Indra indemniza con 30 millones a los directivos imputados por la Púnica

Indra se enfrenta a un grave problema reputacional por su implicación en el caso Púnica, por el que la Audiencia Nacional investiga la financiación irregular del Partido Popular. La compañía, cuya nueva dirección asegura colaborar con la Justicia para esclarecer los hechos, teme que su imputación por el juez Manuel García-Castellón la perjudique a la hora de conseguir contratos con administraciones públicas de otros países, que suelen exigir un currículo sin manchas.

Indra culpa de todo ello a los anteriores gestores, quienes han recibido hasta 30 millones de euros en indemnizaciones en los últimos cuatros años, y se remite a sus informes de gobierno corporativo, en los que la compañía se reserva el derecho de reclamar toda retribución variable indebidamente abonada en el caso de que se demuestre una acción irregular por parte de estos directivos.

Según datos oficiales, Indra abonó 14,33 millones de euros a Javier Monzón, presidente hasta enero de 2015, en concepto de compensación por su plan de pensiones, sus bonus y su pacto de no competencia. El actual presidente no ejecutivo de Prisa recibió incluso un millón de euros porque su destitución fue sin el preaviso legal de 15 días. Monzón estuvo percibiendo emolumentos de Indra hasta 2017, cuando cobró 250.000 euros por la liquidación de su contrato.

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Más recientes son los pagos a Javier de Andrés, consejero delegado hasta diciembre de 2017 y señalado por el magistrado García-Castellón como una de las personas clave en los pagos ilícitos al Partido Popular de la Comunidad de Madrid. De Andrés percibió el pasado año 1,65 millones de euros de Indra por la cláusula de no concurrencia por la que la compañía le compensa con un salario para que no trabaje en otra compañía competidora del mismo sector.

De Andrés fue la mano derecha de Javier Monzón y también la de Fernando Abril-Martorell, que lo mantuvo en el cargo durante casi tres años desde que el financiero relevó a Monzón en la presidencia en enero de 2015. En total, el consejero delegado ha sido beneficiario de una compensación total de 8,7 millones de euros, incluidos 550.000 euros por despido inmediato sin respetar las dos semanas legales del plazo de aviso. Como plan de pensiones, tenía acumulados 5,01 millones.

Los otros dos exdirectivos de Indra imputados por la Púnica son Santiago Roura y Jesús Gil Ortega. El primero fue despedido por Abril-Martorell en otoño de 2015 con motivo de una reestructuración directiva que afectó también a varios miembros del comité de dirección. Roura, que era director de Estrategia e Innovación, fue agraciado con una indemnización que se cifra entre 4 y 4,5 millones de euros, pese a que en el momento de la cancelación de su contrato ya había sido imputado por este caso de corrupción en 2014.

El segundo, Jesús Gil, responsable del negocio de procesos electorales, uno de los más rentables el grupo, salió de Indra a finales de 2017 y también percibió una compensación millonaria que la compañía no hizo pública y que distintas fuentes estiman cerca de los dos millones. Gil se incorporó posteriormente a Scytl, la competencia de Indra, ya que a diferencia de los directivos que a su vez eran consejeros, no tenía pacto de concurrencia.

Los cuatro imputados cobraron en total casi 30 millones de euros. Según el juez, Monzón, De Andrés y Gil intervinieron "en la decisión de la realización de entregas de dinero en efectivo a quien se les indicaba desde los altos puestos del Partido Popular de Madrid, en la adjudicación de contratos de cobertura, o en el pago de facturas a las empresas del entramado de confianza del PP, que recogían trabajos que nunca se realizaron".

Devolución de los bonus

Indra, que insiste que su imputación "no implica en esta fase del procedimiento la acusación por ningún delito, ni tiene efecto sobre la capacidad jurídica para contratar", asegura que estas presuntas conductas se produjeron en el periodo previo al nombramiento de Abril-Martorell en enero de 2015. Un ejercicio en el que Indra incluyó en el contrato de sus directivos la cláusula conocida como 'clawback'. Una norma por la que la compañía puede exigir la devolución de parte de las retribuciones de los ejecutivos si se demuestra que tuvieron un comportamiento irregular o perjudicial para la sociedad, según los estatutos públicos.

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El grupo, cuyo mayor accionista es el Estado español, con el 18,7% del capital, ha declinado hacer ningún comentario sobre esta información. Se remite a los informes de gobierno corporativo depositados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde se especifica que los directivos deberán devolver la retribución variable indebidamente satisfecha si se demuestra comportamiento irregular.

Es lo que hizo Banco Santander con la cúpula directiva de Banco Popular, a la que solicitó la devolución de hasta 25 millones de euros en pensiones y bonus tras la quiebra de la segunda entidad financiera, comprada por la primera por un euro. Un caso que ahora se dirime en los tribunales y cuya sentencia sentaría jurisprudencia.