El 'banco malo' frena la elección de su nuevo CEO por la presión populista de Podemos

Unidas Podemos está influyendo en decisiones económicas del Gobierno de España antes de pisar oficialmente la moqueta de Moncloa. Si en el último consejo de ministros de 2019 consiguió que el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez prorrogase un año más una cláusula que protege las prejubilaciones de hasta 26.000 trabajadores víctimas de despidos, la formación morada ha influido también en la decisión de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) de paralizar la elección del nuevo consejero delegado hasta que el nuevo Gobierno tome forma.

Según han indicado fuentes próximas a la Sareb, el consejo de administración del conocido como 'banco malo' optó en su reunión del pasado 18 de diciembre por poner en 'stand by' la elección de un nuevo CEO, como se conoce este cargo en el argot financiero. La decisión obedeció al acuerdo general de que, ante la más que posible investidura de Pedro Sánchez, prevista inicialmente para los últimos días de 2019, no parecía lo más adecuado nombrar al primer ejecutivo de esta entidad, que gestiona los activos heredados de los bancos y cajas que fueron rescatados contra las cuentas del Estado.

Aunque la Sareb ya tenía a tres candidatos encima de la mesa para elegir a uno, con el cual iniciarían las conversaciones exclusivas sobre las condiciones de su contrato, el consejo se decantó por paralizar cualquier nombramiento hasta conocer la composición del nuevo Gobierno, especialmente porque el Ministerio de Economía, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es el mayor accionista de este ente público.

Con esta medida, el FROB ha hecho valer su posición de fuerza ante Jaime Echegoyen, el actual presidente y consejero delegado, que, al contrario de lo acordado, quería acelerar la elección de un primer ejecutivo con plenas funciones para iniciar cuanto antes su nueva estrategia, más enfocado en una inmobiliaria que en un banco. De hecho, el nuevo plan de negocio de la compañía va ya en esa dirección, como demostró el pasado verano con el lanzamiento de Árqura Homes, la promotora que Sareb ha lanzado junto al fondo buitre Värde.

Echegoyen, que fue nombrado en 2015 a propuesta del Partido Popular para sustituir a Belén Romana, que posteriormente fichó por Banco Santander, quería tener el 1 de enero un nuevo consejero delegado para evitar injerencias políticas dado el cariz más populista del Ejecutivo en ciernes. Pero el consejo consideró más prudente paralizar cualquier nombramiento de este calibre hasta conocer los planes del futuro Gobierno sobre los activos del banco malo.

Echegoyen quería tener el 1 de enero un nuevo consejero delegado para evitar injerencias políticas dado el cariz más populista del Ejecutivo en ciernes

La decisión se produce en medio de las negociaciones entre el PSOE, Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para apoyar la candidatura de Pedro Sánchez. El momento es muy relevante, porque el grupo liderado por Pablo Iglesias ha incluido en su programa electoral la creación de un banco estatal. De hecho, la agrupación morada ya ha transmitido al PSOE su pretensión de crear una entidad pública a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que compita cara a cara con los bancos privados, como Santander, CaixaBank, BBVA, Bankia y Sabadell, entre otros, a la hora de conceder préstamos a empresas y particulares.

Pero, además, Podemos podría querer utilizar los activos de la Sareb —viviendas y terrenos— para cumplir con el compromiso con su electorado en relación con el derecho constitucional a tener una vivienda digna, ya sea mediante la venta a precios accesibles o alquiler con precios controlados.

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R. Ugalde J. Zuloaga

Ya en octubre de 2017, en la comisión de Fomento del Senado, el Grupo de Unidos Podemos —En Comú Podem— En Marea presentó una moción para convertir el Fondo Social de Viviendas en "un instrumento capaz de garantizar el derecho a la vivienda de los grupos sociales más vulnerables”, en palabras de la formación. Para ello, proponía obligar a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a ceder su parque inmobiliario al Fondo Social de Viviendas.

Por otro lado, propuso la creación de un "registro de viviendas vacías y desocupadas" que actualmente son propiedad de los bancos, como paso previo a obligarlos también a colaborar con el mismo fondo "mediante la puesta a su disposición de sus viviendas desocupadas". Por último, la iniciativa de Unidas-Podemos pedía que "el Fondo Social de Vivienda se coordine y colabore con las administraciones públicas competentes en materia de vivienda", algo que en la actualidad no sucede y que, según el grupo, es “de sentido común”. Curiosamente, aquella moción fue bloqueada por el Partido Popular y por el propio PSOE.