Ángel Ron reclama vía judicial el millón de euros invertido por su mujer en el Popular

La batalla entre Ángel Ron, expresidente de Banco Popular, y el Santander, el nuevo dueño de la entidad financiera, tiene otro frente abierto. A la petición del grupo dirigido por Ana Botín de que devuelva los 12,8 millones de euros que cobró previamente de forma injustificada, como adelantó El Confidencial el pasado 12 de enero, se suma ahora la demanda que el exbanquero ha presentado ante la Junta Ünica de Resolución (JUR) para recuperar el millón de euros que tenía invertido su mujer en acciones de la institución, intervenida el 6 de junio de 2017.

Según han confirmado fuentes financieras, Ron se ha sumado a una de las demandas colectivas que accionistas del Popular han creado para pleitear de forma conjunta contra la JUR, el consejo de administración presidido por Emilio Saracho, contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), contra Pricewaterhouse como auditor, contra el propio Ángel Ron y contra el Santander. Las mismas fuentes señalan que la mujer del que fue primer ejecutivo del banco durante 12 años y medio (2004-2017) se ha adherido a una de estas plataformas para compartir los gastos judiciales, que son muy elevados, al considerar que el procedimiento de resolución fue irregular.

Hasta la fecha, las cuatro asociaciones que se han organizado para pedir compensaciones por la quiebra del Popular son la de la OCU, la de Aemec, la del abogado Felipe Izquierdo y la de Félix Revuelta, el dueño de Naturhouse, que culpó a Ron de ser uno de los máximos responsables por el fatal destino del banco. "Le venía grande", llegó a decir en varias entrevistas.

La esposa de Ángel Ron no aceptó la oferta para canjear las acciones y obligaciones subordinadas del Popular por un bono de fidelización

Esto demuestra que la esposa de Ángel Ron, que es abogada y tiene un despacho, no aceptó la oferta que realizó el Banco Santander para canjear las acciones y obligaciones subordinadas del Popular por un bono de fidelización, con vencimiento a siete años. Una propuesta que iba dirigida esencialmente a clientes minoristas que acudieron a la ampliación de capital realizada en junio de 2016 y que mantuvieron sus títulos hasta el último día previo a la intervención. Ocho de cada 10 inversores —92.000 sobre un total de 115.000 afectados— aceptaron el canje.

La familia de Ángel Ron estaba muy invertida en el Popular. Las mismas fuentes señalan que primos y sobrinos del expresidente tenían parte de sus ahorros depositados en acciones de la institución financiera, la mayoría de los cuales fue a la ampliación de capital realizada en 2012 por 2.500 millones y a la llevada a cabo un año antes de la quiebra por la misma cantidad. La gran diferencia es que con la primera, colocada a 0,41 euros por título, la mayoría llegó a tener fuertes plusvalías, ya que la cotización subió hasta los cinco euros a mediados de 2014. Pero con la segunda, cuyo precio fue de 1,25 euros, las pérdidas fueron totales, puesto que el banco fue intervenido y reducido su valor a cero cuando cotizaban a 0,32.

Ron también ha decidido dar batalla hasta el final al Santander, por los 12,8 millones de euros que el banco le ha exigido que devuelva por haber cobrado unos bonus injustificados, y a Allianz, por el embargo de tres millones que de forma preventiva ordenó el juez por los gastos por las posibles responsabilidades en la última ampliación de capital. Fuentes financieras indican que lo que más le duele es, pese a ser una cantidad menor, la actitud de la aseguradora alemana, con cuyos gestores a nivel europeo tuvo una relación muy estrecha. La compañía alemana fue uno de los accionistas históricos del Popular, pero ahora reclama 320 millones de euros a través de su fondo de inversión Pimco.

Su nuevo proyecto

Mientras tanto, el exbanquero ha creado una sociedad, denominada Berenguela Estudios Asesoramiento e Inversiones, cuyo objeto social es la prestación de servicios de asesoramiento en materias legales, financieras y económicas de cualquier índole a empresas, empresarios y particulares. "Dentro de tales servicios, se podrán incluir, a título de ejemplo, la realización y estudio de proyectos de viabilidad", indica la empresa domiciliada en un piso de la calle Alcalá 121 de Madrid y que tiene un capital social de 3.012 euros.

A través de esta compañía, Ron quiere rehacer su vida profesional mientras aguarda la instrucción del caso, que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha calificado como compleja, por lo que ha pedido alargar la instrucción hasta el 3 de abril de 2019. En un auto reciente, el titular del juzgado central número 4 aclara que "son miles los perjudicados" y se han personado, en representación de muchos de ellos, hasta 58 procuradores, así como 27 querellados. Para llevar a cabo la instrucción, prosigue Andreu, será preciso llevar a cabo "pericias contables de gran envergadura, dada la entidad del banco cuyas cuentas requieren examen", para lo cual habrá que analizar y estudiar "una muy abundante documentación", motivos todos ellos suficientes para declarar la causa compleja.

Mientras tanto, el exbanquero ha creado una sociedad cuyo objeto social es la prestación de servicios de asesoramiento en materias legales, financieras y económicas

A comienzos del pasado octubre, el juez Andreu admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros. El magistrado acordó entonces la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.

Este febrero, Andreu reactivaba la investigación y solicitaba información relacionada con la gestión de la entidad, adquirida por el Santander al precio simbólico de un euro. A comienzos de marzo, la Audiencia Nacional paralizó la tramitación de los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la resolución del banco, hasta que los tribunales europeos se pronuncien al respecto.