El impuesto de las hipotecas costará 640 M al año a la banca si el Supremo se reafirma

Siguen los cálculos sobre el potencial daño que el impuesto a las hipotecas hará a la banca, con todo el sector en vilo hasta el próximo 5 de noviembre, cuando el Tribunal Supremo emitirá su decisión definitiva. Si se reafirma en el cambio de sujeto pasivo y el responsable de pagar el tributo pasa a ser el banco, y no el cliente, los costes anuales serán de 640 millones de euros, según los cálculos de la agencia de 'rating' Moody's.

La calificadora crediticia norteamericana explica que esta factura tendría un impacto "limitado" en la rentabilidad de la banca española, ante la multitud de opciones que tienen las entidades para trasladar el efecto al cliente. No obstante, otros expertos e incluso algunos ejecutivos alertan de que el alto grado de competencia actual en el mercado hipotecario haría que los bancos tengan difícil cargar el coste al prestatario. En cualquier caso, el escenario más probable para Moody's, así como para toda la banca, es que el Supremo se reafirme en su sorpresiva sentencia del pasado 18 de octubre y sea el banco el nuevo sujeto pasivo del impuesto autonómico de transmisiones patrimoniales (ITP) y actos jurídicos documentados (AJD), pero que no haya ningún tipo de retroactividad.

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Ó. Giménez

Pese a ser el escenario base, Moody's también calcula el coste potencial de establecer cuatro años de retroactividad y que los bancos paguen de alguna manera los impuestos de las hipotecas constituidas desde 2014. El dinero que abonaron los clientes fue a parar a las haciendas autonómicas, y algunos expertos creen que si hay reclamaciones, estas solicitarán el dinero a las entidades financieras, que ya han declarado directa o indirectamente que no están dispuestas a pagar por un dinero que no tienen después de cumplir la ley. En cualquier caso, si finalmente soportaran la factura, ascendería a 2.300 millones, dice Moody's.

Esta estimación está en medio de la horquilla que han barajado los analistas, que viene siendo entre 1.500 millones y 3.500 millones. El peor escenario posible es que haya retroactividad ilimitada, a lo que se abrió una puerta al declarar nulo parte del reglamento del impuesto, que va desde el 0,5% en regiones como Madrid hasta el 1,5% en otras como Andalucía.

"No se puede penalizar a quien ha cumplido la ley", aseguró este martes Carlos Torres, consejero delegado y futuro presidente de BBVA, en la conferencia de resultados trimestrales. En la misma línea se han pronunciado públicamente los primeros espada de la banca durante los últimos días, tanto en las presentaciones con la prensa como ante los analistas, al tiempo que aseguran que no han llevado a cabo ningún tipo de provisionamiento porque esperan a la decisión del 5 de noviembre y que esta no será retroactiva. Asimismo, todos han coincidido en criticar la "inseguridad jurídica" que ha provocado el Supremo, mientras que reconocen en privado el "caos" que ha desatado en el mercado hipotecario.