El sector de las renovables podría crear más empleo con una regulación estatal estable

La penetración de las energías renovables aumentará de manera considerable en los próximos años gracias al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que previsiblemente retomará el Gobierno y que prevé alcanzar en 2030 una potencia instalada de 157.000 MW. Actualmente, España cuenta con 31.200 MW operativos y hay proyectos en lista de espera por encima de los 200.000 MW. Las administraciones, tanto nacionales como autonómicas, tendrán un papel esencial para conseguir estos objetivos, que vendrán aparejados a la creación de empleos de calidad, según los expertos.

Para abordar estas cuestiones, El Confidencial organizó la semana pasada un encuentro en el que participaron Pablo Alcaraz Marta, 'senior manager' del departamento de Regulación de Acciona; Ferran Rosa Gaspar, director gerente del Instituto Balear de la Energía; Rafael Ayuste Cupido, jefe del departamento de Energías Renovables del Ente Regional de la Energía de la Junta de Castilla y León; José Manuel Torres Ramos, director técnico y de Planificación Energética de la Agencia Andaluza de Energía, y Luis García Benedicto, jefe del departamento de Gestión de la Demanda e Integración de Renovables en Red del IDAE.

La transposición del Acuerdo de París y las políticas europeas establecen que hay que descarbonizar la economía en 2050. Pero antes, en 2030, España pretende reducir en un tercio su emisión de gases de efecto invernadero con respecto a 1990. Para ello, desde Acciona apuestan por el desarrollo de medidas de eficiencia energética y por la electrificación renovable, y creen que no será posible alcanzarlo sin “una modificación sustancial del comportamiento de los agentes”. Es decir, consideran necesario que las inversiones de las empresas y los patrones de consumo de los clientes vayan en sintonía. “Todos vamos a tener que hacer mucho y el papel de las administraciones públicas debe ser el de ayudar a realizar esa transición, esas modificaciones de consumo y de inversión por parte de los agentes”, expuso Alcaraz.

Desde el IDAE, coinciden en que es necesario “un cambio en la mentalidad a nivel global”, que incluya desde el Gobierno central al ciudadano, que pasa de ser “un mero perceptor de ayudas a formar parte del sistema energético”. “La dirección que nos indica la Unión Europea es empoderar al ciudadano. Es decir, que se pueda dar cuenta de la importancia que tiene en el tema energético. Para ello, la gestión de la demanda será un vehículo importante a la hora de conseguir una mayor integración de renovables en España”, explicó García Benedicto.

Una inversión que genera empleo

Los expertos coincidieron en que el reto de la descarbonización de la economía será una oportunidad porque, según el PNIEC, se va a movilizar una inversión de unos 240.000 millones de euros, y esto va a generar riqueza y una importante cantidad de empleos. La Organización Internacional del Trabajo indica que, en esta transición, por cada empleo que se pierda se van a generar cuatro nuevos.

A juicio del 'senior manager' del departamento de Regulación de Acciona, también es una oportunidad para acabar con el "lastre" que supone para la balanza comercial española la importación de combustibles fósiles, ya que el año pasado el saldo neto alcanzó los 25.000 millones de euros. Pero en un contexto de bajada del precio del barril de petróleo Brent —el de referencia en Europa—, la labor de concienciación se torna más complicada, ya que al consumidor “se le convence por el bolsillo”, según Torres.

Ayuste señaló que la apuesta del Ente Regional de Energía de la Junta de Castilla y León por las renovables a lo largo de los años se debe a la “importante parte de desarrollo rural” que lleva aparejada su implantación, la consiguiente generación de empleo y al hecho de que piensan que “para muchas personas es más barato poder acceder a la energía”.

