Celsa salva otro 'match ball' con un préstamo sin el permiso de los fondos oportunistas

Los Rubiralta han logrado ganar tiempo en su batalla por mantener la propiedad de Celsa, la primera empresa siderúrgica de España. Según indican fuentes financieras, el grupo catalán ha conseguido que la banca le conceda un crédito de 75 millones de euros, indispensables para sobrevivir, pese a que los fondos acreedores de tamaño mundial de sus 2.200 millones de euros de deuda lo hacían inviable sin concederle previamente el permiso para usar ese dinero para financiar el funcionamiento de la empresa sin destinarlo previamente al repago de los créditos en situación de impago.

El grupo, con 26 centros productivos en 13 provincias españolas, obtuvo este crédito de 75 millones de euros a finales de abril, cuando la pandemia del covid-19 empezó a hacer estragos en sus plantas, tal y como adelantó El Confidencial. Pero su uso estaba condicionado a los 'hedge funds', a los que Celsa tenía que haber pagado un vencimiento de 35 millones de su deuda el pasado 4 de mayo, que tenían la capacidad de bloquearlo si previamente no cobraban ellos el primer impago de su préstamo.

TE PUEDE INTERESAR

Rubiralta demanda a los fondos buitre y gana tiempo para una dispensa a Celsa

Agustín Marco

Celsa denunció la situación en un juzgado acogiéndose a la cláusula de fuerza mayor o 'rebus sic stantibus', un principio del derecho que eximiría a un deudor de hacer frente a sus pasivos en el caso de que se dieran circunstancias extraordinarias no previstas en el contrato de financiación, como puede ser la del coronavirus. Se trata de la primera compañía española que se ha acogido a esta excepción a la norma en medio de la pandemia, lo cual puede ser todo un antecedente para otras empresas que también están en situación extrema por la falta de ingresos.

El juez se puso de parte de la familia Rubiralta, dueña del 100% de Celsa, que en caso de no atender a sus obligaciones sin el permiso del juzgado hubiera tenido que entregar la propiedad de la compañía a fondos de tanto peso y músculo como CVC, Goldman Sachs, HSBC, Citi, Bank of America JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Barclays, Apollo, Deutsche Bank, Sculptor o Cross Ocean. El letrado concedió una medidas cautelares a la empresa para aplazar a mayo de 2021 el pago de los 35 millones y a noviembre del próximo año los 115 millones que debería de haber abonado en apenas dos meses.

Los fondos denunciaron que Celsa ya atravesaba problemas serios de liquidez y solvencia antes del covid, por lo que debía hacer frente a los 35M

Al tiempo, los fondos denunciaron que Celsa, en realidad (acumulaba ya tres refinanciaciones, con quitas incluidas), ya atravesaba problemas serios de liquidez y solvencia antes del covid-19, por lo que incluso sin la aparición del virus no hubiera podido hacer frente a los 35 millones que vencieron el 4 de mayo y, sobre todo, a los 115 millones que debería pagar el próximo 4 de noviembre si el juez no le hubiera concedido las cautelares.

En medio de ese cruce de demandas en los juzgados, Celsa ya no disponía de dinero para acometer sus pagos más inmediatos, por lo que muchas aseguradoras habían condicionado su apoyo mediante avales a obtener en firme el dinero de la banca. Finalmente, y pese a la oposición de los fondos, Santander, CaixaBank, Sabadell y Bankia han liberado los citados 75 millones de euros, que garantizan la operatividad del grupo siderúrgico hasta finales de año.

Los cuatro bancos españoles asumen totalmente el riesgo del crédito, ya que no han obtenido la dispensa de los acreedores principales, los cuales debían haber concedido la dispensa o 'waiver' a Santander, CaixaBank, Sabadell y Bankia para otorgar el préstamo a Celsa. Por tanto, ahora los fondos pueden demandar a las entidades financieras españolas, que han tenido el apoyo del Gobierno a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

TE PUEDE INTERESAR

El juez ataca a CVC, Deutsche, Credit Suisse y fondos buitre por su ofensiva contra Celsa

Agustín Marco

Con esta inyección de liquidez, Celsa consigue seguir con sus fábricas operativas, en las que emplea a 9.800 trabajadores directos, cerca de 4.500 de ellos en España. La compañía depende mucho de la industria del automóvil, que ha empezado a dar señales de recuperación gracias al programa de ayudas del Gobierno a la renovación del parque automovilístico.

Pero el riesgo sigue muy vivo, porque los fondos van a reclamar en los juzgados la propiedad de las acciones, ya que han interpuesto su recurso contra la decisión inicial del juez. Y dado que las negociaciones con la empresa están rotas de momento, reclamarán la propiedad del 100% de la compañía.