibido el mensaje tras el Consejo de Ministros. La guerra soterrada mantenida desde hace meses acaba de ponerse encima de la mesa.

De manera oficial, “Atlantia siempre se ha adaptado respetuosamente a cualquier solicitud de la CNMV y ha actuado en coherencia con los precedentes y con cualquier legislación aplicable”. La italiana responde así a la petición trasladada por Fomento y Energía al supervisor bursátil, al que han conminado para que interpele a Atlantia, cuyo folleto de oferta fue ya aprobado, y le obligue a cursar una solicitud de autorización para hacerse con Abertis.

Hace semanas que el gigante italiano era consciente de las intenciones del Gobierno. “Atlantia ya había comunicado a los respectivos ministerios la disponibilidad para suministrar cualquier información o documentación relevante”, recuerda la compañía. Sin embargo, ninguno de sus movimientos ha sido equivalente al realizado por ACS/Hotchief, como recordaron Fomento y Energía, que “pidió las autorizaciones” para su posterior visto bueno.

Fuentes jurídicas involucradas en la operación consideran que la llamada de atención de Fomento y Energía encierra más claves políticas que legales

El comunicado de Fomento y Energía, que justifica su pronunciamiento en base a un dictamen de la Abogacía del Estado, donde considera “razonable” la ingerencia administrativa, carga el deber del nuevo requerimiento para Atlantia a la CNMV. Esta intervención obligó la reacción del propio supervisor, que informó del acuse de recibo y evitó entrar en disquisiciones jurídicas sobre sus competencias una vez que ya dio el visto bueno a la oferta de la italiana.

Fuentes jurídicas involucradas en la operación consideran que la llamada de atención de Fomento y Energía encierra más claves políticas que legales, pues la propia Abogacía del Estado argumenta que “aunque no es completamente seguro, es razonable” el criterio por el cual se pide una autorización del Gobierno. Atlantia, sin embargo, solo consideró pertinente pedir permiso ante las autoridades de competencia europeas para pujar por Abertis.