El Supremo admite recurso de Gas Natural contra la rebaja de Nadal al recibo del gas

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por Nedgia (distribuidora de gas de Gas Natural Fenosa) contra la orden de peajes (pagos regulados incluidos en la factura) aprobada por el Ministerio de Energía para 2018.

El motivo de judicializar esta norma es la reducción aplicada a los ingresos que perciben las compañías de distribución por el alquiler de los contadores, que ha caído más de 60 céntimos por contador de hogar al mes, lo que supone un recorte de más del 54% respecto a lo que venían cobrando en los últimos años.

El ramo dirigido por Álvaro Nadal decidió bajar esta retribución a instancias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El regulador realizó un informe a mediados de 2017 en el que concluía que los pagos por este concepto de los usuarios de gas deberían bajar entre un 16% y un 76,6% dependiendo del tipo de contador.

TE PUEDE INTERESAR

Órdago de las eléctricas a Nadal: recurren en bloque al Supremo por su reforma

Juan Cruz Peña

Fuentes de Gas Natural señalan que esto supone un perjuicio para la compañía en la medida en que existe una modificación de la retribución regulada. La compañía activó el recurso en el plazo que establece la regulación contencioso-administrativa, y ahora que ha sido admitida a trámite por el alto tribunal prepara la argumentación en busca de una sentencia a su favor.

La medida adoptada por el Gobierno entró en vigor en enero de 2018 y supone un ahorro de ocho euros por familia al año. Sin embargo, esta bajada ahora está en cuestión con el recurso admitido por el TS de Gas Natural, que acusa un impacto por este concepto de 40 millones de euros al año, según señaló el exconsejero delegado de la compañía Rafael Villaseca.

No obstante, el impacto es sobre la filial de distribución de gas, no contra la matriz. En este sentido, cabe destacar que Nedgia es 80% Gas Natural Fenosa, ya que el 20% restante se vendió al fondo alemán Allianz y al canadiense CPPBI, que firmaron la entrada en el capital de la empresa antes de que se produjera este recorte retributivo.

TE PUEDE INTERESAR

Gas Natural Fenosa negocia la venta del 20% de su negocio de distribución en España

Agencias

Además de los 40 millones menos para Gas Natural, hay otros 16 millones de euros de impacto repartido entre el resto de distribuidoras, vendidas recientemente a fondos internacionales. Así, Redexis es propiedad de Goldman Sachs, Naturgas está en manos de JP Morgan y Madrileña Red de Gas pertenece al fondo chino Ginko Tree y el holandés PGGM.

La CNMC decidió recomendar bajar esta coste para el sistema tras realizar un análisis del precio que cobran las compañías por este concepto, después de solicitarles información económica con el objetivo de hacer los cálculos pertinentes. De hecho, el Gobierno recogió al 100% la recomendación de la CNMC.

El recurso de la compañía se interpuso a finales de enero y fue admitido a trámite por le Supremo el 28 de febrero.

Este nuevo frente judicial que le abre una compañía energética al ministro de Energía llegó poco antes de que el propio Álvaro Nadal cargara contra el sector por judicializar todas y cada una de las normas que aprueba el Gobierno.

Es más, el ministro pidió a principios de febrero que se rebajara la conflictividad jurídica, ya que las sentencias contrarias al Gobierno estaban generando desajustes que sólo se podrían cubrir realizando más recortes. Según destacó el titular del ramo, las compañías recurren todo "a ver qué cae".

TE PUEDE INTERESAR

Endesa e Iberdrola se disparan en bolsa por el nuevo cobro avalado en el Supremo

Juan Cruz Peña

En este sentido, Nadal presentó ante el Congreso de los Diputados una batería de reformas para dar una vuelta de tuerca a los ingresos de las compañías eléctricas y gasistas. No obstante, este reajuste aún no cuenta con el apoyo parlamentario necesario para llevarlo acabo.

Este conjunto de ajustes se anunciaron después de que el Tribunal Supremo reconociera a finales de 2017 el pago de 120 millones de euros al año a las distribuidoras eléctricas durante 22 años, lo que según fuentes del Ministerio echaría por tierra el superávit de sistema eléctrico.