El papel de las administraciones

El jefe del departamento de Gestión de la Demanda e Integración de Renovables en la Red del IDAE resaltó que la Administración central tiene un papel que va "desde la regulación de la normativa o las ayudas a ciertas tecnologías que son incipientes, como la eólica marina, hasta la digitalización del sector". Sin embargo, considera que también hace falta que las organizaciones autonómicas y locales actúen, porque son las que conocen la realidad concreta de cada territorio. “La Administración local y regional es muy importante para transmitir a la central las necesidades concretas de cada zona”, insistió García Benedicto.

En este sentido, desde el IDAE lanzan programas en colaboración con las comunidades autónomas. Un ejemplo es el que lanzaron hace unos meses para el impulso de la fotovoltaica en las Islas Baleares, dotado con 40 millones de euros. Las islas tienen unas particularidades especiales —limitaciones de espacio, un territorio altamente protegido y un suelo caro—, lo que ha hecho complicado el desarrollo de las renovables. “En la Península, puede ser fácil instalar un parque de 50 MW, pero en Baleares, uno de 4 MW levanta mucha controversia social”, reconoció el director gerente del Instituto Balear de la Energía.

La Administración local y regional es muy importante para transmitir a la central las necesidades concretas de cada zona

Ante la falta de un marco regulatorio “claro” y “entendible por todos los agentes”, el Govern balear tramitó una ley de cambio climático a nivel autonómico cuando no había ninguna estatal. “En ella, hacemos mucho énfasis en la tramitación de parques fotovoltaicos sabiendo que tiende a ser muy lenta, muy complicada y que somos la comunidad autónoma con menor índice de penetración de renovables después de la Comunidad de Madrid, y por tanto queríamos avanzar. No puede ser que se alargue mucho en el tiempo la tramitación de parques”, relató Rosa. La Administración autonómica reconoce que “había saturación de proyectos”, sobre todo en el trámite medioambiental, que podía demorarse un año y medio en lugar de los cuatro meses estipulados.

La presión a las grandes plantas también se da en Andalucía. Desde la Agencia Andaluza de la Energía, consideran que deben “facilitar al máximo las tramitaciones administrativas”, ya que se dan importantes retrasos en la puesta en marcha de proyectos.

La Administración andaluza —que prevé llegar a los 25.000 MW de plantas fotovoltaicas en 2030— está haciendo un esfuerzo de simplificación administrativa porque el tiempo medio de tramitación desde que se inicia la tramitación de un parque eólico hasta que se pone en marcha estaba en 10 años. “Los solares han tenido menos traba, pero algunos eólicos han tenido hasta tres años de estudio de fauna y esto supone una traba importante”, sostuvo Torres.

La energía eólica, en cambio, ha tenido mejor acogida en territorios como Castilla y León. Allí, la Administración autonómica ha facilitado a los promotores el desarrollo de sus proyectos. A veces, organizándolos entre ellos para que les resultara más fácil hacerlo; otras, participando en ellos, tal y como comentó Rafael Ayuste.

Demanda de una subasta renovable eficiente

Desde las empresas del sector, reclaman coordinación entre las administraciones, “para que no se den señales equivocas”, y una estabilidad regulatoria “para desarrollar todas las inversiones necesarias”, por lo que consideran “imperante” la aprobación del PNIEC. Asimismo, advierten de que es necesario “el diseño eficiente” de una nueva subasta renovable que garantice la consecución de los proyectos.

“El éxito de la subasta no es conseguir un precio bajo, sino que realmente se pongan en servicio todos los MW que se dice que se pueden poner. En la subasta de 2016/2017, vemos que en eólica se ha puesto casi la mitad de lo que se ha asignado y nos hemos encontrado con mucha especulación”, explicó Alcaraz.

Pablo Alcaraz considera que, si existiesen requisitos fuertes para entrar en la subasta y penalizaciones importantes por incumplimiento si no se desarrollan los proyectos comprometidos, se conseguiría un alto grado de desarrollo. En concreto, propone que alguien que va a subasta no pueda transmitir los derechos conseguidos al menos hasta que no se ponga el parque en operación.