Fondos renovables rastrean bienes de España en EEUU para garantizarse el cobro de laudos

Los fondos de inversión que han llevado España ante los arbitrajes internacionales comienzan a mover ficha ante la estrategia del Ministerio de Energía de escudarse en la Comisión Europea para no pagar los laudos por el recorte a las renovables. Fuentes del sector explican que ya hay quien ha empezado a rastrear los bienes de España en el extranjero, especialmente en EEUU, para pedir su embargo en caso de que España no pague. El primero de los casos, el del fondo Eiser, está pendiente de que el Ciadi decida si ejecuta o no el laudo mientras decide sobre la anulación que ha pedido España. España alega que la Comisión Europea no le permite pagar al considerarlo ayudas de Estado. El caso, en el que hay en juego 7.500 millones, es un laberinto dentro de un crucigrama del que solo hay una certeza: los fondos van a intentar cobrar de todas las maneras posibles. Y la que tienen a su alcance es ir a por los bienes en el exterior.

El segundo laudo internacional contra España por los recortes a las renovables ha terminado por mostrar la realidad que el Gobierno intentaba no ver: no hay forma de ganar los 26 arbitrajes que inversores internacionales plantearon contra España por los sucesivos recortes a las primas a las renovables. Las dos primeras victorias contra Isolux dieron esperanza al Ejecutivo, pero en un sistema en el que no hay jurisprudencia y en el que ha habido tantos recortes sin previo aviso, algunos casos se pueden ganar pero muchos otros —probablemente la mayoría— se perderán, según distintas fuentes del sector que piden el anonimato.

Las embajadas no son embargables, pero el resto de inmuebles y cuentas sí. Ya le pasó a Argentina

Ante eso, España intenta ahora no pagar o demorar el pago lo más posible. Como los laudos del Ciadi son "definitivos y vinculantes" para los países que lo han firmado, ha implicado a la Comisión Europea en su estrategia. A Bruselas no solo no le gusta el sistema de arbitrajes internacionales sino que quiere tomar distancia con el Tratado de la Energía bajo el que los inversores van contra España. La UE no termina de entender que un fondo alemán —o generalmente de Luxemburgo, donde tienen su sede por motivos fiscales aunque no tengan infraestructura ahí— pleitee contra España fuera del sistema judicial europeo. Da un trato más favorable a estos frente a un inversor español, abocados a la Justicia ordinaria, algo que choca con todo el andamiaje judicial europeo que lleva tantos años construyendo. Por eso la Comisión Europea ha avisado a España de que no pague estos laudos sin informarla y de que podrían ser considerados ayudas de Estado y por lo tanto estar prohibidos.

Europa recela del Tratado de la Energía, un acuerdo de principios de los noventa y previo a la integración, pensado para garantizar las inversiones en energía en los antiguos países comunistas. Lo firmaron los estados, no la UE, por lo que Bruselas lo ve como un cuerpo extraño. España ha intentado que Europa denuncie el tratado —que se salga de su jurisdicción—, pero la opción ha perdido peso porque los recortes a las renovables se hicieron durante unos años en que España estaba sujeta a este acuerdo y la medida no sería efectiva. Otra vía para eludir el pago ha sido denunciar el sistema de ayudas a las renovables como ayuda de Estado para que la Comisión Europea lo investigue.

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Pero eso no arredra a los fondos de inversión. "Esta gente no depende del BOE. Con las eléctricas podrían negociar o buscar compensaciones, pero esta gente quiere lo suyo y no necesita negociar nada más con el ministerio", cuenta una fuente del sector. Si España no paga, pedirán el embargo de bienes en el exterior. Las embajadas son inembargables porque es territorio español, pero el país tiene numerosos activos fuera. Hay inmuebles y edificios, pero también cuentas corrientes, préstamos y otros activos.

Lo habitual es empezar por Estados Unidos, donde estos grandes bufetes tienen sus sedes. Solo en EEUU, España posee 14 inmuebles entre consulados, residencias de los embajadores, edificios de embajadas y sedes del Instituto Cervantes. En realidad, podrían pedir el embargo en 178 de los 212 países del mundo, por lo que las posibilidades de embargo son enormes.

España ha alegado un conflicto de intereses de un perito para anular el laudo que perdió contra Eiser

No sería la primera vez. Argentina ya vio bienes suyos en el extranjero embargados cuando se negó a pagar laudos del Ciadi. En el sector se cuenta cómo el presidente tenía que viajar a EEUU en un vuelo regular para evitar que la Justicia de EEUU embargase el avión presidencial. En 2012, un juzgado de Ghana requisó el buque escuela de la marina argentina, la fragata 'Libertad', a petición de un fondo de inversión por un arbitraje internacional. Hay quien alude a este precedente pensando en el 'Elcano'. Las fuentes consultadas -todas piden el anonimato porque el sector está plagado de cláusulas de confidencialidad— consideran que es pronto para imaginarse los embargos y creen que España pagará antes de llegar a este extremo.

De momento, España ha pedido la anulación del laudo del Ciadi del fondo Eiser. Lo ha hecho alegando un conflicto de intereses de uno de los peritos —solo se puede recurrir por un defecto de forma, no es como en la Justicia tradicional, donde siempre hay una segunda instancia—. Esos recursos rara vez prosperan y el sector lo ve como una forma de ganar tiempo.

Eiser pidió en un primer momento la ejecución del laudo en un juzgado de Nueva York, pero en noviembre retiró ese pleito después de que España ganase que el caso debía ir por una vía más lenta. El fondo ha pedido que el Ciadi ejecute ya el laudo mientras decide si da la razón a España o no. Así que en no mucho tiempo España conocerá si la corte de arbitrajes del Banco Mundial le obliga a pagar ya los 153 millones que debe a Eiser, a poner un aval o espera a tomar una decisión definitiva sobre el recurso.

Cuando tarde o temprano llegue la primera obligación de pago, España puede alegar que la Comisión Europea no le deja pagar y esperar a que un tribunal de Estados Unidos se ponga a dirimir sobre el asunto o por el contrario decida embargar los bienes. Su idea es que el caso de España contra los fondos de inversión se eleve para convertirse en la lucha de la UE contra el sistema internacional de arbitrajes.