Moción de censura en Sacyr: Moreno impugna el límite a las compras en derivados

Nuevo frente en la guerra por el control de Sacyr. Beta Asociados, empresa a través de la cual José Moreno Carretero controla el 12,56% de la constructora, ha presentado una demanda de impugnación contra la modificación del reglamento del consejo, aprobada el pasado 26 de abril, que obliga a todos los miembros del máximo órgano de administración a solicitar a la compañía permiso antes de adquirir títulos por estructuras de derivados.

En concreto, esta modificación, según explican desde Sacyr, sólo es requerida cuando algún consejero adquiere títulos vía estructuras que conllevan ceder el derecho de uso y que, por tanto, pueden incidir en la cotización del valor. Máxima que niegan desde Beta Capital, firma desde la que aseguran que el cambio del reglamento alcanza a todas las compras de títulos por cómo está redactado éste.

La nueva redacción del artículo 33, relativo a evitar situaciones de conflicto de interés, se incluye "realizar cualquier tipo de operaciones cuyo objeto directo o subyacente sean acciones o cualesquiera otros valores emitidos por la Sociedad, que, por sus características, puedan perjudicar al interés social o, en particular, afectar negativamente al valor de sus acciones o valores o a la regularidad de su cotización".

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El esquema de una estructura de derivados es el que siguió Moreno Carretero para controlar el 16,17% de los derechos de voto de la constructora, capital que construyó a travé de derivados con la entidad Citi, y que replicó hace pocos días Demetrio Carceller para adquirir otro 5,5% que ha elevado hasta el 22% su peso en la constructora

En el mismo comunicado en el que Beta Asociados ha anunciado la presentación de la demanda de impugnación, también ha señalado que la próxima semana acudirá a la Junta General de Accionistas de Sacyr con un porcentaje ligeramente inferior, con el 12,56% del capital.

Moreno Carretero justifica su decisión de acudir a los tribunales en que esta modificación "pretende que los consejeros no puedan comprar o vender libremente acciones de Sacyr si no obtienen previamente de la sociedad una 'autorización previa y discrecional'. Sin embargo, esta restricción a la libre operación de sus acciones por los administradores, afecta a la transparencia y buen gobierno de la compañía y es contradictoria con el régimen de libre negociación y notificación a posteriori previsto en el Reglamento EU 596/2014 y en la Ley del Mercado de Valores".

Además, el empresario advierte de que "la nueva autorización previa no está sujeta a plazos máximos de respuesta, por lo que se puede prolongar indefinidamente en grave perjuicio del consejero", al tiempo que "impide, de facto, que los consejeros de Sacyr puedan operar sobre sus acciones".