Asenjo rechaza los 1,6M que le ofrece Galán para sellar la paz antes de declarar y pide más

Iberdrola ha ofrecido a Antonio Asenjo, su responsable de Seguridad implicado en el caso Villarejo que involucra a la eléctrica, cerca de 1,6 millones de euros para que firme la carta de despido que le presentó el pasado 9 de octubre. Según han confirmado fuentes de la eléctrica, esta es la compensación que, tras 18 años en el grupo, le corresponde al directivo, que sigue en nómina de la compañía, ya que declinó rubricar el finiquito e inmediatamente se cogió una baja médica por enfermedad.

Según otras fuentes, Asenjo reclama una cantidad muy superior, motivo por el que ha rechazado la compensación planteada por la eléctrica. En concreto, dichas fuentes indican que el aún jefe de Seguridad de Iberdrola, pese a su destitución por “pérdida de confianza” hace más de un mes, ha reclamado verbalmente cerca de tres millones de euros para aceptar su despido. Una cantidad que la eléctrica se niega a desembolsar, por considerar que debe de cumplir estrictamente con la legalidad y que no puede pagarle más de lo que dice su contrato.

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Este fue uno de los temas que el exvigilante de seguridad de Prosegur planteó a Ignacio Sánchez Galán en la reunión que ambos mantuvieron en el domicilio particular del presidente de Iberdrola el pasado 13 de octubre, apenas cuatro días después de que José Ángel Marra, responsable de Recursos Humanos, le entregase a Asenjo la carta de su despido con la correspondiente compensación económica. Un encuentro que, según fuentes próximas a Iberdrola, pone de manifiesto el grado de familiaridad entre ambos.

El jefe de Seguridad le planteó que, después de más de dos décadas a su servicio —ya había trabajado con él en Airtel—, se merecía un trato diferente y que estaba muy disgustado con las formas en las que había sido destituido tras la publicación por parte de El Confidencial de las primeras conversaciones con el comisario José Manuel Villarejo. Sobre todo, porque al ser despedido con esa rapidez se le responsabilizaba personalmente de cualquier potencial delito en el caso, como así ha sido.

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Según la política retributiva de Iberdrola, algunos ejecutivos tienen cláusulas de blindaje con compensaciones específicas en función de la aportación a la creación de valor y a la antigüedad en el cargo, así como el motivo de su cese. Una indemnización que asciende a cinco anualidades, un límite que se puso a la carrera cuando en 2001, a punto de concretarse la fusión con Endesa, la eléctrica vasca lo aprobó para todos sus directivos clave por el miedo a que la recién privatizada compañía nacional fuese la ganadora en la fusión y prescindiera de los ejecutivos de la compañía del logo verde.

Desde 2011, la eléctrica modificó esa elevada compensación, muy superior a las recomendaciones de gobierno corporativo, al pago de un sueldo máximo de dos años para el caso de extinción de su relación con la sociedad, siempre que la terminación no sea consecuencia de un incumplimiento imputable a estos ni se deba a su exclusiva voluntad. Asenjo lleva en Iberdrola desde 2001, cuando Galán, fichado de Airtel como consejero delegado, pidió expresamente su incorporación como jefe de su seguridad personal.

Pendiente de la Audiencia Nacional

En 2006, una vez que el ingeniero salmantino fue ascendido a presidente en relevo de Íñigo de Oriol, Galán designó a Asenjo máximo responsable de Seguridad del grupo. Por tanto, le corresponderían cinco anualidades por su despido, cantidad que, según fuentes internas de la compañía, se aproxima a los 1,6 millones de euros. Iberdrola ha declinado hacer ningún comentario sobre el importe de la compensación, al indicar que se trata de un asunto personal y confidencial.

Pero la cuestión que ha recorrido el departamento jurídico de Iberdrola es si Asenjo tiene incluso derecho a recibir indemnización si se certifica que ha cometido algún hecho irregular una vez que la Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada por las vinculaciones de la compañía con Villarejo. El jefe de Seguridad de la multinacional con sede en Bilbao tiene que ir pronto, una vez se recupere de sus dolencias, a declarar ante el juez García-Castellón, momento clave por el temor a que pueda identificar la cadena de mando de las relaciones con el comisario. Fuentes jurídicas dan por hecho que, como ha ocurrido con los directivos de BBVA, lo hará en calidad de investigado o imputado, lo que incrementará la gravedad de su comparecencia.