El BCE y la JUR puntúan a la baja a Cajamar y Liberbank en sus exámenes internos

MREL y SREP son dos palabras que no dicen nada entre el común de los mortales, pero que hacen temblar a los banqueros. La Junta Única de Resolución (JUR), el FROB europeo, ha concluido esta semana la evaluación de la banca española, con la asignación del colchón anticrisis (MREL) de Cajamar. De esta forma, las 12 entidades españolas supervisadas por Europa han publicado en los últimos meses tanto esta tasa como la exigencia de capital del BCE (SREP), con Cajamar y Liberbank como peor puntuados entre los bancos domésticos.

Estas dos entidades fueron las que mayor exigencia de Pilar 2 (P2R) recibieron dentro del examen del BCE, un 2,5% ambas. Esta tasa es la que el regulador se reserva "dependiendo de su perfil de riesgo [de la entidad], su gestión de los riesgos y su planificación de capital", según el BCE.

Resultados

En el caso del colchón anticrisis, Cajamar y Liberbank no son las peor valoradas en el cómputo global —lo es BBVA—, pero sí salen en la parte más baja del listado, excluyendo las entidades con negocio internacional, que penaliza en este ejercicio.

Así, en MREL sobre pasivos y fondos propios, Cajamar sería la segunda peor situada (12,89%), por detrás de BBVA (15,08%); y Liberbank la cuarta (10,56%), con CaixaBank entre medias. En colchón sobre activos ponderados por riesgos (APR) —excluyendo las internacionales—, Bankia sería la que tiene que hacer frente a un mayor MREL (23,66%), seguida de Liberbank (21,82%) y Cajamar (21,68%). Entre el resto, BBVA encabeza las exigencias con un 28,04%, por encima de Santander (24,35%), Sabadell (22,7%) o CaixaBank (22,5%). A la cola están Bankinter (18,85%), Kutxabank (19,54%), Abanca (20,06%), Ibercaja (20,55%) y Unicaja (20,59%).

Estos 'rankings' no tienen ningún tipo de implicación negativa, más allá de que los supervisores tienen la atención puesta sobre estos grupos y pueden hacer en algún momento algún tipo de exigencia de capital adicional. En el caso de Cajamar, penaliza la elevada exposición a activos problemáticos, y en el de Liberbank, el modelo hipotecario, según fuentes próximas a ambas entidades. Coincide que son dos de los grupos supervisados por el BCE de menor tamaño. El regulador sigue presionando para que entidades de este tipo se fusionen, como ha negociado el consejero delegado de la asturiana, Manuel Menéndez, sin éxito, con Unicaja.

Liberbank está en mejor posición que Cajamar, ya que tiene más colchón para cubrir el SREP del BCE, y porque al cotizar en bolsa tiene mayor acceso a los mercados para emitir deuda con que cubrir el MREL de la JUR. De hecho, Cajamar tiene emisiones de deuda subordinada cotizando con una rentabilidad del 10% (aunque el cupón sobre la emisión es menor), y trabajó con Goldman Sachs y UBS para realizar una emisión tras el verano que finalmente canceló.

La caja rural, con 1,3 millones de socios (accionistas) tiene en contra respecto al resto su volumen de adjudicados (3.262 millones al cierre del primer trimestre) y una tasa de morosidad superior al resto, en el 7,3%, con coberturas más bajas que los comparables. Aunque las variables de morosidad y adjudicados han mejorado sustancialmente gracias a la recuperación del sector inmobiliario en áreas donde está presente, como Almería, Comunidad Valenciana o Baleares, explican fuentes del mercado.

Calendario

La Junta Única de Resolución ha dado hasta 2023 para llegar hasta el nivel fijado de colchón anticrisis a estas dos entidades y a Ibercaja, la otra entidad mediana que no cotiza junto a Cajamar y Abanca. Unicaja y Abanca tendrán hasta 2022, mientras que 2021 es el tope para Kutxabank, CaixaBank y Bankia. Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter tienen hasta el año que viene.

Hay que tener en cuenta que los requerimientos de MREL dependen de muchos parámetros y están hechos en gran parte a medida. Es decir, es una decisión discrecional del supervisor que tiene en cuenta el perfil de riesgo del balance de cada entidad, tanto por sus APR como por su tamaño. Por ello, a Banco Santander y a BBVA se les exige más que al resto.

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Aun así, entre los dos bancos hay una diferencia significativa de cuatro puntos porcentuales en contra de la entidad que preside Carlos Torres. De hecho, es el banco más exigido, con un 28% sobre los APR del perímetro europeo —y no sobre el perímetro a escala global—, lo que equivale a unos 58.000 millones. La entidad estima que ya cumple con el requisito, y fuentes del grupo apuntan a que "los requerimientos entre entidades no son comparables porque el tratamiento que se hace de las filiales es diferente".

Entre la discrecionalidad del supervisor también están tanto las fechas para cumplir como las usadas para comunicar el requisito, que ha llegado mediante un goteo que ha finalizado esta semana con Cajamar. Los primeros en conocerlo, en 2019, fueron los más internacionalizados: Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell.

La entidad catalana es la tercera a la que se ha exigido más capital mediante los requerimientos SREP —solo menos que a Liberbank y Cajamar—, pero en MREL tiene una necesidad inferior a Bankia. El banco presidido por Josep Oliu ha puesto el foco en 2019 en generar capital tras ser la única entidad significativa el año pasado que aumentó el riesgo (la suma de APR) y destruyó capital (CET1 ‘fully loaded’, la ratio de más calidad).

Evitar dinero público

MREL tiene dos componentes básicos o pilares, que son la absorción de pérdidas y la recapitalización interna tras dicha absorción. El objetivo es que haya un colchón que evite o disminuya el riesgo de tener que usar dinero público para recapitalizar un banco.

Los bancos tienen que emitir deuda anticrisis (CoCos o AT1, deuda subordinada o Tier 2 y deuda sénior no preferente), que puede ser perpetua aunque con ventanas para la amortización, y que paga intereses mayores que los bonos tradicionales porque dejan de abonar cupones si la solvencia se deteriora más allá de un nivel prefijado o incluso se convierten en acciones. Además, en el orden de prelación en caso de resolución, están por detrás de depositantes y tenedores de bonos sénior, como comprobaron dolorosamente los inversores de CoCos y deuda subordinada que emitió Banco Popular.

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Pese al diseño a medida de los requisitos de emisión para cada banco, hay ciertas pautas generales con las que entidades e inversores han podido prever la exigencia, y que se basa en los requerimientos de SREP. La parte discrecional depende “de la solvencia, la capacidad de la generación orgánica de capital (a través de beneficios), que depende del modelo de negocio”, arguye Fernando Rojas, analista de AFI.

El supervisor difiere de una entidad con un perfil de riesgo basado en hipotecas a otra que tenga mayor exposición a pymes, además de “la calidad de activos en la actualidad con variables como la morosidad o el coste del riesgo asumido”, agrega. También hay factores que pueden influir, como la eficiencia (costes sobre ingresos), debido a que “da muestras de la estructura de costes y los márgenes recurrentes que obtiene la entidad”, explica el experto.