Roures pide 125 millones al ICO para cubrir el agujero del fútbol en Mediapro

Mediapro, el 'holding' audiovisual presidido por Jaume Roures, ha iniciado negociaciones con sus acreedores para aligerar el pago de su deuda debido al impacto del covid-19 en sus cuentas. La compañía encargada de las retransmisiones de buena parte de los eventos deportivos en España, como la Liga de Futbol, ha pedido a Deutsche Bank, Goldman Sachs y varios bancos españoles unos 125 millones de euros con garantía del Instituto de Crédito Oficial (ICO), además de que la exoneren de cumplir determinadas obligaciones por la caída de los ingresos y del beneficio operativo.

Según aseguran varias fuentes, Mediapro, controlada desde 2018 por el 'holding' chino Orient Hontai (54,5%) y que tiene como cabezas visibles a Roures (12,5%) y Tatxo Benet (otro 12,5%), evitó en una primera fase recurrir a los préstamos del ICO para hacer frente al terremoto de la pandemia. De hecho, la compañía no pidió dinero en la primera barra de liquidez de 100.000 millones, que anunció el Gobierno de España a los pocos días de decretar el estado de alarma.

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Agencias

Pero, ante la profundidad de la crisis, Roures y Benet, vinculados con la independencia de Cataluña, se han replanteado la situación debido a la pérdida de ingresos derivada de la suspensión de numerosas competiciones deportivas que operaban y la paralización de otras tantas producciones audiovisuales que tenían en cartera. Por ello, se han reunido con los bancos para solicitarles 125 millones adicionales, renegociar el calendario de vencimientos y, sobre todo, el cumplimiento de determinadas ratios —o 'covenants'— típicas de estos créditos sindicados.

La compañía con sede en Barcelona adeuda 920 millones de euros, de los que 50 los tiene que amortizar este año y otros 50 en 2021. Se trata de una línea de crédito —que sustituyó al préstamo anterior de 200 millones— firmada a mediados de 2018, con vencimiento en 2024 y dividida en tres tramos. El tipo de interés acordado por Mediapro con los bancos oscila entre el 3,75% de una póliza de crédito de 60 millones y el 7,5% de un tramo subordinado de 180 millones. La media es del 4,5% de la parte —300 millones— que tiene que amortizar en 2024 y el ‘bullet’ (un solo pago al final del crédito) de 380 millones en 2025.

Este préstamo sindicado obliga a Mediapro a cumplir determinadas ratios financieras, como la que relaciona la deuda y el beneficio operativo o ebitda. Roures está pidiendo a los bancos que le exoneren de estos 'covenants' porque, evidentemente, la deuda va a ser mayor —125 millones más— y el ebitda menor, por lo que los acreedores podrían exigirle la ejecución de garantías. Deutsche Bank, Goldman, CaixaBank y Santander están por la labor de dar estas dispensas al grupo audiovisual, encargado de las retransmisiones del fútbol, pese a que entre las cláusulas se incluía la de no endeudarse por encima de ciertos niveles.

Sin salida a bolsa

A cambio, Orient Hontai se ha comprometido a inyectar dinero en la sociedad si se necesitara una ampliación de capital, así como a suspender el reparto de dividendos si Mediapro no consigue recuperar ese equilibrio entre deuda y beneficio operativo. Hasta la fecha, la operadora de televisión y cine había cumplido con sus obligaciones financieras salvo cuando tuvo que recurrir al concurso de acreedores por su eterna guerra con Prisa, ganada años después en los tribunales por goleada y cuya última sentencia llegó en 2019.

La irrupción del covid-19 también ha frenado en seco la salida a bolsa de Mediapro, que la compañía empezó a preparar el pasado año. De hecho, el grupo contrató a Deutsche Bank, Goldman Sachs y Rothschild para dar el salto al parqué valorada en cerca de 3.000 millones de euros, tal y como adelantó El Confidencial, lo que hubiera generado generosas plusvalías a sus accionistas.

Mediapro facturó 1.817 millones de euros en 2019, un 7,5% menos, ejercicio en el que obtuvo un ebtida de 220, prácticamente el mismo que en 2018. La empresa, que ha contratado al 'exconseller' de Interior de la Generalitat Joaquim Forn, condenado por sedición, para que trabaje en sus salidas provisionales de la cárcel, ha llevado a cabo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para 1.200 personas y ha rebajado el sueldo a su cúpula directiva.